HERNANIko
Udala

 

VII.
DOS CASOS SINGULARES:
LOS FUSILAMIENTOS
DE LOS PASAJEROS DEL GALERNA
Y DE LOS SACERDOTES

 

 

1. El Galerna, historia de unos fusilamientos

 

      El 15 de octubre de 1936, el buque bacaladero de nombre Galerna partió de Bayona con intención de llegar a Bilbao. Zarpó a mediodía de la capital labortana y en él viajaban la tripulación y un grupo de pasajeros. El Galerna también llevaba correo y documentos a Bilbao. Para entonces, la costa guipuzcoana ya estaba en manos de los franquistas, así como el puerto de Pasajes, y los barcos republicanos debían tener cuidado para no ser atacados. Los republicanos y los franquistas se encontraban en una dura lucha en ese momento, para decidir en manos de quién quedaría el tráfico marítimo de la costa. Hacia la tarde, el Galerna pasó cerca de la costa pasaitarra, a 17 millas, y continuó su viaje hacia Bilbao, tal y como estaba planeado. En aquel momento, los pasajeros vieron que varios barcos habían zarpado del puerto de Pasajes; pensaron que se trataba de barcos pesqueros. Pero pronto descubrieron que eran bous franquistas provistos de artillería. Tras rodear al Galerna y atacarlo a cañonazos, apresaron el barco. Estaba anocheciendo cuando los franquistas regresaron al puerto de Pasajes con su botín. No fue el único barco capturado por los rebeldes, pero sí el que más fama alcanzó.

 

 

De buque bacaladero a barco armado

 

      El Galerna fue construido en el astillero escocés de Hall Ruseel en 1927. Desplazaba 1.204 toneladas y medía 70 metros de largo en total. Fue la empresa PYSBE la que encargó su construcción al astillero escocés (Pardo, 1991, 70). Tal y como indica su nombre, PYSBE (Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España) era una empresa que se dedicaba a la industria del bacalao, creada en 1919 por Luis Legasse y Gandioso de Celaya; más tarde se convirtió en empresa anónima y el rey Alfonso XIII fue uno de sus principales socios. A pesar de que se trató de una mera casualidad, cabe mencionar que entre sus accionistas se encontraba Cesar Balmaseda Ortega, miembro de la Junta de Orden Público de Guipúzcoa en octubre de 1936. Por aquel entonces, como el pescado que más se comía en el interior de España era el bacalao se esperaban grandes ingresos en aquella industria y acertaron. Desde el principio situaron la sede de PYSBE en Pasajes de San Juan; allí se encontraban los pabellones de la empresa, las naves para secar el bacalao, el muelle para los barcos, etcétera; es decir, 22.000 metros cuadrados en medio de la bahía de Pasajes. Este dato demuestra la importancia que tuvo esta empresa marítima, no sólo en Euskal Herria, sino en toda Europa, ya que en pocos años convirtió a Pasajes en el puerto de bacalao más importante del viejo continente (Tolosa, 2.000, 366).

      PYSBE requirió muchos trabajadores y pescadores para poder realizar el trabajo. En un principio, en los buques bacaladeros trabajaron marineros procedentes sobre todo de Islandia y Francia, pero fueron sustituidos poco a poco por vascos y gallegos, a medida en que iban aprendiendo cómo hacer el trabajo. Terranova, la península del Labrador, el norte de Noruega, Groenlandia... Los barcos de PYSBE realizaban largos viajes dos veces al año, y los marineros, que se libraban del servicio militar, pescaban en aquellas aguas heladas durante prolongados períodos de tiempo. La empresa pasaitarra construyó barcos capaces de surcar aquellos mares fríos y helados, así como de hacer frente a placas de hielo, es decir, máquinas que se movían mediante vapor y que contaban con un casco de acero. Aquello fue lo que marcó el destino de aquellos barcos en la Guerra Civil. Los dos primeros bacaladeros, el Euskal-Erria y el Alfonso XIII, fueron construidos por los franceses. Tras éstos, los empresarios ordenaron la construcción de otros seis: Galerna, Vendaval, Mistral, Tramontana, Abrego y Bierzo. Salta a la vista que todos tomaron nombres de vientos, y todos pesaban más de 1.200 toneladas. En resumidas cuentas, los buques bacaladeros de PYSBE se encontraban entre los mejores del mundo.

      Cuando comenzó la Guerra Civil, los dirigentes republicanos no perdieron la oportunidad de utilizar aquella poderosa flota. El 18 de julio los bacaladeros se preparaban para zarpar hacia Terranova, pero el 6 de agosto la Comisión de Defensa de Guipúzcoa confiscó las instalaciones de la empresa PYSBE. En septiembre, después de que las tropas de Franco tomaran Irún, dio comienzo la huida. El terror se apoderó de los civiles, y comenzaron a evacuar San Sebastián y los pueblos de alrededor. Los bacaladeros llevaron a miles de personas a Bilbao en varios días; el 12 de septiembre el Galerna y el Vendaval realizaron su último viaje repletos de gente, y casi simultáneamente los requetés navarros llegaban al puerto de Pasajes. En Pasajes tan sólo dejaron los barcos que necesitaban ser reparados, el resto fueron llevados a Bilbao o sino huyeron a Inglaterra, para proseguir con la pesca del bacalao. Mientras tanto, el Tramontana y el Abrego todavía no habían sido terminados. PYSBE los había encargado a un astillero danés y los acabaron para 1937. El Gobierno de Euzkadi envió a varios delegados a Dinamarca con la intención de hacerse con los barcos, pero los mandatarios de Franco se encontraban también allí. Ante aquella situación, el gobierno danés decidió que los barcos permanecerían allí hasta que finalizara la guerra, no serían ni para unos ni para otros.

      Hacia octubre de 1936, el Gobierno de la República mandó varios barcos de guerra al mar Cantábrico, para que hicieran frente a la flota franquista. Desde que comenzó la guerra, los republicanos habían tenido grandes dificultades para controlar el tráfico marítimo en la costa cantábrica, porque la mayoría de la flota de la tropas españolas que se encontraban en El Ferrol se unió al alzamiento. Desde la evacuación de San Sebastián, la mayoría de los barcos de PYSBE estaban en el puerto de Bilbao, en manos de la Comisaría de Defensa de Vizcaya. Esta Comisaría fue la que decidió que los barcos Vendaval y Galerna serían utilizados para llevar el correo de Bayona a Bilbao, bajo la protección de los barcos de guerra republicanos llegados ese mes. Y en eso se encontraba el Galerna cuando fue capturado aquel fatídico día 15.

 

 

Los franquistas “de pesca”

 

      “El buque pirata Galerna es capturado a 18 millas de Pasajes”. Ese fue el titular que traía el diario tradicionalista La Voz de España el 16 de octubre de 1936. El hecho de que el barco republicano hubiera caído en manos franquistas fue celebrado como un gran triunfo en cuanto tomaron tierra, y la prensa franquista relató con todo detalle lo ocurrido en el mar. El barco Virgen de Iciar transportaba requetés, en el Denis falangistas y en los barcos Alcázar de Toledo (los franquistas habían liberado la capital manchega en aquel momento) y Virgen del Carmen voluntarios llegados de Galicia^[120]. Según La Voz de España, en cuanto los cuatro barcos se aproximaron, el Galerna dio la vuelta, pero varios cañonazos fueron suficientes para su rendición. El diario afirmaba que el barco republicano había mandado un mensaje por radio y que los bous franquistas tuvieron que pasar un gran aprieto cuando se les acercó un barco de guerra republicano. Finalmente, con las luces apagadas, tuvieron que regresar rápidamente al puerto. En él iban 80 personas según el diario donostiarra, 28 de ellos tripulantes y alrededor de otros 50 pasajeros, entre los que había también mujeres y niños. La Voz de España destacó algunos nombres conocidos entre los viajeros y supuso que el resto serían “milicianos rojos” (no aclaraba si contaba a los niños como milicianos). Parece ser que incautaron 150 sacos llenos de documentación en el Galerna, y el diario relataba cómo antes de que el barco fuera capturado, los viajeros habían arrojado mucha documentación al agua. Los detenidos fueron llevados en dos autobuses a Ondarreta, y la tripulación, en cambio, se quedó en el barco.

      Al día siguiente, el 17 de septiembre, llegó el turno de El Diario Vasco. Este diario no publicó un artículo neutro. Empleó palabras muy duras y acusaciones directas en contra de los viajeros del Galerna, y tuvo como blanco especial al sacerdote nacionalista José Ariztimuño Aitzol: “energúmeno”, “siniestro” y “sacerdote separatista”, esos fueron algunos de los calificativos que El Diario Vasco dedicó a Ariztimuño. No fue el único señalado. He aquí un fragmento como muestra de aquellas acusaciones y del tono amenazador recogido en el artículo: «Me cuentan los chismes del barco: al cocinero gordo y lustroso lo llevan como pieza de gran peso, para cuando un barco rojo tarde en hundirse». El Diario Vasco mostraba en su reportaje dos fotografías de la llegada del Galerna al puerto y en una de ellas aparecen varios viajeros.

