Jesús Mari Gómez / Jon Ordiozola, 2007
INTRODUCCIÓN
Llegar a conocer el número exacto de personas fusiladas y/o inhumadas en Hernani a mano de los sublevados e identificarlas en su totalidad, resulta prácticamente imposible, como puede desprenderse de las páginas anteriores. No existe constancia documental de los enterramientos y, en muchos casos, ni siquiera fueron inscritos en los correspondientes libros del Registro Civil, o si lo fueron, años más tarde, no se especificó el lugar de la muerte. Ello nos obliga a ser muy prudentes en la identificación, conscientes de que con el avance en las investigaciones la presente relación puede ampliarse e incluso corregirse. Las sucesivas obras de renovación del cementerio han impedido, igualmente, que se puedan recuperar, de forma individualizada, los restos localizados en dicho lugar al descontextualizar las zonas donde se hallaban las fosas comunes en las que fueron enterradas las víctimas del otoño de 1936. Nos encontramos así con una realidad común a otros lugares: enterramientos en fosas comunes sin ninguna inscripción y confusión estadística que facilitaron interpretaciones distorsionadas en uno u otro sentido según la intencionalidad de quien las realizaba.
Nuestra labor se ha dirigido, por tanto, hacia otras vías. Los dos puntos de partida han sido el repetidamente citado informe de la Guardia Civil de 1958 y el trabajo realizado en nombre de la Sociedad de Ciencias Aranzadi por Iñaki Egaña el año 2003[237], en el que se incluye una larga lista de posibles fallecidos en el cementerio de Hernani. A partir de estos datos, nuestra investigación se ha orientado, en primer lugar, a intentar encontrar más personas que hubiesen sido ejecutadas y/o enterradas en dicho lugar. Hemos contado para ello con la inestimable ayuda de los familiares y también, con las limitaciones que ofrecen las fuentes orales, en este caso un arma de doble filo: son casi la única forma de aproximación a la realidad de unos acontecimientos al margen de cualquier atisbo de legalidad y por ello productoras de una información única y extremadamente valiosa; pero también se ubican en el terreno donde el paso del tiempo y las circunstancia del hecho han dificultado el conocimiento o el recuerdo exacto de lo sucedido. En segundo lugar, hemos sometido las listas que poseíamos a un examen crítico que nos permitiese afirmar con el mayor grado de veracidad posible que las personas que incluimos a continuación fueron realmente muertas en esta población. La comprobación ha carecido en muchos casos de la exigencia deseada por la ausencia de documentación o de familiares que nos pudiesen dar cuenta de las vicisitudes de muchas personas sobre las que la información que poseemos es muy escasa. En cualquier caso, cada registro de las páginas siguientes va acompañado de las referencias historiográficas, archivísticas u orales que nos permiten afirmar la procedencia de su inclusión en nuestra lista.
Nuestra relación incluye 129 nombres y antes de pasar a desgranarlos, vamos a realizar un pequeño análisis cuantitativo de sus características básicas y a indicar las circunstancias que acompañaron a algunos de ellos en sus últimos momentos. Hemos utilizado seis variables para el análisis cuantitativo: clasificación socioprofesional, edad, estado civil, género, procedencia geográfica y adscripción política.
