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HERNANI 1960-2021
Violencia de motivación política y graves violaciones de derechos humanos
Javier Buces Cabello, 2022

 

1983-2021

 

      1982 finalizó con la formación del primer gobierno socialista presidido por Felipe González.

      En febrero de 1983 se dio a conocer el Plan ZEN (Zona Especial Norte), un documento elaborado por la Dirección de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior español dirigido por José Barrionuevo. Su objetivo era potenciar “la lucha contraterrorista en todos los campos: político, social, legal y policial”, lo que supuso un aumento considerable del presupuesto antiterrorista y del número de agentes, especialmente del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, y la aplicación de medidas excepcionales y coercitivas que afectaban a amplios sectores de la sociedad vasca[153]. Este Plan fue implementado con la Ley antiterrorista aprobada el 26 de diciembre de 1984 (Ley Orgánica 9/1984), en sustitución de la Ley 11/80. Varios de los puntos fueron declarados inconstitucionales en diciembre de 1987 por el Tribunal Constitucional, al considerar que atentaban contra el reconocimiento, la protección y las garantías que en defensa de los derechos humanos establecía la Constitución española[154].

      La puesta en marcha del Plan ZEN coincidió con la conversión de Herrera de la Mancha en la prisión donde aglutinar a los miembros de ETAm y la de Nanclares de Oca para los polimilis. Además, el gobierno socialista presentó en noviembre de 1983 una propuesta de “Ley de Medidas contra la Lucha Armada”, considerada por el propio presidente del Gobierno como “de excepcionalidad”, y acordada con el líder de Alianza Popular (Manuel Fraga). Estas medidas incluían modificaciones en la ley de asociaciones que posibilitaran futuras ilegalizaciones, cambios en la Ley Electoral, en el Código Penal, en la Ley Penitenciaria, o en la propia Ley Antiterrorista vigente en aquel momento[155].

      Con todo, estas medidas coincidieron con las primeras acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuya actividad se desarrolló al menos hasta 1987[156].

 

Imagen del atentado contra Asteasuinzarra
y otros militantes de ETA en Baiona
(Berria).

 

      Los GAL sintetizaron en una sola organización el terrorismo de Estado, lo que fue conocido con el eufemismo de guerra sucia desde que las investigaciones periodísticas descubrieran las implicaciones políticas que subyacían en el funcionamiento de esta organización. Años más tarde, el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, los gobernadores civiles de Bizkaia y Gipuzkoa, y el máximo jefe de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma Vasca, además de varios agentes de ambos cuerpos, fueron juzgados por actividades desarrolladas por los GAL[157].

      Entre los años en que estuvieron activos los GAL, ETA y el resto de organizaciones armadas de carácter subversivo, consideradas por las principales organizaciones internacionales como grupos terroristas, acabaron con la vida de más de 200 personas[158]. El 19 de junio de 1987 ETA colocó un coche-bomba en el aparcamiento del centro comercial de la empresa Hipercor en Barcelona, causando 21 muertos y 45 heridos. En 1988 todas las fuerzas políticas con representación en el parlamento vasco salvo Herri Batasuna, formalizaron su unidad de acción contra ETA y HB a través del conocido como Pacto de Ajuria Enea[159]. Un año más tarde, el 22 de enero de 1989, ETA declaró una tregua, lo que propició el inicio de las negociaciones de Argel. Esta fue la primera de las diferentes treguas, totales o parciales, que ETA anunció hasta la declaración del “cese definitivo de su actividad armada” el 20 de octubre de 2011.

      Con todo, entre 1983 y 1989 ETAm acabó con la vida de dos hernaniarras y el GAL con la de dos militantes de ETAm también hernaniarras. En poco más de un mes Arturo Quintanilla (fallecido el 5 de septiembre de 1983) y Juan José Pulido (8 de octubre) fueron víctimas mortales de atentados con arma de fuego en las calles de Hernani. Ambos fueron acusados por ETAm de narcotraficantes. Con anterioridad, Quintanilla había sido extorsionado económicamente. Un año más tarde (el 3 de mayo de 1984) miembros de los GAL atentaron mortalmente contra Rafael Goikoetxea en Arrosa, mientras que el 25 de septiembre de 1985 los fallecidos a manos del GAL fueron cuatro militantes de ETA en el Hotel Monbar en Baiona, entre ellos Inaxio Astiasuinzarra.

      Ambos atentados cometidos por el GAL contra miembros de ETA fueron condenados en plenos extraordinarios por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Hernani[160]. Sin embargo, tal y como recordaba el grupo socialista con motivo del pleno en relación a la muerte de Goikoetxea, en esa misma legislatura, en alusión a Quintanilla y Pulido, “habían sido brutalmente asesinados dos vecinos de Hernani y no se ha convocado Pleno Municipal para condenarlos”; y añadía, “creemos que todos los ciudadanos deben ser igualmente considerados por el Ayuntamiento”[161].