      Pero, ¿quiénes eran aquellos pasajeros? Y ¿qué hacían en el barco? Resulta más fácil aclarar la primera pregunta que responder a la segunda. Conocemos los nombres de la mayoría de los viajeros, ya que aparecen en un informe del Consulado Español en Bayona. Disponemos además, de otra lista elaborada por el Gobierno de Euzkadi. Se nota que esta segunda lista se hizo de prisa y corriendo, por las numerosas faltas de ortografía, y además, aparecen algunas variaciones si se compara con la lista del Consulado^[121]:

 

Listas oficiales de los pasajeros del Galerna

Consulado Español de Bayona

Gobierno de Euzkadi

Aurora Garrigos Ignacio Villaverde Pedro Baras Maria Velez Leonor Modrego Maria Jesús Modrego José Luis Modrego Maria Luisa Modrego Maria Oteiza Pedro Mari Jauregui Maria Lourdes Jauregui Avelino Sala Aurelio Alvarez Manuel Guruceaga Benito Caviña Juan Antonio Landín Urreta Zacarias Elustondo Zulaica Manuel Rivero Flor Francisco Rivero Perales Joaquin Cartón Pajares Martina Garralda Rafael Pueyo Pilar Pueyo Eugenio Pueyo Juan Miranda Encarnación Oliden José Cerdan José Navamuel Castillo Miguel Artola Felisa Gastaminza José Ariztimuño Olaso Natividad Aldazabal Teresa Manrique       (y tres hijos) Teófilo Monge (y tres niños       de 7, 8 y 9 años) Francisco Saizar José Jurico Salvador Jauregui       (no embarcó) Tomás Larrinaga Andrés Lecertua Raimundo Gamboa Jean Pelletier

Aurora Garrigoz Ignacio Villaverde Pedro Paraz Maria Perez Leonor Modrego Maria Jesús Modrego José Luis Modrego Maria Luisa Modrego Maria Oteiza Pedro Maria Jauregui Maria Lourdes Jauregui Avelino Salva Aurelio Alvarez Manuel Lizarraga Benito Trevilla Juan Antonio Landi Zacarias Eluztondo Manuel Rivero Flor Francisco Rivero Perales Joaquin Cartón Martina Garralda Rafael Puello Pilar Puello Eugenio Puello Juan Miranda Encarnación Oliden José Cerdal José Zababuel Miguel Artola Felisa Gastaminza José Ariztimuño Natividad Aldazabal Teresa Manrique   Teófilo Monje (y tres niños         de 7, 8 y 9 años) Francisco Saizar José Jurico Salvador Jauregi   Ez da agertzen Andrés Lecertua Raimundo Gamboa Juan Pelletier

 

      Pueden advertirse ciertas diferencias entre las dos listas, además de las faltas ortográficas. Por un lado, puede apreciarse que Salvador Jaúregui no embarcó en el Galerna, pero aparece en la lista elaborada por el Gobierno. Por otro lado, en la lista del Consulado viene el nombre de Tomás Larrínaga (Larrínaga era un empresario de Algorta y organista de Galdácano), pero ese nombre no aparece en la segunda lista. Además, el Consulado afirma expresamente que Teresa Manrique viajaba con tres hijos y en la lista del Gobierno Vasco no se mencionaba nada al respecto. Así pues, aparecen más de 40 personas en total, y se menciona también a la tripulación, pero no se dan sus nombres^[122]. Llegados a este punto, conviene hacer un alto. Y es que, ¿los pasajeros del Galerna son realmente los que aparecen en las listas oficiales? ¿No podría ser que algunos pasajeros se embarcaran en el Galerna al margen de la lista oficial? Naturalmente, intentaron llevar un control exhaustivo de los pasajeros, pero el caos de la guerra puede dejar muchos resquicios y tenemos indicios para pensar que ocurrió algo parecido. Por ejemplo, podemos mencionar el caso del donostiarra José María Elizalde Zubiri. Este nombre no está registrado en las listas. Pero tal y como afirman sus familiares, se encontraba en el Galerna cuando el barco fue apresado^[123]. Elizalde era comercial y la guerra lo sorprendió en Barcelona, de allí huyó a Francia, y estando en Iparralde, los familiares creen que intentó regresar a Hegoalde, para encontrarse con su familia. El nombre de Elizalde aparece en un documento firmado por el comandante franquista y juez Ramiro Llamas. En una comunicación fechada el 17 de octubre se da la orden de liberar a Elizalde y a otras 13 personas (entre ellas se encuentran algunas personas apresadas en el Galerna, como por ejemplo José Ariztimuño Aitzol)^[124]. En aquellos tiempos en los que quedar “libre” era sinónimo de fusilamiento, podemos suponer cuál fue el destino de todos ellos. Por lo tanto, los datos que aparecen en las listas mencionadas anteriormente podrían estar incompletos, al menos, según la información que tenemos entre manos.

      Tal y como ya hemos mencionado, lo realmente difícil es dar respuesta a la segunda pregunta planteada sobre los detenidos: ¿Qué hacían de camino a Bilbao? Cuando menos, tenemos información sobre algunos. José Ariztimuño Aitzol era, sin duda, el más conocido entre los pasajeros, el “gran pez”, tal y como escribió lleno de desprecio El Diaro Vasco. Aitzol (el mote es la abreviatura de los apellidos Ariztimuño y Olaso^[125]) tuvo un gran protagonismo durante los años de la República^[126]. Son incontables los actos, periódicos y asociaciones que impulsó este sacerdote tolosarra. Tomó el testigo de Antoine d’Abbadie para organizar los Juegos Florales y los campeonatos de bertsolaris; formó la asociación Euskaltzaleak; editó el diario nacionalista El Día; se valió del sindicato ELA-STV para defender el cristianismo social; recibió críticas de la Iglesia por dar un discurso ante los comunistas en San Sebastián; participó en los mítines a favor del Estatuto y organizó las misiones diocesanas, sobre las que escribió varios escritos. Cuando comenzó la guerra, huyó a Iparralde, junto con su amigo José Mari Benegas. Según el testimonio de Don José Miguel de Barandiaran, Ariztimuño procuró, desde el inicio de la guerra, que los nacionalistas no se enfrentasen a los militares sublevados, pensando que los nacionalistas estaban fuera del objetivo de aquellos. Encaminó, además, el esfuerzo nacionalista a defender personas y edificios en peligro. Cuando él mismo, a finales de agosto, tuvo que pasar la frontera, intentó humanizar la lucha, llegando a acercarse a Navarra para hablar con los militares, pero cuando éstos intentaron detenerle apreció el verdadero significado de la guerra (Gamboa-Larronde, 2006, 88-89).

      Aitzol permaneció en Hendaya durante una temporada y luego se hospedó en el monasterio benedictino de Belloc. El sacerdote continuó escribiendo en los periódicos^[127] y ayudó a los refugiados que llegaban a Iparralde a encontrar alojamiento o trabajo. Estuvo en Belloc un mes y recibió la visita de varios amigos: Alberto Onaindia (hermano del sacerdote Celestino Onaindia, al que fusilarían al poco tiempo), Jesús Elósegui y Antonio María Labayen, entre otros^[128]. Aquellas actividades en el exilio trajeron problemas al sacerdote. Y es que los encargados de Belloc le confesaron que temían que los franquistas atacaran a los benedictinos de Lazcano (Iturralde, 1978, 348-349), con la excusa de que él se encontraba en una abadía de la misma orden. Ariztimuño, en cuanto supo que podía poner en peligro a los benedictinos de Lazcano, decidió marcharse. Al principio dudó si permanecer en Francia y trabajar como periodista o regresar a Hego Euskal Herria. Finalmente, tomó una decisión el 15 de octubre, tras dar su última misa en Ciboure, se embarcó en el Galerna hacia Bilbao. El capitán del Virgen del Carmen, (uno de los bous que lo apresaron), cayó en manos republicanas meses más tarde y fue interrogado por un amigo de Aitzol, el abogado tolosano Germán Iñurrategui. Según la versión de éste, el capitán sublevado había preguntado a Aitzol por qué volvía a la guerra y ésta fue la respuesta del sacerdote:

 

      La causa de Dios, primero, y la de mi pueblo después, precisa del auxilio espiritual de sus ministros, más, mucho más, en la guerra que en la paz. Aparte de toda otra consideración, mi misión no está cerca del convencido, sino del ignorante, ¿no dicen ustedes que los vascos han perdido la fe y que la religión sólo se asienta en su bando? No, capitán; mi deber y mi apostolado me obligan a abandonar la inactividad de Betherran y correr a prestar los auxilios espirituales a aquel que me los reclame... (Iñurrategui, 2006, 106).

 

      Además de José Ariztimuño, sabemos también de otros pasajeros: Francisco Saizar, el conocido médico donostiarra y miembro de ANV, que entre julio y septiembre fue miembro de la Comisaría de Abastos de Guipúzcoa; el pelotari José Juriko; el que era presidente de Socorro Rojo José Cerdán; el piloto de aviones francés Jean Pelletier; Juan Miranda, trabajador de la Diputación de Guipúzcoa y miembro del Partido Comunista, entre otros, eran unos de los más conocidos de los que iban en el barco. En el Galerna viajaba también el empresario Raimundo de Gamboa. Gamboa nació y creció en Guernica, pero había vivido en Madrid durante muchos años, junto con su esposa y cinco hijas, ya que tenía sus negocios en la capital del Estado. Sin embargo, en 1936 toda la familia se fue a Bilbao, y cuando comenzó la guerra, Raimundo estuvo organizando el Itsas-Mendi, el batallón de Lequeitio. En septiembre de 1936, Gamboa tuvo que regresar a Madrid (para evitar el frente de la guerra realizó el recorrido de Francia-Barcelona-Madrid). En la capital se reunió con José Antonio Aguirre en más de una ocasión. Tomó el mismo camino de vuelta, pero se detuvo en Bayona, esperando un barco que lo llevaría a Bilbao. Mientras tanto, Gamboa comenzó los estudios de piloto de aviones, pensando en que le sería útil para la guerra. Estaba en ello cuando se embarcó en el Galerna (Gamboa, 2004). Conocemos también el caso de Juan Antonio Landin. El padre de este abogado de 21 años fue capitán de barco y metereólogo de Igueldo, pero cuando comenzó la guerra se fue a Bilbao, bajo las órdenes de la Diputación. De todas maneras, Juan Antonio Landin se encontraba en Bayona el 15 de octubre y embarcó en el Galerna con intención de regresar a Bilbao^[129]. El donostiarra Manuel Guruceaga tenía la misma intención. Guruceaga trabajaba en el matadero de Gros antes de que comenzara la guerra; su hermano fue alcalde de Astigarraga y huyó a Bilbao cuando estalló la guerra. Por eso los familiares creen que Manuel Guruceaga iba de Bayona a Bilbao a encontrarse con su hermano cuando fue capturado en el Galerna^[130].