En lo que atañe a la primera de ellas, la clasificación socioprofesional, no vamos a insistir en los problemas que ofrecen las categorías incluidas en los censos electorales y padrones de población, ni en las diferencias existentes entre las realidades que se ocultan bajo una determinada profesión y la actividad ejercida en la vida cotidiana. Hemos agrupado las profesiones en 8 grupos de actividad: propietarios, autónomos, profesiones liberales, funcionarios/empleados, trabajadores manuales, campesinos, amas de casa y sacerdotes. Los resultados son palmarios: el 50% de las personas ejecutadas y cuya profesión conocemos se incluía en la categoría de los trabajadores manuales. Otro 11% era funcionario o empleado y un 6% campesino. Autónomos y amas de casa ocupaban a otro 9,3% y 8,4% respectivamente. Los 8 sacerdotes fusilados en Hernani constituían un 6% del total de los ejecutados, sobrepasando claramente su representación social (1,53% en 1930). Las categorías menos representadas eran las profesiones liberales (2%) y propietarios (4,3%). Podemos, por lo tanto, perfilar mejor una de las afirmaciones que realizábamos en la primera parte de nuestro estudio. No se trata de una represión de clase, en el sentido en que la actividad y el modo de vida no eran el criterio utilizado para perseguir a una persona; pero sí tiene un componente clasista evidente, ya que las categorías más bajas están mucho más presentes en la lista que las clases medias o bajas. Ahora bien, si eliminamos de la población activa guipuzcoana a los escolares, improductivos, amas de casa y niños pequeños, el 60% de la población según el estudio de Rodríguez Ranz (1994, 21), observamos que la presencia de los dos últimos sectores (profesiones liberales y propietarios) es algo más alta que la que les correspondería en proporción a los activos provinciales en dichas categorías. Idéntica reflexión se puede hacer en el caso de los funcionarios que representando el 3% de esa población activa reducida aportan el 11 % de los ejecutados. Justo lo contrario sucede con los trabajadores manuales de la industria y de los servicios, que suponiendo en torno al 60% de la población activa acumularon el 50% de las bajas y, especialmente, con los campesinos, ya que el sector primario en 1930 ocupaba al 9,62% de la población activa guipuzcoana (un 24% en la ponderada) y sólo constituye el 6% de la lista. Las represalias mortales contra los campesinos, además, se focalizaron en dos poblaciones de la zona del valle del Deva, Salinas de Léniz y en Escoriaza. Parece probable, por lo tanto, que la represión afectase especialmente a los sectores sociales más dinámicos de la sociedad guipuzcoana y que, en proporción, tuviese un menor eco entre los trabajadores manuales, aunque es de suponer que la mayoría de los que tenían compromisos políticos huyeron antes de la entrada de los militares sublevados. La escasa conciencia política o su inclinación hacia la ideología tradicionalista serían los elementos que explican la escasa presencia de los campesinos entre los ejecutados en Hernani.
Un dato hasta cierto punto sorprendente es el que atañe a la edad de los ejecutados, porque la edad media de los mismos es relativamente alta, el 46% de los fallecidos tenía más de 40 años en el momento de su muerte, mientras que sólo el 7% tenía menos de 21 años. Decíamos que el dato es sorprendente hasta cierto punto, porque se supone que, en principio, la adscripción política militante a las opciones políticas más radicales (presuntamente las más expuestas a la represión) se da entre las personas más jóvenes, por lo que éstas deberían de representar un segmento destacado de los ejecutados. El modo en que se realizó la conquista de Guipúzcoa permitió, sin embargo, que aquellos pudiesen huir en su gran mayoría y la represión se dirigió hacia las personas mayores. Muchos de los adultos encarcelados pagaron así la frustración de sus captores ante la imposibilidad de castigar a los supuestos responsables directos de la situación. En algunos casos, además, los padres, y algunas madres, pagaron el delito de tener un hijo vinculado a opciones políticas republicanas. Es el caso, por ejemplo, de Dominica Artola, de 64 años, fusilada aparentemente por tener un hijo comunista o el de la portera de San Sebastián Petra Heredero con hijos en ambos bandos. Esta es la única explicación posible en algunos casos, ya que no se les conocía vinculación política alguna. En otros casos, la incorporación forzosa al ejército sublevado también sirvió para alejarlos de los brazos de la represión.
En línea lógica con la elevada edad de los fallecidos, más de la mitad de las personas cuyo estado civil conocemos estaban casadas y tenían un número variable de hijos, que iban desde el niño recién nacido de Jesús Calleja hasta los 9 hijos de Emeteria Aranburuzabala. Fueron 9 las mujeres fusiladas en Hernani, un porcentaje algo más alto que el de otras provincias, donde suele oscilar en torno al 4-5% de los ejecutados. Aunque con una muestra de este tamaño es difícil realizar extrapolaciones, es posible que ese número mayor esté relacionado con el factor que apuntábamos unas líneas atrás, esto es, que los progenitores pagasen por sus hijos. Una mujer fue también la víctima más joven de Hernani: María Bengoa, afiliada a Emakume Abertzale Batza de Mondragón. La ejecución de mujeres por el bando sublevado fue uno de los elementos utilizados por el Gobierno Vasco para subrayar el contraste de su actuación durante la guerra. Sólo una mujer fue condenada a muerte por el bando republicano en todo el País Vasco, María del Coro Zubizarreta, acusada de espionaje e indultada únicamente en atención a su sexo[238].