      Además, en la madrugada del 16 de junio de 1984 dos militantes de ETAm (Agustín Arregi Perurena y Juan Luis Lekuona Elorriaga) fallecieron en una vivienda de Hernani a consecuencia de la actuación del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, una operación policial denunciada por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria al día siguiente de ocurrir los hechos[162]. En ese mismo pleno se volvía a poner de manifiesto la animadversión hacía los cuerpos policiales, especialmente hacía la Guardia Civil, quien además del suceso del 16 de junio había sido protagonista en varias ocasiones en el municipio de altercados y hechos que no eran de su competencia; citándose como ejemplos los ataques un año antes a las placas que recordaban a Sagarna y Ariztimuño[163]. Posteriormente, en 1989, otros dos hernaniarras militantes de ETA fallecieron. Jon Oiarbide en enfrentamiento con la Guardia Civil el 16 de septiembre en Irun, y Francisco Javier Alberdi deportado en Togo desde 1984.

      Asimismo, 128 hernaniarras han denunciado haber padecido torturas durante estos años. En paralelo, los ataques contra bienes materiales de entidades públicas y privadas por parte de ETA y su entorno aumentaron exponencialmente. Las entidades bancarias fueron las más atacadas, pero también fueron objetivo el cuartel de la Guardia Civil, empresas y bienes públicos adscritos a Correos y Renfe, principalmente. En cualquier caso, cabe destacar los primeros ataques documentados en Hernani contra las sedes de PSE-PSOE y HB, en 1983 y 1984 respectivamente.

 

Despliegue policial en Hernani tras las muertes
de Arregi y Lekuona (
Punto y Hora, nº 356)

Rafael Goikoetxea tras ser tiroteado,
e imagen del funeral en Hernani [Archivo familiar).

 

      El atentado contra la sede del PSE-PSOE con artefactos explosivos fue atribuido a CAA. Con posterioridad a este primer ataque y hasta 2008 se han registrado un total de 19, algunos de ellos, como el del 10 de enero de 1997, poniendo en peligro la vida de las personas que se encontraban en su interior. A este respecto, ya en 1984, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Hernani denunciaba “la crispación dirigida contra la Agrupación y sus concejales” por determinadas fuerzas políticas, en referencia a HB y jóvenes simpatizantes de la izquierda abertzale[164].

      Sobre estos ataques, en una entrevista realizada a Francisco Antunez por el diario El Correo en enero de 1997, este afirmaba que a consecuencia de estos sabotajes la Casa del Pueblo se había convertido “en un auténtico búnker”. Asimismo, denunciaba el riesgo que suponía para un militante socialista pasear por ciertas calles del municipio, “porque ya hemos tenido algunas agresiones, tanto verbales como físicas”[165]

      En el caso de HB, su sede fue atacada por un grupo surgido y desaparecido en 1984 en Hernani, el Grupo Liberal Vasco (GLV). Un grupo que, además, extorsionó y atacó con material explosivo bienes particulares de personas próximas a la izquierda abertzale entre octubre y noviembre de aquel año. GLV se definía como un grupo que perseguía la “liberación de Euskadi”, así como el “fin de ETA y HB”. Las pesquisas realizadas por la Guardia Municipal de Hernani lograron identificar a seis jóvenes menores de edad, entre los que se encontraba el hijo de una víctima mortal de ETAm en la localidad. Una vez identificados, se abrieron diligencias previas en el Tribunal Tutelar de Menores, si bien la Guardia Municipal sospechaba que tras estos jóvenes había varias personas adultas responsables de estos actos, y que la cohesión del grupo se mantenía gracias al suministro de drogas a los menores. A partir de la identificación y la apertura de diligencias en el mes de diciembre no se registran más acciones de este grupo[166].

      Los vehículos particulares fueron otro de los bienes materiales que con mas frecuencia padecieron ataques en la década de 1980. En este sentido destacan los vehículos con matrícula francesa, contra los que se atentaba en protesta por la política de extradiciones de ciudadanos vascos exiliados y residentes en Ipar Euskal Herria al Estado español. El año con más atentados de este tipo fue 1986, sin embargo, tal como denunció ese mismo año Gestoras pro Amnistía de Hernani, también fueron atacados vehículos de personas afines a la izquierda abertzale. Con todo, estos ataques llegaron también a los plenos municipales, sin que se adoptaran acuerdos conjuntos y sirviendo de base para mostrar las desavenencias con respecto a la respuesta que la corporación debía dar al aumento de la confrontación en las calles y los casos de daños en bienes materiales en el espacio público hernaniarra, tanto a los causados por grupos afines a la izquierda abertzale como a los destrozos ocasionados por la Guardia Civil en sus intervenciones; o grupos incontrolados o poco conocidos como el efímero GLV, tendentes a atacar bienes de personas cercanas a la izquierda abertzale[167].