      No sabemos con exactitud qué es lo que ocurrió con la tripulación, pero parece ser que en un principio fueron llevados a Ondarreta. Según un documento hallado en el archivo de Artea, el cocinero del Galerna Francisco Odriozola permanecía preso en San Sebastián el 29 de mayo de 1937^[131]. Sin embargo, otro documento afirma que toda la tripulación fue llevada al fuerte de San Cristóbal desde Ondarreta^[132]. Además del cocinero, hemos podido identificar a otro miembro de la tripulación: un marinero pasaitarra de 33 años llamado Alberto Lores Solé^[133]. El nombre de Lores aparece en la listas de presos de San Cristóbal y el tribunal de San Sebastián le condenó a 30 años de cárcel. Pero junto con Lores aparecen otras 17 personas en las listas, condenadas éstas también por el tribunal de San Sebastián por el mismo delito, y además fueron llevadas a San Cristóbal el mismo día (Alforja-Sierra, 2005). Esta versión coincide sustancialmente con la ofrecida por Pelletier. Según éste, la tripulación del Galerna llegó a Ondarreta en enero para ser sometida a un consejo de guerra. El capitán Echenique, el camarero y otro marino fueron condenados a muerte y ejecutados el 16 de marzo, el resto fueron castigados con la reclusión perpetua (Pelletier, 1937, 82). Con esos datos en la mano, se podría pensar que eran los miembros de la tripulación del Galerna los que junto con Lores fueron llevados a San Cristóbal el 15 de octubre de 1937^[134]. La mayoría de ellos son guipuzcoanos, pero también hay gallegos y asturianos. Dos de ellos tomaron parte en la famosa huida de 1938 y fueron asesinados aquel mismo día.

 

 

El Galerna: ¿capturado o entregado?

 

      La manera en que se capturó al Galerna encierra grandes sospechas, y así lo han señalado los historiadores que han escrito al respecto. Pero no sólo los historiadores, también los que vivieron aquellos acontecimientos dudan sobre la versión que hemos visto con anterioridad. Pedro Lecuona era el cónsul español en Bayona por aquel entonces. Nos han llegado varios informes redactados por él, y en uno de ellos, aporta datos sobre el Galerna, precisamente en el mismo texto en el que aparece la lista de los pasajeros^[135]. Lecuona se quejaba de que la costa no era segura y de que los barcos que transportaban correo tenían que correr grave peligro. El informe muestra, por otra parte, que el Galerna llegó el 14 de octubre a Bayona pero, que nada más llegar el gobierno francés lo retuvo, porque tenía unos problemas de crédito con la compañía inglesa Peacock, con domicilio en Glasgow. Dejaron el asunto en manos de los abogados y el 15 de octubre el barco volvió a hacerse a la mar.

      Sin embargo, existe otro asunto oscuro en el informe: la sospecha de que el capitán pudo entregar el barco. En el anterior viaje realizado por el Galerna (el 12 de octubre), cuando el barco se disponía a zarpar el cónsul Lecuona recibió una denuncia en contra de Germán Gómez y Jorge Martín Posadillo (eran el capitán y el primer oficial del barco, respectivamente). La denuncia la puso un maquinista llamado Ángel Louvelli y según la misma, aquellos dos hombres «no recatan en ningún lado sus ideas fascistas». El cónsul habló con Gómez y Posadillo. Parece ser que Gómez tenía intención de ir a Inglaterra por motivos personales, pero Lecuona no se lo permitió y ordenó a ambos que en cuanto llegaran a Bilbao se presentaran ante las autoridades, para que aclararan ese asunto cuanto antes. A pesar de que Posadillo embarcó, el capitán Germán Gómez se quedó en tierra. Pero, ¿por qué? Tal y como explicó en Hendaya al hermano de un político llamado Fernández Clérigo, el capitán del Galerna temía que lo fusilaran si iba a Bilbao, ya que había ayudado a un “fascista” llamado Hurtado de Saracho a huir de Bilbao a Bayona. Gómez confesó que recibió numerosas propuestas por parte de los franquistas para que les entregara el barco, pero que él no haría algo así, que prefería quedarse en tierra. Mientras tanto, Posadillo regresó de Bilbao, diciendo que lo había arreglado todo. Al día siguiente, el 15 de octubre, el Galerna zarpó de Bayona, y fue nuevamente Jorge Martín Posadillo quien llevó a cabo las labores de capitán, ya que Germán Gómez no volvió a aparecer. A partir de ese punto del informe es donde aparecen los recelos de Lecuona; así es como lo explica:

 

      Según se me ha dicho, los que mandaban los barcos-correos tenían orden de alejarse de 40 a 50 millas. Según La Voz de España el Galerna fue apresado a 17 millas de Pasajes. El Galerna disponía de radio con el que tenía yo entendido que se avisaba a Bilbao. (...) Podía hacer hasta 12 millas y podía considerársele blindado, porque estaba construido para navegar entre hielos. Los bous no podían hacer mas de 10 millas y media. Y esos bous, armados con unos cañoncitos, han apresado a un barco de 1.200 toneladas, blindado y de mas andar que los bous.

 

      En este escrito el cónsul de Bayona no dice nada directamente, pero deja claramente en evidencia que pretendían entregar el barco. Las sospechas de Lecuona fueron aclaradas por el mismo capitán Germán Gómez cuando apresaron el Galerna. Gómez tuvo que declarar ante las autoridades franquistas y dejó bien claro que tenían intención de entregar el barco: «Acordamos que a las 9 de la mañana del siguiente día y a 17 millas del meridiano de Igueldo me encontraría con el vapor y que 2 bous de Pasajes y una lancha gasolinera obligarían a arrumbarme, a San Sebastián. Allí estaba a la hora prevista, pero no se presentó nadie^[136]. Sin embargo, tal y como aparece en la prensa franquista, el Galerna intentó huir y además presuntamente avisó por radio a otro barco de guerra. Pero esa información es contradictoria si se contrasta con otras fuentes de información. Por ejemplo, tenemos el testimonio de un marinero gallego que participó en la “captura” del Galerna. De acuerdo con sus palabras, entregaron el barco y dejaron libres a sus oficiales en cuanto llegaron al puerto de Pasajes^[137]. Por otro lado, el investigador Juan Pardo afirma que Jorge Martín Posadillo tomó parte en la flota franquista más tarde, es decir, que se pasó al bando fraquista (Pardo, 1995). El piloto Jean Pelletier también es uno de los testigos directos de aquellos acontecimientos. Escribió en unas memorias en 1937 todo lo que le ocurrió durante aquellos meses. Pelletier estaba retirado del cargo de piloto y según parece se dedicaba a vender aviones de juguete para niños, siempre de acuerdo con sus propias palabras. En aquellos días que se encontraba en Bayona y se le ocurrió que podía ampliar su mercado a Bilbao, y por eso embarcó en el Galerna. Pelletier relata en sus memorias que en cuanto divisó los bous pidió al comandante Echenique que tomara el rumbo al norte y que huyeran de allí, pero que el comandante estaba completamente “asombrado” con la maniobra realizada por el capitán del barco (Pelletier,1937,17). Y es que, en lugar de cambiar el rumbo y huir a toda prisa, se dirigió hacia los franquistas. José Barea, quien fuera radiotelegrafista del Galerna afirmó lo mismo al cabo de muchos años, es decir, que el Galerna no intentó huir. Es más, el radiotelegrafista notificó al capitán Posadillo y al que en aquel momento era primer oficial, el vizcaíno natural de Galdácano Domingo Uriarte sobre unas comunicaciones recibidas entre Bayona y Pasajes, pero al parecer «no le hicieron caso»^[138].

      Esas “comunicaciones” mencionadas por Barea están relacionadas con el espionaje. La mayoría de investigadores coinciden en afirmar que el aparato franquista tenía espías al otro lado de la frontera. Los servicios secretos proporcionaban valiosa información a los jefes militares, las rutas de los barcos, por ejemplo, y tal y como decía el cónsul Pedro Lecuona, los dos puntos principales del “espionaje rebelde” eran San Juan de Luz y Bayona. Precisamente, Pelletier menciona en sus memorias un suceso sospechoso relacionado con ese espionaje: mientras aguardaba al barco, estuvo conversando con Raimundo de Gamboa sobre cuándo zarparía el Galerna, y una persona que se encontraba a su lado «esbozó una sonrisa de satisfacción y se marchó». Así pues, parece ser que el hecho de que capturaran el Galerna no fue una casualidad, los oficiales que dirigían el barco en colaboración con los servicios secretos franquistas habían pactado entregar el barco (algunos creen que por una compensación económica de 200.000 pesetas)^[139], tal y como demuestran todos los indicios^[140]. Se ha llegado a decir que el barco fue capturado porque Aitzol se encontraba en él, pero de acuerdo con el historiador Pedro Barruso, esa tesis no tiene mucho peso, ya que Aitzol no decidió hasta el último momento hacerse a la mar en el Galerna. Por lo tanto, el objetivo de los franquistas no fue capturar a Aitzol, sino detener el barco-correo (Barruso, 2001, 102).

 

 

Ondarreta y Hernani

 

      Fue una detención violenta, por lo menos eso es lo que afirman los testigos. Se dijo a los pasajeros que no se les haría daño, pero por si acaso, todos se metieron en las bodegas del barco cuando fueron rodeados por los franquistas. Bajo la orden del teniente Javier Saldaña, se rodeó el buque bacaladero y sacaron a los que en él se encontraban uno a uno al barco llamado Alcázar de Toledo. Les hicieron salir saltando de un barco al otro y algunos resultaron heridos en aquel momento, entre ellos el médico Francisco Saizar (Pelletier, 1937, 56-59). Mientras llevaban a cabo esa operación, divisaron un barco republicano que se acercaba y toda la flota se dio a la fuga (tuvieron que tomar puerto con las luces apagadas).