La adscripción política de los represaliados es el dato que presenta mayor inconcreción: no conocemos las afinidades políticas del 47% de los ejecutados. Es algo normal, ya que se trata de una referencia que no se incluye en los registros oficiales, salvo, en su caso, en los policiales. Los familiares, en alguna ocasiones, tampoco son capaces de precisar las afinidades políticas del finado. En cualquier caso, destacan el alto número de personas ejecutadas que no parecen tener una adscripción muy definida o carecían de ella y la ausencia de personas con una responsabilidad política sobresaliente. Sólo Aitzol y Francisco Saizar, aeneuvista miembro de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial, pueden catalogarse como personalidades relevantes. Podemos incluir en este grupo, extremando el argumento, a Victoriano Akizu y Manuel Garbizu, presidentes de las Juntas Municipales del PNV de Arechavaleta y de Pasajes, pero en el resto de los casos, se trata de personas que, como mucho, eran meros afiliados a un partido político o a un sindicato. El 40% como mínimo de los ejecutados pertenecía o simpatizaba con el nacionalismo vasco. Se trataba básicamente de afiliados al PNV, aunque, en algunos casos, su adhesión se limitaba a ser miembros del sindicato Solidaridad de Trabajadores Vascos. El segundo grupo, el 8% aparece definido como republicano, sin mayores concreciones y sólo en un 4% de los casos sabemos que los fallecidos estaban vinculados con la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español. Sólo dos personas tenían vinculaciones con el Partido Comunista. Nada sabemos sobre el resto. Existe un grupo de unas 20 personas, residentes fundamentalmente en San Sebastián y nacidas fuera del País Vasco que, presumiblemente, pudieran estar vinculadas a ideologías y organizaciones de izquierda, pero la falta de datos sobre las mismas nos impide realizar afirmaciones concluyentes.
La última variable que hemos tenido en cuenta es la población de residencia de los ejecutados. Además de a un navarro de Alsasua (Tomás Lezea) y a tres vizcaínos (Raimundo Gamboa, Tomás Larrínaga y José Ignacio Peñagarikano), las fosas de Hernani acogieron a personas procedentes de, cuando menos, 20 poblaciones guipuzcoanas: San Sebastián (54 víctimas), Hernani (10), Mondragón (10), Urrechua (7), Rentería (7), Salinas de Léniz (7), Pasajes (6), Escoriaza (5), Oñate (3), Astigarraga (2), Lezo (2), Zarauz (2), Zumárraga (2), Arechavaleta (1), Aya (1), Andoain (1), Lasarte (1), Tolosa (1), Elgoibar (1) y Motrico (1). Se trata, por lo general, de poblaciones medias o grandes, con un sector industrial importante y que electoralmente apoyaba a las opciones de izquierda o al nacionalismo vasco.
No podemos entrar en esta introducción en la casuística individual, ni tampoco en la de cada población, porque suelen responder a dinámicas y características diferentes, pero entendemos que hay algunos casos que permiten un comentario específico. Se trata del barrio de Loyola en San Sebastián, las localidades de Zumárraga y Villarreal de Urrechua y lo sucedido en la cabecera del río Deva, entre Mondragón y Salinas de Léniz. En el primer caso, en Loyola, fueron inmolados 14 vecinos, entre ellos dos mujeres. El barrio, situado al lado de los cuarteles militares, permaneció relativamente tranquilo durante el periodo republicano, gracias a la acción de los solidarios nacionalistas que realizaron guardia en el convento de monjas de Cristobaldegui e impidieron que los elementos más radicales persiguiesen a los simpatizantes derechistas. Sólo media docena de personas fueron detenidas en esta fase del conflicto. La situación cambió de forma radical al entrar los militares. Éstos, aleccionados por algunos vecinos que habían podido librarse de la cárcel gracias a la actuación del alcalde pedáneo, el republicano Saturio Burutaran y de varios elementos nacionalistas, detuvieron a numerosas personas, entre ellas, los que se habían responsabilizado de cuidar el orden en los meses del verano. Según el testimonio del nacionalista Felipe de Mágica (Gamboa-Larronde, 2006, 411) todos los ejecutados, menos el matrimonio de la casa Portuondo y Encarnación de Arana, que fueron fusilados por venganzas personales y Burutaran, por su cargo, murieron por haber prestado servicio de vigilancia en el cuartelillo de Loyola. La mayoría eran miembros de Solidaridad de Obreros Vascos, Los catorce ejecutados, no comparecieron ante tribunal alguno. En opinión de Mágica, bastó las denuncias de dos caciques rencorosos ambos protegidos por sus víctimas, para que las checas se encargaran de “pasearlos” . Sólo tenemos constancia, más o menos fidedigna, de que cinco de ellos fueron ejecutados en Hernani, desconociendo dónde mataron al resto.