      Una muestra de todo ello fue el pleno del 15 de noviembre de 1986. La movilización ciudadana en las calles de Hernani tras la extradición de Juan Luis Zabaleta unos días antes provocó graves disturbios en el municipio, así como varias detenciones de personas que posteriormente fueron liberadas sin ningún tipo de cargos. Mientras que los representantes de HB ponían el foco en la actuación desproporcionada de la Guardia Civil, tanto en los disturbios como una vez pasados estos “arrancando los carteles y pancartas que encontraban a su paso y amedrentando con su presencia a los vecinos”, el resto de partidos achacaba la parcialidad del posicionamiento de HB al solo contemplar la violencia de una parte. En este sentido, el grupo socialista recordaba un nuevo ataque contra su sede[168].

 

Comunicado del GLV. 1984 (AMH).

 

      A comienzos de la década de 1990, tras el fracaso de las conversaciones de Argel, ETA intensificará su ofensiva. A partir de 1995 la ponencia Oldartzen aprobada por las bases de HB y la actividad de ETA aumentaron la presión coercitiva sobre la sociedad, en una estrategia que se ha dado en denominar “la socialización del sufrimiento” y que sería el detonante de lo que se dio en llamar violencia de persecución contra cargos políticos, periodistas y otros colectivos civiles[169].

      El 23 de enero ETA acabó con la vida del máximo responsable del PP en Gipuzkoa, Gregorio Ordoñez. En el mes de noviembre se reformó el código penal a partir de la Ley Orgánica 10/1995[170], y el 4 de mayo de 1996 fue investido como presidente del Gobierno español José María Aznar. Posteriormente, el 1 de julio de 1997, fue rescatado José Antonio Ortega Lara, cautivo durante 532 días, finalizando así el secuestro más largo perpetrado por ETA. Doce días más tarde falleció Miguel Ángel Blanco tras ser secuestrado y posteriormente tiroteado por miembros de ETA. Este suceso propició numerosas y amplias movilizaciones, tanto en multitud de municipios vascos como en el resto del Estado, constituyendo un punto de inflexión en el rechazo a la actividad violenta de ETA.

      Posteriormente, el 12 de septiembre de 1998, se firmó el Acuerdo de Lizarra en la búsqueda de un “proceso de diálogo y negociación” entre 39 organizaciones políticas, sindicales y sociales, principalmente formaciones nacionalistas vascas[171]. Cuatro días después ETA declaró su primer alto al fuego “unilateral, total e indefinido”.

      Asimismo, 1998 fue el año de la clausura del diario Egin y la detención de sus responsables por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ahondando así en la persecución policial y judicial contra organizaciones y medios afines a la izquierda abertzale, lo que popularmente se ha dado a conocer como la doctrina de “todo es ETA”. La sede de este diario se localizaba en Hernani, y entre los detenidos se encontraba la hernaniarra Marga Izaga Sagardia, trabajadora de este medio y concejala por HB en el Ayuntamiento de Hernani. Tras esta detención los representantes de HB e IU-EB presentaron una moción conjunta en la que mostraban su preocupación por la detención, se solidarizaban con la familia de la detenida y reivindicaban la libertad de expresión, si bien la propuesta no fue aprobada debido al rechazo del resto de partidos[172].

 

Vehículo calcinado en acto de violencia callejera.
1997 (AMH).

 

      Por otra parte, en estos años se produjo un incremento significativo de los actos de kale borroka. Tan solo en 1995 se registraron acciones de violencia callejera en 136 de los 365 días del año[173]. En Hernani, únicamente en contenedores de basura los daños causados por acciones de kale borroka en 1995 ascendieron a 2.555.000 pesetas[174].

      Esta estrategia, por tanto, tuvo su repercusión en Hernani, siendo denunciada en reiteradas ocasiones por la mayoría de los grupos políticos con representación municipal en la década de los 90 (especialmente durante la alcaldía de José Antonio Rekondo), llegándose a calificar de “jóvenes fascistas” a los responsables de los actos de kale borroka, quienes tienen “sumido a Hernani en un permanente estado de excepción”; pero también extendiendo la responsabilidad al conjunto del denominado MLNV. Ante estas denuncias, los representantes de HB aludieron en varias ocasiones a que “se habla de los acontecimientos y no de las causas”, por lo que rechazaban las iniciativas presentadas a este respecto por el resto de partidos[175].

      A partir de la investigación realizada para la identificación de atentados contra bienes materiales, se han documentado 245 actos de kale borroka entre 1983 y 2013 en Hernani, en los que se vieron afectados bienes materiales tanto de particulares como de entidades públicas como privadas. Asimismo, y en relación con el incremento de esta actividad en la década de los 90, 1995 con 24 casos y 1996 con 33 son los años de mayor incidencia en Hernani. Pero además de ataques contra bienes materiales, las acciones de kale borroka atentaron contra la integridad física de al menos 25 personas en la década de 1990, las cuales sufrieron heridas de diversa consideración.

      En este sentido, cabe destacar las cuatro personas de una misma familia que debieron de ser desalojadas de su domicilio en la calle Nagusia el 31 de agosto de 1996, tras el ataque con cócteles molotov a una entidad bancaria próxima. Los cuatro debieron ser hospitalizados por inhalación de humo. Estos hechos fueron tratados en las sucesivas juntas de portavoces del Ayuntamiento de Hernani, pero también aquellas actuaciones policiales consideradas por algunos grupos políticos, fundamentalmente HB, como desproporcionadas. Valga como ejemplo la del 9 de agosto del mismo año, en la que la actuación de la Ertzaintza dejó numerosos contusionados y al menos una persona con tres costillas rotas[176].