      En el puerto, entre los gritos de victoria de los franquistas, colocaron a los prisioneros en filas y un grupo les obligó a levantar la mano y a cantar himnos fascistas (Pelletier, 1937, 22). Después, todos los detenidos fueron esposados dedos en dos y fueron trasladados en dos autobuses a la cárcel de Ondarreta^[141]. La única noticia directa de la estancia en Ondarreta es el testimonio del piloto Pelletier; quizás podría tratarse de un relato un tanto exagerado, pero sirve para que nos imaginemos lo que allí vivieron los detenidos. Según Pelletier, los guardias civiles de la cárcel les arrebataron sus objetos de valor y después, metieron al francés en otra celda. Lo torturaron con crudeza y cuando salió de la ciega vio a Aitzol «con la cara ensangrentada y desfigurada». Según el relato de un oficial del Virgen del Carmen, pasado posteriormente al bando republicano, Aitzol sangraba a consecuencia de un resbalón en cubierta (Iñurrategui, 2006, 104). En aquellos días el jesuita Juan Urriza estuvo en la cárcel de Ondarreta confesando a los prisioneros, entre los que también se encontraba Pelletier. Así, en una carta que envió al cardenal Gomá el jesuita negaba lo que Pelletier dijo sobre Aitzol: «Que lo golpearon se dijo al principio y fue voz que llegó a nosotros. Por eso tuve empeño en preguntárselo yo mismo al Sr. Ariztimuño (...) No, me contestó rotundamente, pero me han tratado muy mal». En opinión de Juan de Iturralde, la carta de Urriza está viciada, ya que se escribió en un momento en el que el régimen franquista había establecido un control severo sobre el clero. Urriza, además, dice únicamente que no le golpearon en el interrogatorio, pero es un comentario capcioso, porque pudieron golpearle después (1978, 353). Un militante nacionalista preso durante el franquismo en la cárcel de Martutene tuvo como guardián a un funcionario de prisiones de Ondarreta llamado Salinas, al que se acusaba de maltratar a Aitzol durante su traslado de la celda al paredón de ejecución (por lo tanto, tal vez después de haber hablado con Urriza) y al que habría atizado un golpe en el rostro con la llave de la celda, arrancándole un ojo (Inza, 2006, 45).

      Siguiendo con los relatos de Pelletier, la noche siguiente, el 18 de octubre, 20 de las personas arrestadas en el Galerna fueron sacadas de sus ciegas y metidas en un camión. Pelletier se salvó en el último momento, pues no le obligaron a subir al camión. Lo acaecido después de aquello puede seguirse a través de la historia oral de Hernani. Según algunas fuentes, cuando estaban listos para ser fusilados, en el último momento, confesaron a los que estaban camino de la muerte, cerca del cementerio de Hernani^[142]. Pero, ¿quién los fusiló? Parece ser que eran los falangistas y los requetés los que tomaban parte en los fusilamientos. La información sobre lo sucedido con los cuerpos procede de la familia Goya. Esta familia residía al lado del cementerio de Hernani. Joxe Goya era nacionalista y le aconsejaron que lograra un puesto de trabajador público para evitar peligros; por eso se metió a enterrador. Joxe y sus familiares eran completamente conscientes de cuándo se llevaban a cabo los fusilamientos, ya que escuchaban los tiros en la oscura noche. Josebe Goya, la hija menor, solía acercarse al cementerio para saber a quiénes habían fusilado, y es su testimonio el que ha llegado hasta nosotros: «Yo iba corriendo hasta el cementerio, saltando el muro, les veía cavar los agujeros la víspera y quería verlos, a ver si conocía a alguno... Pero allí no se podía reconocer a nadie; los cogían del carro y los echaban al agujero como carne, en una ocasión conté dieciocho, en otra veinte... Cada vez que los traían yo estaba allí»^[143]. Existe un documento oficial en el archivo de Hernani que confirma que Aitzol fue asesinado en Hernani; se trata de un informe redactado por la Guardia Civil en 1958. En él se recogen los nombres de siete personas fusiladas en Hernani, entre ellos el de Aitzol^[144]. La familia Goya conocía a Aitzol y cuando lo fusilaron, intentaron sacar el cuerpo del tolosarra de la fosa y llevarlo a un panteón; presentaron la petición de un familiar de Aitzol, pero finalmente los dirigentes fascistas no permitieron hacer el traslado^[145]. Sin embargo, sí que pudieron sacar el cadáver de Juan Antonio Landin. Su novia era amiga de la familia Sarasqueta, y enterraron en su panteón el cuerpo , con la ayuda de Joxe Goya (Torres, 2003b, 87-88).

 

 

¿Fusilaron a todos?

 

      Las fuentes de las que nos hemos valido hasta ahora afirman que junto con Aitzol, mataron a varias personas más. Pero, ¿quiénes acompañara a Aitzol en ese último viaje? Por lo que relatan algunos testigos, el famoso sacerdote fue asesinado junto con otras dieciocho personas, entre ellos una joven de 18 años^[146]. A pesar de todo, ya hemos comentado anteriormente que existe un documento firmado por el juez Ramiro Llamas, en el que aparecen nombres concretos. Se trata del documento que dejaba libres a Aitzol y a otras trece personas. Aquella era la fórmula empleada para ocultar los fusilamientos, se decía que eran “libres”, para más tarde fusilarlos de manera extrajudicial. Estos son los nombres que aparecen junto al padre José Ariztimuño:

 

      Luis Megido Fernández, Bautista Martínez Fernández, Dominica Artola Echeverría; Luis Echeverría; Luis Lahore Bilbao, Juan Luis Dana; Clemente García Gallego, Manuel Artola Iraola; José Ariztimuño Olaso; José Jurico Zaro; Juan Miranda Alduarte; José Cerdán Murillo, Manuel Guruceaga Arruabarrena; Ignacio Villaverde Morón y José María Elizalde Zubiri.

 

      Muchos de ellos no aparecen en la lista de pasajeros del Galerna y eso hace que nos surja una duda: se trata de pasajeros “no-oficiales” del Galerna o estaban presos en la cárcel de Ondarreta y los fusilaron junto con los presos del Galerna? Posiblemente haya algo de los dos; está claro que aquella noche no mataron a todos los del Galerna. Aún más, no es posible asegurar que fusilaran a todos los pasajeros del buque bacaladero, a pesar de que así se afirme en varios lugares (Barruso, 2005,161). Lo que sí sabemos es que algunos de los pasajeros del Galerna fueron fusilados más tarde. Por ejemplo, Jean Pelletier menciona el caso de Francisco Saizar. Tal y como explica el piloto francés en su libro, Francisco Saizar fue llevado a Hernani unos días más tarde, para que identificara a algunas personas que habían sido fusiladas días antes, pero finalmente él también fue fusilado^[147].

      De todas maneras, el fusilamiento de Aitzol tuvo un gran eco en la prensa nacionalista y muestra de ello son las revistas de los vascos exiliados. Cuando mataron a Aitzol, Vicente Ametzaga publicó en la revista Nación Vasca un amplio artículo sobre este hombre de la cultura, destacando las principales iniciativas impulsadas por el tolosarra y rechazando su muerte: «Un asesinato cruel y estúpido nos lo ha arrebatado. Los sedentes adoradores de la tradición vasca matan en su nombre a quien dedicó lo mejor de su vida al euzkera^[148] decía Ametzaga al final de su artículo. Además, esta revista se hacía eco de una noticia del diario Euzkadi, relatando cómo había sido la muerte de Aitzol. El diario decía que se le había dado la oportunidad de corregir públicamente sus “equivocaciones”, pero que no la había aceptado; de acuerdo con el diario, el sacerdote tolosarra pidió que se le permitiera decir unas palabras antes de morir, y tras su sermón, muchos de los que empuñaban el fusil se negaron a disparar. Finalmente tan sólo dos tiros mataron a Aitzol^[149]. Tras el asesinato, las revistas nacionalistas alabaron la figura de Aitzol durante años, especialmente cuando llegaba el 18 de octubre, José Ariztimuño se convirtió en mártir para aquellas revistas, así como para los nacionalistas católicos^[150].

 

 

Fin del Galerna

 

      ¿Qué ocurrió con el vapor Galerna? Los franquistas organizaron un acto dos días después de haber capturado el buque bacaladero, en domingo. El Diario Vasco relataba de esta manera el 21 de octubre lo acaecido en aquel acto, bajo el título “A bordo del Galerna”:

 

      El domingo por la mañana tuvo lugar una misa a bordo del vapor Galerna apresado a los marxistas días pasados en alta mar por los bous armados de este puerto. Fue una gran fiesta para Pasajes a la que acudieron representaciones de la fuerza armada y autoridades del puerto, los que oyeron la misa reverentemente. También acudió mucho público de los tres Pasajes que una vez terminada la fiesta religiosa irrumpió en aclamaciones entusiastas.

 

      Tras los fusilamientos de octubre, el Galerna continuó su camino, pero en el bando de los franquistas. El buque bacaladero fue provisto de artillería en El Ferrol (dos cañones de 101’6 mm y otros dos de 47 mm). Con una tripulación de 69 personas, tenía su base en Pasajes, su lugar de nacimiento. Allí llevaba a cabo sus labores de vigilancia, pero el Galerna también participó en operaciones especiales en Vizcaya y Santander (Pardo, 1995, 90-93). Por ejemplo, tomó parte en el bloqueo de Bilbao bombardeándolo y cuando comenzó la evacuación de la capital vizcaína, capturó varios barcos repletos de pasajeros. En Santander sufrió el ataque de un barco de guerra republicano y por esa razón fue llevado de vuelta a Pasajes, para que fuera reparado. Cuando acabó la guerra, el Galerna fue devuelto a sus propietarios, a la compañía PYSBE, y volvió a dedicarse a la pesca del bacalao hasta 1965, cuando fue retirado del tráfico marítimo y desmontado para chatarra (Urrutia, 2003, 600). Durante largos años, el vapor Galerna ha llevado consigo el peso de los fusilamientos de la guerra, y todavía lo lleva.

 

 

Las muertes de los sacerdotes

 

      Los Sacerdotes nacionalistas fueron ejecutados por las autoridades regulares del Ejército de Ocupación, después de someterles a procedimientos sumarios establecidos por las necesidades de la guerra. Los sacrificados por los rojos, en su inmensa mayoría, lo fueron por hordas incontrolables, como ellos mismos las llamaban. Los unos murieron después de recibir todos los auxilios normales en tan tristes ocasiones. Los otros, martirizados en forma espantosa. Y sobre todo, unos cayeron, por motivos de orden político, por considerárseles traidores a España, no víctimas de una persecución religiosa.