Tampoco las localidades de Zumárraga y de Villarreal de Urrechua habían sufrido grandes daños durante el periodo de control republicano. La Causa General se limitó, tan sólo en el caso de Zumárraga, a señalar las pérdidas de algunos bienes. De hecho, a medida en que empeoraba la situación, las autoridades municipales decidieron reunir a los simpatizantes franquistas para que no fueran objeto de represalias. Al aproximarse el frente, los llevaron a Marquina y, desde allí, a Deva, donde los liberaron el día 23 de septiembre. El alzamiento militar provocó el cierre de muchos talleres, el paro obrero y que algunos trabajadores se alistasen en las milicias únicamente por el sueldo que había prometido el Gobierno. Casi un mes después de la ocupación de estas dos poblaciones, las nuevas autoridades municipales decidieron, al parecer, realizar un escarmiento en una sociedad que había votado mayoritariamente en febrero a los nacionalistas (57,77% en Zumárraga y 44,93% en Urrechua) y al Frente Popular (13,92% y 27,14%). Siguiendo las indicaciones de los cargos públicos, la Guardia Civil detuvo a 9 personas, 7 de Urrechua y dos de Zumárraga y las condujeron a la cárcel de Ondarreta (Mendizábal, 1996, 246). Se trataba de nacionalistas vascos en su mayoría, que habían estado haciendo guardias durante el periodo de control republicano, custodiando en algunos casos a los presos derechistas de Zumárraga, a petición de estos mismos para evitar sufrir represalias por parte de sectores radicales (Gamboa-Larronde, 2006, 143 y 255). Nunca más se supo de ellos. Las escasas informaciones oficiosas que reunieron los familiares indicaban que fueron fusilados en Hernani. El trato recibido por sus parientes a manos de las nuevas autoridades municipales fue inmisericordioso y se les prohibió celebrar cualquier tipo de ceremonia en honor de los fallecidos y se evitó cualquier tipo de muestra de solidaridad con los mismos, convirtiendo a los familiares en personas estigmatizadas. Hubo que esperar hasta 1961 para que se celebrasen los funerales en recuerdo de los fusilados por los sublevados a su entrada en la villa. Como recordaba José Arteche «Su delito consistió en cometer la ingenuidad de quedarse». Ya en 1983, colocaron una placa en su memoria en la cripta del cementerio municipal de Hernani.