      Pero además, durante la década de 1990 la vida política municipal se tensionó aún más, y la violencia de persecución contra cargos electos y sus familiares se incrementó de manera considerable. Previamente, en 1988, se había firmado el “Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi” (más conocido como “Pacto de Ajuria Enea”) entre todas las fuerzas con representación política en la CAV, a excepción de HB. Este pacto supuso la unión de fuerzas de los firmantes en las sucesivas campañas electorales, con el fin de desbancar de las instituciones municipales a HB allí donde no consiguieran la mayoría absoluta.

      En este sentido, un punto de inflexión en Hernani fue el pleno municipal del 15 de junio de 1991, en el que fue elegido alcalde José Antonio Rekondo en representación de EA. Los actos de violencia por parte de simpatizantes de la izquierda abertzale, tanto en el interior como en el exterior de la casa consistorial, en los que los electos municipales fueron agredidos verbal y físicamente, fueron recogidos por las cámaras de diferentes medios de comunicación y son recordados por la mayor parte de las personas entrevistadas en este estudio.

      A partir de entonces los concejales de EA, PNV, PSE-PSOE y PP fueron víctima de agresiones, amenazas y atentados contra sus bienes, y varios comenzaron a llevar escolta. Rekondo, por ejemplo, durante su período como alcalde, recibió amenazas continuas en varios plenos y mediante pintadas. Además, su vehículo fue atacado con cocteles molotov en al menos tres ocasiones.

      Ya en 1995, de nuevo se repitieron los ataques contra electos del PNV y del PSE-EE en el acto de constitución del Ayuntamiento. Un mes más tarde, concretamente en la madrugada del 28 de junio, último día de las fiestas de San Juan, los concejales socialistas Chica, Peñacoba y Morcillo, y un militante del mismo partido, fueron agredidos con patadas, puñetazos y amenazas de muerte por un grupo de jóvenes; un linchamiento público que solo fue interrumpido gracias a la intervención de varios militantes de Izquierda Unida, y que finalizó con dos de los agredidos en el Hospital Donostia. Posteriormente, nueve personas serían juzgadas por este suceso. Sobre este hecho, José Morcillo recuerda:

 

      “Intentamos esquivarles, ignorarlos, escapar. Pero nos cerraron el paso. Han pasado veintidós años pero lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Nos rodearon y empezaron a darnos puñetazos y patadas; fue una cadena horrible de agresiones por todo el cuerpo. Fuimos derribados y en el suelo intentaron rematarnos. Gracias a la oportuna intervención de unos militantes de Izquierda Unida que les separaron de nosotros puedo contarlo. Me estremezco cuando lo recuerdo”[177].

 

      Con todo, ante la situación de confrontación que se vivía en Hernani, a inicios de 1996 comienza a barajarse la posibilidad de constituir una mesa de diálogo, reflexión y debate entre todas las fuerzas políticas para abordar el clima de enfrentamiento y conflicto que se vivía en el municipio. Con este objetivo, Alcaldía, HB e IU-EB presentaron cada uno un documento-base en el que perfilaban su posicionamiento inicial ante la configuración de la mesa de diálogo. Las tres propuestas fueron sometidas a votación, quedando aprobado el escrito de Alcaldía con la incorporación de una propuesta concreta de IU-EB en la que se comprometían a no hacer un uso partidista “del tema del terrorismo”[178]. No obstante, no existe constancia de que posteriormente se pusiera en marcha ninguna mesa de diálogo.

      Por otra parte, surgió en 1996 la plataforma ciudadana Hernanin Askatasunean Bizi, cuyos integrantes comenzaron a concentrarse principalmente en protesta por los actos de kale borroka en el municipio; siendo frecuentemente increpados en dichas concentraciones en la vía pública. El origen de esta plataforma puede encontrarse en la concentración llevada a cabo a primeros de septiembre de aquel año tras los sucesos del 31 de agosto en la calle Nagusia. Posteriormente, en diciembre de 1997, coincidiendo con el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentaron una moción en el Ayuntamiento en la que afirmaban que “algunos deciden y ejecutan la pena de muerte, excusándose además en las ansias de libertad de los vascos”. Por ello, proponían declarar a Hernani “espacio sin pena de muerte” y manifestaban “la convicción de que la libertad de Euskadi y de los vascos se fundamenta en el respeto a la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos”. Esta moción fue aprobada por unanimidad por los representantes de EA, PSE-EE y PNV, estando ausentes de la junta de portavoces los representantes del resto partidos (HB y PP)[179].

      Pero además de las acciones de kale borroka y la violencia de persecución a la que hemos hecho referencia, la década de los 90 dejó un resultado de 37 denuncias de torturas, nueve personas amenazadas de muerte, dos extorsionados, tres retenidos para el empleo de su vehículo en atentados, nueve heridos en enfrentamientos y cuatro hernaniarras fallecidos en diversas circunstancias.