(Ramón Sierra Bustamante, 1941, 209)

 

      ¿Se tramitaron procesos? ¿Quiénes declararon? ¿Qué testigos depusieron en esos procesos? ¿Eran o no recusables en derecho? De todo esto no se dio cuenta a la autoridad eclesiástica; se prescindió completamente de ella, se le ocultaron cuidadosamente todas las actuaciones de los tribunales militares, y se conculcaron en caso tan grave los sagrados cánones de la Santa Iglesia, se pisoteó la inmunidad y el fuero y foro de los eclesiásticos, y éstos, sin poder defenderse, fueron juzgados, sentenciados y fusilados sin piedad.

(Mateo Múgica, 1945, 14)

 

      Uno de los elementos diferenciadores característico de la Guerra Civil en Euskal Herria fue la actitud que mantuvo un sector de los sacerdotes vascos. Y es que, a pesar de que en España la mayoría de los religiosos y de la jerarquía se mostraron a favor de Franco, un grupo de sacerdotes vascos, partidarios del nacionalismo, además de no unirse al Alzamiento, apoyaron al gobierno legítimo, sobre todo al recién creado Gobierno Vasco. Aquella actitud los convirtió en víctimas de la represión: unos fueron destinados a otros lugares, otros fueron encarcelados y un último grupo de 16 religiosos fue asesinado. Sorprende esa dureza, teniendo en cuenta que la religión tenía poca relevancia en los primeros documentos militares y no se mencionaba entre las razones del Alzamiento. En cualquier caso, Mola enseguida se dio cuenta de las ventajas que podría proporcionarle la palabra de Dios (Casanova, 2001, 42 y 68). Pero, el hecho de que los nacionalistas vascos se mostraran en contra de los militares tuvo una gran repercusión por aquel entonces, pues hizo que se tambaleara la defensa que los militares hacían de la religión ante los católicos del mundo, y fue fuente de numerosas polémicas y debates. Como ejemplo de todo aquello podríamos mencionar lo redactado por el cardenal Gomá en sus cartas sobre lo acaecido en aquella época. En la primera reunión oficial que se celebró entre Gomá y Franco, el 29 de diciembre, el jefe de los sublevados volvió a pedir al Vaticano que condenara la actitud de los jeltzales, «una desautorización de la conducta de los vascos por parte de las autoridades eclesiásticas podría, tal vez, en estos momentos de depresión moral en que se hallan, ser un factor decisivo en el propósito de desistir de la lucha»^[151]. Pero el Vaticano, a pesar de la simpatía que profesaba por Franco, no se atrevió a publicar ningún documento a su favor hasta que murió Pío XI, cuando se veía el fin de la guerra. De esta manera, a pesar de que los republicanos asesinaron a 7.000 religiosos en el Estado español y a unos 45 en Euskal Herria, mediante acciones salvajes y violentas, la resistencia que les opusieron muchos católicos vascos perjudicó gravemente a los militares sublevados.

      Por otro lado, las ejecuciones de los sacerdotes crearon una especie de pacto de sangre entre sus correligionarios, para que no desapareciera su recuerdo y publicaron varios escritos sobre lo sucedido, comenzando por la guerra y hasta la década de los ochenta^[152]. El propio Gobierno Vasco destacó en sus publicaciones los ataques perpetrados en contra de los sacerdotes. Esta fijación, involuntariamente, relegó a un segundo plano el fusilamiento de otros cientos de personas, a pesar de que los testimonios sobre los sacerdotes siempre subrayaron que sus compañeros fueron asesinados en el contexto de la guerra, junto con otras muchas personas:

 

      Con esta lista no se pretende presentar al Clero Vasco, como único perseguido. Son muchos los miles de vascos perseguidos, asesinados, fusilados, condenados, exiliados, desterrados, multados.

(Euzko Apaiz Taldea, 1978, 9)

 

      Sin embargo, las imágenes que se distribuyeron dieron más relevancia a las 15 personas asesinadas en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa que a las otras dos mil. Y todo ello por dos razones. La primera estaba estrechamente ligada a la política de Franco y los nacionalistas que se encontraban en el exilio. Así, cuando en 1946 la Organización de Naciones Unidas comenzó a debatir si tomar o no medidas en contra de España, la diplomacia franquista retomó el tema de los católicos asesinados durante la guerra. En la carta que Manuel Irujo escribió a Galíndez le aconsejaba lo siguiente: «puesto que Franco ha anunciado su defensa acudiendo al socorrido tópico de los muertos y de la persecución a la Iglesia, carguemos de nuevo sobre la persecución al clero vasco»^[153]. La segunda razón es más sencilla: sus trabajos han sido los únicos que durante mucho tiempo han tratado el tema de la represión. En Navarra, como es sabido, no ha ocurrido lo mismo, ya que la represión se estudió en la década de los ochenta, pero en la Comunidad Autónoma Vasca no se realizó ningún trabajo sobre el tema en aquel entonces. Además, allí tan sólo mataron a un sacerdote entre casi tres mil personas. Las características de los curas, que formaban parte y eran símbolo de un sector social pequeño pero muy importante, ayudaron a poder llevar a cabo una contabilidad exacta, lo que en otros casos resultaba realmente difícil. De este modo, en el informe que el Gobierno Vasco publicó en 1938, se recogían estos datos: en el obispado de Vitoria se habían fusilado 15 curas, 137 estuvieron en la cárcel, 263 se exiliaron y más de 300 fueron desterrados a otras parroquias. Esas cifras, más o menos, correspondían al 30 % de los sacerdotes de la diócesis. En el libro publicado en 1977 por Euzko Apaiz Taldea, se mencionaban 224 encarcelados y 14 fusilados, siendo unos 700 los que de una manera u otra fueron perseguidos. Los sacerdotes exiliados, por su parte, siempre contrapusieron su opinión a la de los sacerdotes navarros, ya que estos últimos tomaron las armas y dirigieron a los requetés en la recién comenzada Guerra Civil.

      De igual manera, resulta bastante significativo el hecho de que la Iglesia Católica, ni la de España ni la de Euskal Herria, no admitiera la participación que tuvo en aquellos asesinatos, directa o indirectamente, así como tampoco admitió el martirio vivido por aquellos sacerdotes. Y es que, según Hilari Raguer, la Iglesia ha sido muy sensible con sus víctimas pero no con las que no eran las suyas, aunque estuvieran delante de ella. Y, al parecer, aquellos sacerdotes vascos no eran sus víctimas. Además, en su momento, los nombres de los asesinados no fueron publicados en el Boletín Oficial del Obispado. Aún más, tras publicar los nombres de aquellos sacerdotes asesinados por los republicanos o que murieron por otras razones, añadieron lo siguiente: «sabemos que también han fallecido otros sacerdotes, pero no daremos detalle alguno hasta obtener noticias oficiales». Parece que siguen sin llegar. En octubre del 2006, cuando se cumplía el 70 aniversario de los fusilamientos de los sacerdotes de Mondragón, se cumplieron también 70 años desde que sus nombres desaparecieron de la parroquia local de San Juan. Las paredes de aquella iglesia, que contaban con una placa sobre los caídos por España, nada supieron sobre el fallecimiento de los sacerdotes, ni cuando fueron asesinados, ni tras la muerte de Franco. De acuerdo con Ibón Aperribai, sacerdote en la actualidad de esa localidad, ya va siendo hora de que se pida perdón y de que se perdone, para que haya una verdadera reconciliación. El recientemente fallecido y también sacerdote Serafín Esnaola afirmaba que hubo un tiempo en el que resultaba imposible encontrar libros de Iturralde (1978) o del grupo Euzko Apaiz Taldea (1980) en las tiendas de la diócesis.

      Por último, si los asesinatos de los sacerdotes vascos acapararon toda la atención fue porque muy pocos religiosos se enfrentaron a los franquistas en España. En Mallorca, por ejemplo, el obispo Josep Miralles se posicionó claramente a favor de Franco, pero no eran de su agrado ni los falangistas ni los alemanes; en su momento, publicó la encíclica del papa Pío XI en contra del nazismo titulada “Mit brennender Sorge”, silenciada en muchas diócesis españolas, y sin denunciar directamente la represión o los asesinatos, se publicaron en el Boletín del Obispado las duras palabras del obispo Olaechea “No más sangre”. La mayoría de sus sacerdotes respaldaron la represión, pero hubo quienes se opusieron, y tuvieron como destino la cárcel e incluso la muerte. Eso fue lo ocurrido con Jeromi Alomar Poquet, quien, acusado de ayudar a los republicanos en Mallorca, fue juzgado y condenado a muerte con el consentimiento de Franco, el 7 de junio de 1937 (Massot, 2002 y Pons, 1995). En Galicia, asesinaron al párroco Andrés Ares en octubre de 1936 (Casanova, 2001, 144), en Andalucía hubo algún caso parecido, en Huesca murió el párroco de Loscorrales, José Pascual Duaso (http://www.memoria.org), y otro en Burgos, el sacerdote Mariano Revilla (Sierra 2001,414).

 

 

La persecución contra los sacerdotes

 

      ¿A qué se debía esa actitud en contra de los sacerdotes vascos? Es sabido que desde los tiempos de Sabino Arana hasta nuestros días, los nacionalistas españoles han atribuido a la Iglesia vasca el hecho de propagar el sentimiento nacionalista vasco, a pesar de que los datos indiquen todo lo contrario. Y es que los obispos de Vitoria y los jefes de algunas casas religiosas, además de poner trabas al nacionalismo, también se opusieron a todo lo que representara simpatía por el euskara. A medida en que se extendía el nacionalismo entre la sociedad vasca, también lo hizo entre los sacerdotes de la iglesia vasca, y algunos clérigos destacaron en política, asuntos sociales y, sobre todo, en la defensa y resurrección de la cultura vasca: los más destacados fueron José Ariztimuño y Policarpo Larrañaga. A causa de aquello, se convirtió en algo usual que durante los años de la República el nacionalismo se desarrollara con la ayuda de ese grupo de sacerdotes y que por lo tanto, se identificara la Iglesia Vasca con el nacionalismo. Además, era la primera vez que el obispado de Vitoria y Pamplona se encontraban bajo la dirección de naturales del país: Mateo Mágica, natural de Idiazabal, en Vitoria y Marcelino Olaechea, de Baracaldo, en la capital navarra. Sin embargo, ninguno tenía nada que ver con los jeltzales; Mágica era integrista monárquico, amigo del rey, y Olaechea salesiano y monárquico.