Junto con la zona próxima a San Sebastián, el alto valle del Deva fue la zona más afectada por la primera represión de los militares sublevados[239]. Sorprende el dato, porque fue la última zona en ser ocupada en Guipúzcoa y las personas más vinculadas al régimen republicano y al nacionalismo pudieron huir sin ningún problema. La razón de este hecho debe encontrarse probablemente en la combinación de tres elementos, el predominio en el valle de nacionalistas y republicano-socialistas (aunque la presencia de las derechas también era importante), las consecuencias de la fracasada revolución de octubre de 1934 y su carácter de zona de guerra, ya que desde finales de septiembre, el frente se paralizó en los montes que separaban al valle de Vizcaya. Hasta entonces, el valle estuvo controlado por los diferentes comités de defensa que surgieron en varias localidades y que, además, de establecer unas líneas de defensa, tanto en el sur, frente de Álava, como en el este, se encargaron de garantizar el orden público y perseguir y detener a los elementos sospechosos. No hubo excesivas bajas entre los derechistas locales, tal vez por la participación casi desde el primer momento del PNV y de STV en dichos comités. Según la Causa General[240], aunque se produjeron bastantes detenciones (80 en Mondragón, 12 en Arechavaleta), multas y algunos malos tratos (un grupo de socialistas de Eibar llevó a parte de los presos al santuario de Arrate y los golpearon), la mayoría de las muertes se produjeron en los casos en que los presos fueron conducidos a Bilbao. Uno de ellos, Emilio Saíz Barco, vecino de Arechavaleta fue víctima del asalto a las cárceles tras los bombardeos de la aviación sublevada en enero de 1937. Dos más murieron como consecuencia de enfermedad. En Mondragón, en cambio, murieron al menos tres personas: Manuel García Corral el día 23 de septiembre y Lucio de la Cruz y Lino Mardaraz Elustondo, asesinados el 26 en Canpánzar.
La reacción, una vez ocupada la zona por los militares sublevados y sus aliados fue radical. En Oñate se habían producido 29 detenciones entre los carlistas locales, pero no se produjeron víctimas mortales durante el mandato gubernativo. Los militares sublevados detuvieron a 70 personas y fusilaron a 19, tanto en las cercanías de la villa como en otros lugares (Oktubre, 1987, 285-288). Aunque los datos son imprecisos, pensamos que tres de ellos, cuando menos, lo fueron en Hernani. En Mondragón, las represalias fueron aún más contundentes y apoyadas por los carlistas y las autoridades locales. Los rebeldes ejecutaron un total de 45 personas en diferentes fases, incluidos los sometidos a la ley de fugas, la republicana Florencia Olazagoitia, embarazada de 5 meses, la joven nacionalista María Bengoa (17 años), ejecutada en Hernani y el simpatizante carlista Dionisio Uribesalgo, denunciado por un sobrino (Arteche, 1977, 81). Tras la ocupación de la villa cerrajera, evacuada por casi el 60% de su población, comenzaron las detenciones. Los presos fueron encarcelados en la prisión local e incluso utilizados como rehenes contra los bombardeos de la aviación republicana. Muchos de ellos fueron fusilados en Oyarzun, pero hubo un primer grupo de 9 mondragoneses, vinculados todos ellos al nacionalismo vasco, que fueron ejecutados en Hernani, acusados falsamente de haber participado en el asesinato en octubre de 1934 de Marcelino Oreja. El 20 de octubre, este grupo más los presos provenientes de otras poblaciones de la zona fueron subidos a un camión y conducidos a San Sebastián, a la cárcel de Ondarreta. Dos días más tarde, cuando los familiares acudieron a la prisión, un guardián les indicó que habían quedado en libertad. Tras buscarlos infructuosamente los localizaron en una fosa en Hernani (Oktubre, 1987, 237-240).
Las otras poblaciones del valle también sufrieron las represalias de los vencedores. Arechavaleta formó una Junta de Defensa local compuesta por 6 nacionalistas y 6 izquierdistas, presidida por el alcalde que detuvo a 12 personas, requisó trigo, impuso algunas multas y, una vez finalizadas las reticencias iniciales de los nacionalistas, reclutó voluntarios para las milicias, según el testimonio de Máximo Alberdi (Gamboa-Larronde, 2006, 440-445). El 20 de septiembre, poco antes de la caída de la villa, los presos fueron trasladados a Bilbao. La mayor parte de la población de origen emigrante, unos 40 gudaris y 15 familias nacionalistas evacuaron la población. Tras la entrada de las tropas sublevadas y pese al intento del nuevo alcalde, Ensebio Alcorta, para evitar injusticias y violencias, las denuncias de otro vecino provocaron varias detenciones y dos de los afectados por las mismas fueron ejecutados: el presidente de Solidaridad de Obreros Vascos, Isidoro García Echave, en Oyarzun y el presidente de Euzko Etxea, Victoriano Akizu, en Hernani. Una vez caído el Frente Norte fueron fusiladas otras dos personas, acusadas de ser los responsables de las detenciones: el nacionalista Félix Alberdi Ceberio en 1937 y el socialista Saturnino Sauquillo Echevarría en 1938[241] y otro arechavaletarra, Jesús Peña, desapareció del hospital de Santander donde estaba herido (Askoren artean, 2002, 155).