      Una vez dada por finalizada la tregua de 438 días en noviembre de 1999, y retomada la actividad violenta de ETA, el 8 de diciembre de 2000 se formalizó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el PP y el PSOE, y conocido como Pacto Antiterrorista.

      En el ámbito local, las elecciones de junio de 1999 otorgaron la mayoría absoluta a Euskal Herritarrok en Hernani. Posteriormente, el primer año del siglo XXI finalizó en esta localidad con el mayor número de denuncias por torturas anual desde 1960 y hasta la actualidad (22 denuncias). Asimismo, disminuyó la violencia callejera por primera vez desde 1991 y aumentaron las redadas policiales de las cuales derivaron la mayor parte de las denuncias de torturas. En el foco de estas actuaciones policiales (tales como la del 27 de abril de 2000, o posteriormente la del 30 de octubre de 2008 en la que resultaron heridas al menos cinco personas[180]) y las posteriores denuncias de torturas, se situó a la Ertzaintza, a través de mociones presentadas en el Ayuntamiento por Gestoras Pro Amnistía o plataformas como Utzi Hernani Pakean. Según la documentación consultada, los debates sobre estos hechos desembocaron en plenos municipales en los que los portavoces de la oposición seguían siendo insultados y acosados por ciudadanos que acudían a presenciar el desarrollo de los plenos[181].

      Asimismo, en el 2000 se produjo la muerte del hernaniarra Ekain Ruiz y otros tres militantes de ETA cuando transportaban 25 kilos de dinamita. Este suceso motivó un pleno extraordinario al que solo asistieron los representantes de Euskal Herritarrok, y en el que se aprobó costear el funeral y nombrar a Ruiz hijo predilecto de la localidad; decisión que llevó a la alcaldesa Mertxe Etxeberria ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional[182].

      Al año siguiente, el 9 de marzo de 2001, ETA acabó con la vida del ertzaina Iñaki Totorika y dejó gravemente herido a su compañero. Fue la última víctima mortal de ETA en Hernani, y la primera desde 1983. Ese mismo día PNV y PSE-EE presentaron una moción de condena, mientras que los representantes de Euskal Herritarrok hacían lo propio con otra moción en la que no se condenaba el atentado pero se daba el pésame a la familia y se abogaba por una solución al conflicto[183].

      Posteriormente, Euskal Herritarrok sufrirá un descalabro considerable en las elecciones al parlamento vasco en el mes de mayo de 2001. Un mes más tarde nacerá Aralar, y desde ese mismo mes Euskal Herritarrok quedará integrada en Batasuna. Por otra parte, el Gobierno Vasco constituido tras las elecciones de mayo, Eudel, y las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, firmaron el 19 de octubre un manifiesto promovido por el lehendakari Ibarretxe “en defensa del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas”. Este manifiesto fue rechazado por los representantes de Batasuna en el Ayuntamiento de Hernani, debido a que, según sus portavoces, no hacía referencia al origen del conflicto y únicamente responsabilizaba de la violencia a una parte. En contraposición, presentaron una moción en la que reconocían el derecho de toda persona a la vida, a la libertad y a la integridad física, los cuales resultaban “lamentablemente sistemáticamente violados cuando se dan conflictos políticos”[184].

 

Reportaje del Diario Vasco en recuerdo del 20 aniversario
del atentado mortal contra Iñaki Totorika
(
Diario Vasco, 7 de marzo de 2021).

 

      En 2002 la actividad contra ETA y su “entramado”[185] encontró amparo en los tribunales mediante la aprobación de la Ley de Partidos[186]. Esta Ley llevó posteriormente a la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Además, entre 2003 y 2011 un total de 12 candidaturas electorales afines a la izquierda abertzale fueron impugnadas, dejando sin representatividad política en las instituciones durante este período a una parte significativa de la sociedad vasca[187]. En Hernani, el resultado de todo ello fue la ilegalización de la candidatura de la izquierda abertzale en 2003, a cuyos representantes los hernaniarras habían otorgado la mayoría absoluta en 1999. A este respecto se presentaron en los años sucesivos mociones en contra de la ilegalización, sin que ninguna de ellas fuera aprobada por los representantes electos en 2003. No obstante, en 2004 PNV, PSE-EE y e IU aprobaron una moción presentada por este último partido en la que se calificaba de antidemocrática la Ley de Partidos, ya que había dejado sin representación “a un grupo muy importante de nuestro pueblo”; por lo que se solicitaba su derogación[188].

      En cualquier caso, los resultados electorales de 2003, con el condicionante de encontrarse la Izquierda Abertzale ilegalizada (la cual había conseguido la mayoría absoluta en los comicios de 1999) ocasionó el regreso de Rekondo a la alcaldía. La toma de posesión se celebró en la Sala de Juntas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, debido a la ocupación del pleno por parte de simpatizantes de la Izquierda Abertzale y a las concentraciones en las inmediaciones del ayuntamiento de Hernani. En su discurso de investidura Rekondo consideró lamentable el no poder haber celebrado el pleno en el ayuntamiento, y quiso recordar lo sucedido en la investidura de 1995[189]. No obstante, la situación entonces era notablemente diferente, ya que en aquella ocasión no había partidos políticos o candidaturas ilegalizadas.