      Tras el Alzamiento, una de las sorpresas que se llevaron los militares fue que, tras la indecisión inicial, los jeltzales se unieron a los republicanos. La esperanza de Mola era que todo el País Vasco Peninsular se posicionara a su favor, por lo que dedicaría sus esfuerzos a conquistar Madrid. En la nueva situación, además de mandar numerosas tropas a ocupar Guipúzcoa, el 6 de agosto los obispos de Vitoria y Pamplona publicaron una pastoral en la que denunciaban que el Partido Nacionalista Vasco se uniera a los republicanos. El documento no logró su objetivo, ya que los jeltzales no creyeron que Múgica hubiera firmado semejante texto libremente, a pesar de que éste lo había corroborado, y, tras pedir consejo a varios sacerdotes, los jeltzales decidieron permanecer al lado del gobierno^[154]. A pesar de que el texto se distribuyera con el consentimiento y la aprobación de Mágica^[155], se trataba de un documento redactado por el cardenal toledano Gomá, que se encontraba de vacaciones en el balneario de Belaskoain. Esta autoridad eclesiástica era famosa por su nacionalismo español y su opinión opuesta a los nacionalistas vascos. Así, tras las elecciones de 1936, enseguida envió un informe al cardenal Pacelli, denunciando la conducta del PNV: «alianzas vergonzosas de los católicos... con revolucionarios de toda laya, descreídos enemigos de la religión y de la patria con el fin de lograr mediante ellas, sus ideales de orden político» (Esnaola & Iturraran, 1994, 783). Durante buena parte de la guerra Gomá permaneció en Pamplona y tuvo un gran protagonismo en todo lo que allí ocurrió. El cardenal Pacelli, por su parte, se ocupaba de los asuntos exteriores de la Iglesia, y, aunque no se atrevió a posicionarse a favor de Franco claramente hasta que finalizó la guerra, era sabido que estaba de su parte (Iturralde, 1978, 544-556).

      La actitud de los jeltzales aumentó el malestar entre los sublevados en dos direcciones. La primera tenía como objetivo el obispo de Vitoria (Iturralde, 1978, 197-205). Para la Junta de Defensa organizada por los militares en Burgos, Mágica era demasiado apocado, ya que no había retirado de sus puestos a los supuestos sacerdotes nacionalistas, desde los del obispado hasta los del seminario, pasando por el vicario general, el rector y el profesor Manuel Lekuona. Los militares pidieron a Mágica que se trasladara a Burgos a comienzos de septiembre, a discutir las medidas necesarias para reducir a los nacionalistas, pero Mágica permaneció en Vitoria, porque sospechaba que lo matarían de camino y aquella decisión se convirtió en una nueva denuncia en su contra. Para aquel entonces, la Junta de Burgos había solicitado a Gomá que expulsara a Mágica de Vitoria (Raguer, 2001, 121), porque sino tendrían que tomar medidas drásticas, incluso cerrar el seminario de Vitoria, mientras se reajustara su dirección. Tras algunos vicisitudes, y a pesar de que las autoridades eclesiásticas se opusieran, finalmente el 14 de octubre, Mágica siguiendo las instrucciones del Vaticano, dejó España y se dirigió a Roma, con la excusa de participar en un Congreso Católico. Nunca volvió a la sede de Vitoria^[156].

      Su sustituto, el nuevo vicario general, hasta julio de 1937, fue Antonio Pérez Ormazabal. Pérez Ormazabal, paradójicamente, estando en la Donostia republicana había pedido a los jeltzales que se mantuvieran fieles al Gobierno. Tras la entrada de los sublevados en la capital guipuzcoana, él y su entorno mostraron lo que era arrodillarse y obedecer a los militares y las nuevas autoridades, así como apoyarles, dejando de lado la patria vasca y ensalzando la española. Hay muchísimos testimonios que demuestran tal actitud, pero mencionaremos uno, el del hermano de Ormazabal, profesor del seminario, quien el 12 de octubre, el Día de la Raza, leyó una poesía: «Madre España, madre España, que eres trono y eres yunque y eres castillo y altar (...) por la cruz y con la espada —motes de gesta sublime— hoy mi pueblo se redime»^[157].

      Junto con Múgica, antes o después, un gran grupo de sacerdotes y religiosos abandonaron Euskal Herria. Algunos tenían una conexión directa con el nacionalismo, otros, en cambio, sólo eran vascófilos. Ese fue, por ejemplo, el caso de don José Miguel Barandiaran. Sin embargo, enseguida se dieron cuenta de que ellos también podían convertirse en objetivos de los sublevados. Ciertamente, los objetivos de los sublevados no se limitaban a los obispos. Los rebeldes, tanto militares como carlistas, acusaban a los jeltzales y a los sacerdotes que ellos consideraban que podían ser sus líderes, de mantener en pie el Frente Norte, con las consecuencias que ello acarreaba. Los carlistas pusieron de manifiesto esa duda ya en agosto, públicamente mediante la prensa y de manera privada. En una carta que el dirigente Fal Conde envió a Goma le indicaba cómo un obispo (no mencionaba ningún nombre, pero no podía tratarse de otro que de Múgica) se había negado a conceder el permiso a algunos sacerdotes para ser capellanes de la armada rebelde, y que al mismo tiempo, no había castigado a los sacerdotes nacionalistas. El día 22, Fidel Azurza, jefe de los carlistas en Guipúzcoa, mandó una carta a Múgica para que castigara a los sacerdotes nacionalistas (adjuntaba una lista con 13 nombres), porque sino tendrían que hacerlo los propios militares. Múgica se negó y solicitó pruebas de aquellas denuncias, así que, como respuesta, una nueva carta de Azurza le acusaba de ayudar a los jeltzales. Y es que,

 

      ...no se trata en este caso de sancionar faltas concretas recientes sino de purificar el ambiente de la provincia apartando de su contacto aquellos elementos que por su tradición nacionalista vasca y el carácter de sus cargos, tan propicios a ejercer influencia espiritual, pueden neutralizar y hacer inútil la gestión que estamos llevando a cabo y para lo cual se necesita una energía y una persistencia excepcionales^[158].

 

      El 10 de septiembre Fal Conde envió otra carta al cardenal Pedro Segura y en ella le informaba sobre la conversación que había mantenido con Goma. Según él, Gomá opinaba que el nacionalismo no era lícito y que había que expulsar a los sacerdotes nacionalistas de Euskal Herria. Fal, por su parte, pensaba que había que ser más severos con los sacerdotes nacionalistas, ya que, «se viene procediendo con notoria debilidad por los militares de aquí arriba», especialmente con el clero. Por eso, tras obtener el permiso del obispo de Pamplona, porque obtener el de Mágica era imposible, expresaba de este modo su opinión

 

      Todos aquellos que estén incursos en el bando militar deben ser fusilados pero por consejo de guerra. Porque en los militares la tendencia es más bien la de eliminarles sin juicio ni publicidad.

      Y, pienso también, que aun aquellos en quienes no se pruebe participación activa, pero que sean de la docena de exaltados, antiguos forjadores de la indisciplina separatista [,] si es solamente el indicio de que habían estado alentando esto [,] también deben caer.

 

      El cardenal Segura le dio su aprobación a Fal Conde (en una carta sin firmar), para apoyando las muertes de los sacerdotes, «creo que nada obsta a que se cumpla ley, para los que en ella han incurrido. Es triste, pero... es verdad. (...). Yo aconsejaría que se hable poco de esto y que se proceda en justicia. (...) pues la cosa es urgentísima por pedirlo el bien de la patria». Al de poco tiempo, la Junta Nacional Carlista de Guerra envió un documento a la Junta de Burgos pidiéndole que tomara medidas más severas en contra de los nacionalistas, así como en contra de los sacerdotes nacionalistas. En el caso de estos últimos, había que asesinar a aquellos que tuvieran una gran implicación, y había que expulsar a los demás, con el consentimiento del obispo o sin él. Aquello debía ser un trabajo para los militares, aunque los carlistas se encargarían de recopilar la máxima información posible para llevar a cabo numerosas detenciones.

      Los militares coincidían en la necesidad de castigar a los sacerdotes nacionalistas. Cabanellas dijo a Gomá el 17 de septiembre en Burgos «al aliarse los nacionalistas con los comunistas, habían obligado a intensificar y prolongar la lucha y a un mayor derramamiento de sangre» (Rodríguez Aisa, 1981,47). Para aquel entonces Gomá estaba dispuesto a aceptar que, a pesar de que San Sebastián se encontraba en manos de los sublevados, para superar la resistencia que podría existir en Vizcaya era necesario cambiar la actitud de los nacionalistas. Para ello se valieron de dos métodos, uno el de las negociaciones secretas, y el otro el de la cruda represión. Al ver que el primer intento podría fracasar, a comienzos de octubre más o menos (más adelante habría más), los sublevados optaron por la segunda, porque no veían otro camino que el de la represión. Esta se plasmó de diferentes maneras, siendo las más importantes las multas, detenciones, encarcelaciones, exilios y asesinatos impuestos a los religiosos.

      Los primeros ejemplos de actuaciones en contra de los religiosos vascos los encontramos en Oyarzun, entre sus sacerdotes, y entre los capuchinos de Fuenterrabía. Los capuchinos de esta última localidad tuvieron problemas con los milicianos de Irún y permanecieron encerrados en el fuerte de Guadalupe una noche, pero pudieron regresar al convento sin muchos perjuicios, gracias a la presión ejercida por los jeltzales. Sin embargo, durante los días siguientes, tuvieron bastantes problemas con los milicianos. Pero tras la entrada de los militares, el 8 de septiembre, surgieron otro tipo de problemas, porque supuestamente los capuchinos compraban prensa nacionalista y no habían saludado al general Mola, y eso a pesar de que los capuchinos habían ofrecido uno de los pisos de su convento a sus soldados y habían dado de comer a tropas marroquíes. Debido a aquella acusación, el superior de los capuchinos navarros, el padre Ladislao de Yabar, fue a Fuenterrabía y notificó a los frailes una decisión bastante dura: todos, exceptuando el General y el vicario, irían presos al convento que los capuchinos navarros tenían a las afueras de Pamplona, porque eran nacionalistas. Al cabo de pocos días los otros dos siguieron el mismo camino, y al día siguiente el vicario y miembro de la Academia de la Lengua Vasca, el padre Dámaso de Inza, fue enviado a Alsasua y de allí a Chile. Tras él, muchísimos frailes fueron exiliados (Inza, 1977).