Tal vez los casos más sorprendentes de toda Guipúzcoa fueron los de la poblaciones de Salinas de Léniz y del vecino barrio de Marín, en Escoriaza. Salinas se trata de una pequeña población rural, 394 habitantes, que había votado en 1936 mayoritariamente a nacionalistas (53,75% y frentepopulistas (13,69%) y que las vicisitudes de la guerra situaron en la línea del frente. Aunque el alcalde franquista, el tradicionalista Zacarías Ruiz de Alegría, indicó en 1940 en el informe a la Causa General que nada había sucedido en la localidad, «gracias a Dios», la realidad era bastante diferente. Conocemos lo ocurrido gracias al relato del nacionalista vitoriano Antonio Gamarra, miembro del EBB, que llegó a Salinas el 27 de julio huyendo de la capital alavesa junto con dos hermanos suyos (Gamboa-Larronde, 2006, 315-317). Una vez en la población guipuzcoana, impulsaron la creación de un comité de defensa que fue presidido por el mismo Gamarra. Pero, a los pocos días, fueron denunciados como fascistas, porque no habían ordenado la detención de ningún derechista, ni habían realizado requisas y se formó un nuevo comité, con presencia de nacionalistas y republicanos locales. Finalmente, siete sospechosos de simpatizar con los sublevados fueron detenidos y encerrados en una casa de la localidad. El día 5 de septiembre, sin embargo, fueron todos puestos en libertad por acuerdo unánime de los miembros del comité. Éstos decidieron permanecer en Salinas cuando entraron los militares sublevados, siendo detenidos 25 días más tarde, el 15 de octubre, junto con otros jóvenes. Tras permanecer algunas noches en la cárcel de Mondragón, fueron conducidos a San Sebastián y siete de ellos fusilados sin juicio alguno. El resto fueron encarcelados.
La severidad de la medida está, probablemente ligada a la reflexión de Santiago Vega Sombría (2005, 71) de que la represión fue especialmente dura en el mundo rural, donde las intensas relaciones personales propiciaron el afloramiento de viejos litigios, riñas familiares y pasionales que se mezclaron con el odio político y de clase y, como en el caso de Salinas, incluso con los intereses de los taberneros locales. Pero también a la cercanía del frente y a la resistencia mostrada por los republicanos, lo que había impedido continuar el avance hacia Vizcaya y provocado que se buscase la presencia de espías como causa del estancamiento de la ofensiva. Ambas lógicas también debieron influir en lo sucedido en el vecino barrio de Marín: 6 de los 129 vecinos fueron fusilados en el otoño de 1936 (Oktubre, 1987, 292). Se trataban del párroco Jorge Iturricastillo, cuyas vicisitudes ya hemos comentado y cincos vecinos, cuya implicación política aparente era escasa o nula. El caso más evidente es el de Emeteria Aranburuzabala, de 59 años, madre de 9 hijos, detenida al volver de Salinas donde había comprado aceite. Según las últimas investigaciones, el cura del barrio de Zarimutz estuvo vinculado con las denuncias que condujeron a las detenciones y posterior muerte de esas 6 personas[242]. Salvo Iturricastillo y Errasti, el resto fue fusilado en Hernani, junto con los procedentes de Salinas, el 22 de octubre.
[237] Egaña, Iñaki: Guerra Civil en Hernani. Información previa a. las tareas de investigación y exhumación. Sociedad de Ciencias Aranzadi. San Sebastián, 2003.
[238] Archivo Instituto Labayru, Fondo Onaindia. Carpeta 16-2, 1940, 36.
[239] Lo sucedido en la zona fue estudiado ya en el año 1987 por el grupo Oktubre Taldea y el año 2003 se reeditó la obra, considerablemente ampliada.
[240] AHN, Causa General 1335.
[241] AGMAV, C. 72, Cp. 13
[242] El Diario Vasco,