      Asimismo, el proceso de ilegalizaciones tuvo como consecuencia el aumento de las denuncias de casos de tortura bajo custodia policial y la posterior imputación de más de 617 personas en diferentes procesos judiciales colectivos que afectaban, entre otros, a miembros de partidos políticos, euskaltegis, medios de comunicación, u organizaciones como la Fundación Joxemi Zumalabe. Entre ese “entramado” se encontraba según la justicia española el diario Egunkaria, clausurado y detenidos sus responsables y trabajadores en febrero de 2003. Entre ellos se encontraba el vecino de Hernani Peio Zubiria, quien denunció, al igual que varios de sus compañeros, haber sido torturado por agentes de la Guardia Civil durante el período de incomunicación.

      Pero además, aquel mes de febrero de 2003 ETA causó una nueva víctima mortal. El hernaniarra y jefe de la policía municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundua, recibió tres tiros que horas más tarde acabaron con su vida en el Hospital Donostia. Esta será la última víctima mortal hernaniarra de ETA.

      Un año más tarde, el 18 de febrero de 2004, ETA declaró la suspensión de todas sus “acciones armadas” en Cataluña, y en 2005 el cese de los ataques contra cargos electos españoles. El 22 de marzo de 2006 ETA inició un alto al fuego permanente, lo que posibilitó un proceso de negociación con el Gobierno de España. Sin embargo, tras el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron dos personas, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero dio por rotas las negociaciones.

      En las elecciones municipales de mayo de 2007 ANV fue la fuerza más votada en Hernani, por lo que Marian Beitialarrangoitia fue designada alcaldesa. No obstante, sobre el partido abertzale y sus representantes continuaba la amenaza de ilegalizacion. Esto ocurrió un año más tarde, lo que provocó que los representantes abertzales tuvieran que formar un nuevo grupo municipal bajo las siglas HSA (Hernaniko Sozialista Abertzaleak)[190].

 

RECUENTO DE VÍCTIMAS MORTALES (1983-2017) {36}

 

ETA

CAA

GAL

FSE

GRUPOS DE EXTREMA DERECHA

OTROS

Gobierno Vasco (Secretaria de Paz y Convivencia){37}

453{38}

 

24

14

7

 

Instituto Valentin Foronda{39}

462{40}

 

27

 

1

 

Covite

347

10

2

 

 

 

Euskal Memoria

 

 

 

233{41}

 

 

HERNANI{42}

4

 

2

4

 

12

 

      Mientras esto sucedía, y utilizado como una prueba más para la suspensión de ANV, Beitialarrangoitia era acusada de enaltecer el terrorismo tras un mitin en Pamplona en enero de 2008, al haber expresado y solicitado una muestra de apoyo y cariño con los presos víctimas de la dispersión, así como con los miembros de ETA responsables del atentado de la T-4; los cuales habían denunciado haber sido torturados tras su detención. Para los concejales de ANV en Hernani esta acusación suponía una agresión a la libertad de expresión, y lamentaban que el resto de fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento no hubieran mostrado ningún tipo de apoyo a la alcaldesa[191]. Finalmente, la Audiencia Nacional condenó a Beitialarrangoitia en 2009 a un año de prisión y a siete de inhabilitación.

      Con todo, 2008 finalizó con un acuerdo en contra de la tortura por parte de los representantes municipales participantes en la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Hernani, sin embargo este acuerdo no logró desembocar en la aprobación de una moción conjunta.

      El 30 de julio de 2009 ETA atentó mortalmente contra los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, en la localidad de Calviá (Islas Baleares), siendo este el último atentado con víctimas mortales. No obstante, el 16 de marzo de 2010 se produjo un tiroteo en la localidad francesa de Dammarie-les-Lys entre agentes de la Gendarmerie y ETA en el que falleció el policía francés Jean-Serge Nérin. El 5 de septiembre de 2010 ETA anunció el fin de las “acciones armadas ofensivas”, el 10 de enero de 2011 un alto el fuego “permanente”; y finalmente, el 20 de octubre de 2011, el cese definitivo de la actividad armada. Un mes antes se había constituido la Comisión Internacional de Verificación (CIV), compuesta por un grupo de seis personas con experiencia internacional en procesos de paz y seguridad, cuyo trabajo culminó con la entrega de armas por parte de ETA el 8 de abril de 2017.

      Durante todos estos años la violencia de motivación política en Hernani y contra hernaniarras ha ido descendiendo de manera considerable, fundamentalmente a partir de 2004. No obstante, aquel año de 2004 se produjo la muerte de Kontxi Sanchiz en el transcurso de una manifestación celebrada el 14 de marzo en protesta por la muerte de Ángel Berrueta a manos de un agente de policía y su hijo en Pamplona. El suceso tuvo una gran repercusión en el municipio y en la vida política vasca, y a día de hoy la familia y allegados de Sanchiz siguen haciendo responsable a la Ertzaintza. Posteriormente, tres hernaniarras más fallecieron en otras circunstancias derivadas de la violencia política. La última de ellas el que fuera miembro de ETA José María Aldasoro, en 2012 en San Juan de Luz.