      Unas semanas antes en Oyarzun, en cuanto entraron los militares, detuvieron a numerosas personas, entre ellas tres sacerdotes: José Domingo Larrañaga (29 de julio), Eustaquio Iriarte y José Arín (9 de agosto). Los tres fueron llevados al fuerte del monte San Cristóbal de Pamplona, y más adelante al seminario de Pamplona. Tal y como mencionaba Pío Baroja, vieron a cinco o seis sacerdotes nacionalistas atados de manos en Lesaca (serían aquellos tres, probablemente) y a otros dos frailes en Lecároz (2005, 81). El escritor vio a un sacerdote nacionalista donostiarra llegar al puerto de San Juan de Luz, a comienzos de septiembre, atemorizado por el odio de los carlistas, porque había enseñado a los niños a cantar en euskara (2005, 114). Eran innumerables las denuncias en contra de los sacerdotes nacionalistas que se hacían en la prensa de los sublevados. En el número del 17 de septiembre de la recién publicada La Voz de España, podía leerse lo siguiente: «Guipúzcoa no se merece tanto sacerdote nacionalista. (...) La propaganda separatista se hizo en nombre de Dios y colaborando en ella hasta ministros del Señor». El informe elaborado por la Universidad de Valladolid (1938, 8) era todavía más duro:

 

      El separatismo vasco, que es una de las más monstruosas aberraciones del espíritu humano, ha hecho posible el odio a España en gente nacida en territorio español, ha unido al sediciente católico con el sin-Dios, ha hecho posible la existencia de una parte inconsciente del clero regular y secular que asistía impasible a la profanación e las iglesias y ha permitido una desatada y especial propaganda que quería presentar al país vasco-separatista ante el Extranjero como un oasis de tranqulidad, respeto ideológico y normalidad civil, frente a los desmanes anárquicos de las demás repúblicas rojas.

 

      En un informe enviado a Roma el 19 de septiembre, Gomá reconoce que muchos de los sacerdotes de la diócesis de Vitoria eran nacionalistas y que algunos habían tomado las armas junto con los comunistas, algo que era totalmente falso^[159]. Como consecuencia de aquello, algunos de los sublevados quisieron analizar, «la cuestión de conciencia del fusilamiento de sacerdotes y religiosos que han incurrido en las sanciones del fuero militar»^[160]. En los informes de los meses sucesivos volvió a aparecer la misma idea. Para aquel entonces los militares ya habían comenzado a detener y castigar a los sacerdotes. Reunieron a unos cuarenta en la cárcel de Ondarreta y en la residencia de ancianos San José. Hubo más de un religioso entre los denunciantes, con la intención de obtener el puesto de trabajo de los denunciados, o con el fin de arreglar el odio y las enemistades surgidas de la convivencia cotidiana. Más de uno se arrepintió, al saber que algunos de los denunciados habían sido fusilados.

 

 

Los fusilamientos de los sacerdotes

 

      Antes de comentar las características y la trayectoria de los sacerdotes asesinados en Hernani, conviene ofrecer una visión más general de lo ocurrido, así como sus consecuencias^[161]. El primer sacerdote asesinado lo fue en Navarra; los sublevados asesinaron a Santiago Lucus, un sacerdote no nacionalista que mostraba una gran preocupación social, el 3 de septiembre de 1936^[161b]. Enseguida se propagaron numerosos rumores sobre las detenciones y asesinatos de los curas, publicándose diferentes cifras en el País Vasco del Norte. Así, se extendió el rumor de que el 18 de noviembre cuatro sacerdotes habían sido enterrados en el camposanto de Vera de Bidasoa, aunque nunca se llegara a comprobar. Diferentes personas dijeron que los fusilados podían ser unos treinta. Los sublevados fusilaron realmente a dieciséis religiosos en Euskal Herria. Uno de ellos, Antonio Bombín, era profesor del colegio de los Franciscanos de Anguciana en la Rioja, pero fue asesinado en Laguardia, porque supuestamente era separatista y porque se preocupaba por los problemas sociales (Iturralde, 1978, 390). Estos fueron los asesinados:

      159 En el informe enviadlo en febrero daba el nombre de un sacerdote, el de Ramón Laborda, Prado debió de verlo en San Sebastián con un revólver en la mano, junto con los gudaris. No especifica qué hacía. Andrés-Gallego, 2002, 38; Goma a Pacelli 20-2-1937, documento anexo 4-20.

      Iturralde informó sobre lo que le ocurrió a Aitzol en su libro: cuando se encontraba en Belloc, un benedictino del monasterio le dijo al propio Aitzol, que un sacerdote de nombre Ariztimuño se encontraba en ese mismo momento en San Sebastián con una pistola en la mano, luchando en contra de los católicos de Franco (Iturralde, 1978, 363).

 

Lucus Aramendia, Santiago	Capellán de la armada	38 años	en Pamplona	1936-09-03
Bombín, Antonio	Franciscano	—	en Laguardia	1936-09-10
Albisu Bidaur, Gervasio	Coadjutor de Rentería	64 años	en Hernani	1936-10-07
Lekuona Etxabeguren, Martín	Coadjutor de Rentería	29 años	en Hernani	1936-10-07
Adarraga Larburu, José	Vinculado a Hernani	55 años	en Hernani	1936-10-17
Ariztimuño Olaso, José	Vinculado a S. Sebastián	40 años	en Hernani	1936-10-17
Sagarna Uriarte, José	Coadjutor de Berriatua	25 años	en Marquina	1936-10-20
Mendikute Lizeaga, Alejandro	Capellán de Hernani	45 años	en Hernani	1936-10-23
Otano Miguelez, José	Corazonista de Tolosa	38 años	en Hernani	1936-10-23
Arin Oyarzabal, José Joaquín	Arcipreste de Mondragón	64 años	en Oyarzun	1936-10-24
Guridi Arrazola, Leonardo	Coadjutor de Mondragón	38 años	en Oyarzun	1936-10-24
Marquiegui Olazabal, José	Coadjutor de Mondragón	38 años	en Oyarzun	1936-10-24
Peñagarikano Solozabal, José I.	Coadjutor de Echebarría	64 años	en Hernani	1936-10-27
Onaindia Zuloaga, Celestino	Coadjutor de Elgoibar	38 años	en Hernani	1936-10-29
Iturricastillo Aranzabal, Joaquín	Ecónomo de Marín	38 años	en Oyarzun	1936-11-08
Urtiaga Elezburu, Román	Carmelita de Amorebieta	49 años	en Amorebieta	1937-05-19

 

      Los primeros sacerdotes asesinados en Guipúzcoa fueron Gervasio Albisu y Martín Lecuona, de la parroquia de Rentería. Fueron detenidos a finales de septiembre, y fusilados al cabo de una semana, durante la noche del 7 al 8 de octubre en Hernani. Tras ellos, la localidad fue testigo de otros seis fusilamientos y otros cuatro en Oyarzun. La noticia de las muertes de los sacerdotes se propagó enseguida, para el día 11 era de sobra sabido en Iparralde que habían arrestado varios sacerdotes, y que algunos de ellos, sin conocer las cifras o sus nombres, habían sido fusilados. Para el 13 de octubre, se dieron a conocer los nombres de Albisu y Lecuona^[162]. Al margen de las dificultades y la falta de exactitud que provocaban la frontera y la situación, durante los siguientes días y semanas llegó muchísima información sobre lo que ocurría en Guipúzcoa.

      Antes de analizar los casos de los sacerdotes muertos en Hernani, y en lo que a los otros religiosos se refiere, ya hemos comentado al comienzo de este libro que existen varias versiones contrapuestas alrededor de la detención y el asesinato de Sagarna. Por mencionar una más, según un informe elaborado para Franco en 1959, fue ejecutado en el frente de Marquina, después de que el jefe de la Segunda Centuria de la Falange de Pamplona lo acusara de pasar información a los republicanos, traspasando para ello la frontera que había entre los frentes vestido de gudari. Es allí donde se debió celebrar el consejo de guerra, donde se le condenó a muerte y donde lo ejecutaron el 20 de octubre. Unos días después, el día 24, ejecutaron en Oyarzun al arcipreste de Mondragón, José Joaquín Arín, y a dos coadjutores, Leonardo Guridi y José Marquiegui. Hay que entender las muertes de estos tres sacerdotes en el marco de la dinámica de represión que la localidad de Mondragón padeció. Los intentos de rebelión de octubre de 1934 acarrearon graves consecuencias para el pueblo, tanto en aquel momento como en 1936, ya que más de cuarenta personas fueron detenidas y ejecutadas por los franquistas durante el otoño de aquel último año en esta localidad del Alto Deva.

      Los asesinatos de los sacerdotes, no obstante, establecieron un hito. El arcipreste Arín era muy conocido y estimado en la localidad, ya que había trabajado duro a favor de los más necesitados, contaba con el aprecio del obispo y no había destacado políticamente. Sin embargo, para los sublevados tenía varias carencias y culpas: se mostró a favor de las escuelas Viteri, mientras que los carlistas estaban en contra; según Bayle (1939, 196) trató de eliminar toda referencia a España en las actividades promovidas por la Iglesia (misas, teatros, canciones, fiestas, etc.) y en las elecciones de febrero de 1936, siguiendo las instrucciones del obispo, declaró que era lícito dar el voto a los nacionalistas y en verano de aquel mismo año, con la guerra ya comenzada, participó en una reunión celebrada por varios arciprestes de Guipúzcoa, restando fuerza a la pastoral que Múgica y Olaechea publicaron a favor de los sublevados^[163]. Así pues, no es de extrañar que en cuanto los militares sublevados entraron en Mondragón, en las elecciones de 1933, la candidata carlista María Rosa Urraca Pastor, en cuanto tuvo a Arín delante le obligara a gritar “Viva España” tres veces, y que afirmara «Si de mí dependiera, ahora mismo sería fusilado»^[164]. El domingo siguiente, durante la misa, pronunció algunas palabras en euskara y tres días después fue detenido junto con sus dos ayudantes. Marquiegui fue acusado, además de ser nacionalista, de haber impulsado este movimiento y haber promovido la resistencia de los rojos-separatistas de Mondragón^[165]. En lo que a Guridi se refiere, su defecto fue el hecho de dudar sobre la corrección de la pastoral de Múgica. El 22 de octubre entraron en Ondarreta maniatados, y dos días más tarde, tras comunicarles que eran libres, fueron llevados al cementerio de Oyarzun donde los fusilaron, junto con otras 20 personas.