 

Imágenes relativas a la muerte de Kontxi Sanchiz
(
Gara, 15 de marzo de 2004).

 

      Asimismo, a pesar del descenso de casos se han documentado hasta 30 episodios de kale borroka contra bienes materiales entre 2000 y 2013, y seis contra bienes particulares. De especial gravedad fueron los actos del 16 de febrero de 2008, en los que se produjeron numerosos daños materiales, entre ellos el ataque con artefactos incendiarios de un autobús, la sede del PSE-EE, o sucursales bancarias. Debido a ello, el pleno municipal del día 28 aprobó una moción presentada por el PNV, y apoyada por el resto de partidos a excepción de ANV que se abstuvo, en la que se creaba una partida de 400.000 euros destinada a las “víctimas de la violencia callejera”[192].

      Con todo, desde 2013 no se registran daños materiales provocados por disturbios callejeros de motivación política, si bien en 2017 la nueva sede del PSE-EE sufrió hasta tres actos vandálicos mediante la realización de pintadas en su fachada, con lemas a favor de ETA y dianas[193]. Posteriormente, el 15 de mayo de 2018, aparecieron en el frontón de la plaza de los Tilos pintadas amenazantes contra cargos del PSOE y de familiares de víctimas de ETA como Consuelo Ordóñez y Maite Pagazartundua[194].

 

RECUENTO DE CASOS DE TORTURA (1983-2017) {43}

 

GUARDIA CIVIL

POLICÍA NACIONAL

ERTZAINTZA / OTROS

TOTAL

IVAC{44}

1.045

881

335

2.261

Euskal Memoria{45}

1.296

1.435

429

3.160

HERNANI

54

40

34

128

 

      Con respecto a las amenazas graves, hasta el cese definitivo de la actividad armada de ETA varios concejales de Hernani debieron llevar escolta. En cuanto a la extorsión económica, no se ha registrado ningún caso desde comienzos del siglo XXI. No obstante, la dificultad de documentar este tipo de violencia hace que no puedan descartarse casos de extorsión en Hernani con posterioridad al año 2000.

      Por su parte, tras el pico máximo de denuncias de torturas con 22 casos en el año 2000, el descenso ha sido también significativo. No obstante, tan solo en los años 2009 y 2010 se documentan 14 casos (ocho en 2009 y seis en 2010), el 42% de un total de 33 entre 2001 y 2012. Normalmente estas denuncias vienen precedidas de redadas policiales en el municipio, como la ocurrida el 31 de marzo de 2009, en la que fueron detenidos hasta nueve jóvenes hernaniarras (más un vecino de Urnieta) acusados de actos de kale borroka y de pertenecer a Segi. De los diez detenidos, ocho denunciaron haber sido torturados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía (siete hernaniarras). Los dos que no fueron arrestados, sino que se presentaron voluntariamente en comisaría, fueron los únicos que no denunciaron torturas. De los diez detenidos, cuatro fueron puestos en libertad sin cargos y seis pasaron posteriormente a ser juzgados en la Audiencia Nacional. Todos fueron absueltos en 2012[195].

      Tal y como se ha señalado, actualmente el reconocimiento de las víctimas y la situación de los presos son las dos cuestiones que más interés público y movimientos políticos están produciendo en lo concerniente al conflicto[196]. En paralelo, en los últimos años se han sucedido las iniciativas en materia de convivencia. Entre otras, el 21 de octubre de 2014 se reunió una "Mesa de Convivencia" en la que sí participaron todos los partidos con representación municipal, y en la que se incluía como marco de actuación “la defensa de los derechos humanos de todas las personas”[197]. Ya en 2015, coincidiendo con el Día de la Memoria, ediles de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Hernani, participaron en un acto en el parque Ave María, en el que se colocó una piedra conmemorativa “que esperamos simbolice un antes y un después en la historia de nuestro pueblo, un hito que fijara un futuro asentado en la paz y la convivencia”. Un acto en el que se dio lectura a un texto consensuado por todos los representantes y en el que se reivindicaba el derecho a la memoria como base desde la que construir una convivencia futura, “una convivencia forjada en el respeto y el reconocimiento mutuo”[198].

 

 

 

[153] PLAN Z.E.N. (Zona Especial Norte). Dirección de la Seguridad del Estado Ministerio del Interior. Febrero 1983 (Extracto disponible en: https://borrokagaraia.files.wordpress.com/2013/08/plan_zen.pdf).

[154] Sentencia Tribunal Constitucional 199/1987, de 16 de diciembre.

[155] Egin, 4 de noviembre de 1983. La Vanguardia, 4 de noviembre de 1983. La Voz de Euskadi, 4 de noviembre de 1983)

[156] Covite atribuye a los GAL el asesinato del vecino de Errenteria Jose Antonio Cardosa Morales el 20 de noviembre de 1989, si bien comúnmente se acepta el año de 1987 como fecha en la que se extinguen los GAL.

[157] Casanova, 2007.

[158] Debemos de tener en cuenta que a partir de la disolución de ETApm en 1982 y de CAA en 1985, la actividad armada subversiva en Hego Euskal Herria se concentró prácticamente en su totalidad en las acciones de ETA, más allá de que existieran organizaciones de menor entidad como Iraultza.

[159] Texto íntegro en: El Correo, 13 de enero de 1988.

[160] AMH, 1985, Actas municipales, Pleno] municipal extraordinario 13/85.

[161] AMH, 1984, Actas municipales. Pleno] municipal extraordinario 8/84.

[162] AMH, 1984, Actas municipales. Pleno] municipal extraordinario 13/84.

[163] AMH, 1983, Actas municipales. Pleno] municipal extraordinario 23/83.

[164] AMH, 1984, Actas municipales. Pleno municipal extraordinario 9/84.

[165] El Correo, 29 de enero de 1997.

[166] AMH, 1984, Sección 2, negociado 19, unidad 1 policial municipal, Actas municipales. “Atentados contra personas y propiedades. Explosiones y víctimas”, sección 7, negociado 4, serie 9.

[167] AMH, 1986, Actas municipales. Pleno municipal extraordinario 19/86.

[168] AMH, 1986, Actas municipales. Pleno municipal extraordinario 21/86.

[169] Intxaurbe, 2016. Intxaurbe, 2019.

[170] Ley Orgánica 10/1995.

[171] http://www.argia.eus/bakegintza/htdocs/lizarra.htm

[172] AMH, 1998, Junta de portavoces 7/98.

[173] Azurmendi, 2014, p. 246.

[174] AMH, 1995, Junta de portavoces 3/95.

[175] AMH, Junta de portavoces 13/93, 19/94, 1/96, 10/96, 2/98, 4/98.

[176] AMH, Junta de portavoces 13/96 y 14/96. Diario Vasco, 2 de septiembre de 1996.

[177] Entrevista a José Morcillo.

[178] AMH, Junta de portavoces 1/96, 2/96 y 3/96.

[179] AMH, 1997, Junta de portavoces 8/97.

[180] AMH, 2008, Pleno ordinario 13/08.

[181] AMH, 2000, Pleno ordinario 8/00.

[182] AMH, 2000, Pleno extraordinario 11/00. El País, 21 de septiembre de 2000.

[183] AMH, 2001, Pleno ordinario 6/01.

[184] AMH, 2001, Pleno ordinario 18/01.

[185] http://baltasargarzon.org/terrorismo/eta

[186] Ley Orgánica 6/2002.

[187] A modo de ejemplo, en cinco de los siete comicios al parlamento vasco celebrados entre 1980 y 2001, la izquierda abertzale (bajo las siglas de HB y Euskal Herritarrok) obtuvo más del 15% de los votos emitidos, siendo la tercera fuerza parlamentaria a partir de las elecciones de 1984 y hasta las celebradas en 2001.

[188] AMH, 2004, Junta de Portavoces 6/04.

[189] AMH, 2003, Acta de constitución del Ayuntamiento de Hernani (14 de junio de 2003).

[190] AMH, 2008, Pleno ordinario 6/08.

[191] AMH, 2008, Pelno extraordinario 1/08. Pleno ordinario 8/08.

[192] AMH, 2008, Pleno ordinario 4/08.

[193] Europa Press, 2 de febrero de 2017.

[194] Europa Press, 15 de mayo de 2018.

[195] Berria, 31 de marzo de 2009. Naiz, 12 de diciembre de 2012.

[196] Domínguez (Dir.), 2017.

[197] AMH, 2004, Pleno extraordinario y de urgencia 11/04.

[198] Kronika, 11 de noviembre de 2015. Diario Vasco, 11 de noviembre de 2015.

 

 

{36} Los datos que aporta el IVAC se refieren exclusivamente a la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que los de Euskal Memoria se refieren al conjunto de Euskal Herria.

{37} Datos presentados en el Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013).

{38} Incluye a las víctimas de las diferentes escisiones de ETA y otras organizaciones armadas.

{39} López Romo, R. Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas 1968-2010.

{40} Incluye a las víctimas de las diferentes escisiones de ETA y otras organizaciones armadas.

{41} Según se recoge en la página web de Euskal Memoria esta cuantificación alude a “fallecidos en el contexto del conflicto y a causa de la represión” a partir de 1960.

{42} Entre 1983 y 2017, 6 personas fueron víctimas de la vulneración del derecho a la vida y 16 de circunstancias con resultado de muerte.

{43} Los datos que aporta el IVAC se refieren exclusivamente a la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que los de Euskal Memoria se refieren al conjunto de Euskal Herria.

{44} Datos extraídos del Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2014). Informe final.

{45} Datos extraídos del Informe de investigación sobre la tortura en Euskal Herria.