      Fue también en Oyarzun, pero esta vez de camino a Artikutza, donde ejecutaron al último sacerdote en Guipúzcoa, el elgetarra Joaquín Iturricastillo, coadjutor del barrio Marín de Escoriaza. Y es que el frente se encontraba precisamente entre este barrio y la localidad de Salinas. Al parecer, los militares, al ver que se dirigía desde Marín a Salinas a dar misa, pensaron que se trataba de un espía, y lo apresaron rápidamente junto con otras cuatro personas. Al igual que en otros casos, se sumaron nuevas denuncias en contra del sacerdote: era supuestamente nacionalista (cosa que no era cierta, ya que se encontraba más próximo a la CEDA de Gil Robles) y había criticado el baile agarrado, por tratarse de una costumbre opuesta a la tradición vasca. Un vecino lo acusó porque al parecer tenía una tienda y la cooperativa impulsada por Iturricastillo le había quitado a sus clientes^[166]. El propio Gomá realizó acusaciones más fuertes: «Era dirigente del partido nacionalista y tenía a su cargo el servicio de espionaje antes de que los nacionales se apoderasen del pueblo. Aconsejaba a los mozos de la parroquia que se alistaran en las filas de los rojos. Tenía relaciones con los dirigentes del Frente Popular» (Andrés-Gallego, 2002, 38). Fue llevado a Ondarreta el 3 o el 4 de noviembre, y a pesar de los esfuerzos que su hermana y los obispos de Vitoria hicieron para liberarlo, no tuvieron éxito. Tras hacerle saber que lo habían dejado libre, entregaron a su hermana las pocas pertenencias del sacerdote: su sombrero, el manteo, un paraguas, y algunos libros. Para aquel entonces ya lo habían ejecutado en Artikutza, junto con un grupo de, al menos, siete personas.

 

 

Quienes era los sacerdotes fusilados en Hernani

 

      Como ya hemos comentado anteriormente, fue en la localidad de Hernani donde más sacerdotes se ejecutaron. Fueron ocho religiosos (siete sacerdotes y un corazonista) los que allí asesinaron, aunque en algún caso que otro existan dudas sobre el lugar de las ejecuciones (los casos de Otano y Peñagarikano). Los dos primeros sacerdotes que ejecutaron eran dos coadjutores de Rentería, Gervasio Albisu y Martín Lecuona, precisamente el coadjutor más anciano y el más joven de la localidad. No parece que se trate de una simple casualidad el hecho de que sus ejecuciones se llevaran a cabo el 7 de octubre, es decir, el mismo día en el que se constituyó el Gobierno Vasco. Parecía que la capacidad de los franquistas para atraer o doblegar a los nacionalistas había desaparecido, así que decidieron actuar en contra de los que, en su opinión, eran los líderes de los nacionalistas, es decir, los sacerdotes nacionalistas. Albisu huyó de Rentería durante la guerra, primero a San Sebastián y más tarde a Zumaya. Pero decidió volver a su pueblo. Fue apresado nada más llegar, el 29 de septiembre.

      Aquel mismo día fue encerrado Martín Lecuona. Llevaba poco tiempo en la parroquia de Rentería, tras haber realizado varios trabajos para el obispado, entre ellos el de ocupar el cargo de secretario de la Asociación Vasca de Acción Social Católica de San Sebastián. Trabajaba con los jóvenes, y le aconsejaron huir, pero siguiendo a su conciencia, “yo no he hecho daño a nadie”, decidió quedarse en el pueblo. Cuando se presentó, tras ser reclamado, en la comandancia militar, los falangistas le ordenaron que fuera a casa y que regresara vestido de paisano, y así lo hizo a pesar de tener la oportunidad de escapar^[167]. Permaneció preso junto con Albisu en la cárcel que se improvisó en la sede del Partido Nacionalista Vasco, desde el 29 de septiembre al cuatro de octubre. Fueron dos las denuncias más relevantes: por un lado, informar al Frente Popular sobre una misa que los carlistas iban a celebrar para que los atacaran; por otro, ser fervientes nacionalistas. El jefe militar de Rentería definió así las denuncias recibidas en la carta que redactó al gobernador civil:

 

el primero [Albisu] fundador del partido en ésta y que ha manifestado siempre públicamente su desprecio a todo lo español no ocultando sus simpatías por el Frente Popular. Cuando el movimiento catalán de octubre del 34, se vanagloriaba de este movimiento y manifestaba sus deseos de que lo imitaran los vascos. Ha sido el brazo derecho y consejero de un tal Loidi, teniente-alcalde y presidente de la Comisión de Abastos y Finanzas de Frente Popular de Rentería (...).

      El segundo además de su exaltado nacionalismo hacía pública propaganda en la Escuela de una Sociedad que con el matiz de Social-Católica era vergonzante nacionalista, hasta el extremo que alguna vez los padres de familia han protestado porque entre otras cosas imponía multas por hablar el español...

      Los detenidos han sido ingresados en traje seglar en el día de hoy en la Cárcel de Ondarreta, donde se encuentran a disposición de su [las cursivas son nuestras] autoridad.

 

      La primera denuncia era falsa, pero era una manera de vengar la muerte de José María García Fuentes, secretario del Círculo Carlista, y una buena excusa para justificar las ejecuciones, envolviendo a los dos sacerdotes en una acción de guerra que no había tenido lugar. Era cierto que los dos eran nacionalistas, pero no destacaban demasiado. En cualquier caso, Albisu era vecino y amigo del concejal nacionalista Loidi y Lecuona priorizaba el euskara en sus actividades. Julián, su hermano, miembro del PNV, fue asesinado a manos de los militares cuando entraron en Oyarzun. Por otra parte, resulta bastante significativo el hecho de que no registraran sus viviendas. ¿Quiénes los denunciaron? Tuvieron que ser vecinos de la localidad. Algunos opinan que fueron los sacerdotes carlistas del pueblo quienes dieron los nombre de ambos (Gamboa-Larronde, 2006, 100). Su intención, al igual que ocurrió con Iturricastillo, no era que sus compañeros murieran, sino que los alejaran temporalmente (EAT, 1981, 228). Detrás de aquellas denuncias se ocultaban envidias y rivalidades políticas y profesionales.

      Tan sólo pasaron cuatro días en Ondarreta; los familiares les llevaron comida y colchones, pero no les permitieron hablar con ellos. El 8 de octubre, una sobrina de Albisu (hermana del sacerdote Fernando Garaicoechea) se disponía a entregarles comida cuando los vigilantes le comunicaron que los habían dejado libres, devolviéndole la cesta del día anterior. En su interior, sin embargo, encontró la cena intacta y el reloj de Martín Lecuona. ¿Qué había ocurrido? El sacerdote Julián Legarra fue testigo de lo que allí sucedió. Hacia las once y media de la noche, un vigilante de apellido San Juan se presentó en la habitación 16 y ordenó a Albisu y a Lecuona que se prepararan para salir de la cárcel. Los dos sacerdotes obedecieron, contentos, pensando que los liberarían, y se despidieron de Legarra prometiéndole que harían todo lo posible para sacarle de allí. A la mañana siguiente, uno de los barrenderos de la cárcel, conocido de Legarra, se llevó las manos al cuello, haciendo un gesto que indicaba que habían asesinado a los dos curas (Iturralde, 1978, 361-362). Exceptuando el primer interrogatorio que se llevó a cabo en Rentería, no se volvió a realizar ninguno más, y mucho menos un juicio. A las familias, después de que éstas realizaran algunas gestiones, de manera extraoficial, se les dijo que los habían fusilado en los alrededores de Hernani junto con otras 14 personas. No pudieron recuperar los cuerpos de los difuntos y cuando quisieron celebrar una misa en su honor, las autoridades se lo prohibieron, con la excusa de que quizás los sacerdotes todavía seguían vivos. Al poco tiempo, robaron las pertenencias que Gervasio Albisu tenía en su casa.

      Diez días después, el 17 de octubre, ejecutaron a otros dos sacerdotes, a pesar de que no hubiera una vinculación entre ellos. Uno era el hernaniarra José Adarraga. Si las anteriores muertes tienen pocas explicaciones, la de Adarraga todavía menos, ya que la mayor parte de su vida la pasó en Méjico y nunca mostró ninguna simpatía política. Muestra de su inocencia y de la falta de importancia política es el hecho de que en el informe que en 1959 se entregó a Franco, no se le acusaba de nada y no se recogía ningún dato suyo, porque ni siquiera sabían cuándo lo habían fusilado, el informe decía que ocurrió en agosto, pero no señalaba dónde. Tan sólo sabían que había sido enterrado en Hernani. Se ha encontrado una única razón para explicar la muerte de Adarraga y llegó por parte de la familia. Un hermano suyo, Juan Adarraga, era miembro de Izquierda Republicana y tuvo una participación directa en el debate sobre el Estatuto de Autonomía, así como en la campaña para las elecciones de la época. Un cuñado suyo fue miembro de la Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa, y ya para entonces había sido ejecutado por los militares sublevados. Se trata de razones que parecen insuficientes, pero no se ha encontrado nada más por lo que se le hubiese podido acusar.

      El segundo sacerdote era más conocido, José Ariztimuño Aitzol. Ya hemos analizado en el capítulo anterior su detención y ejecución. La capacidad para crear polémica que tuvo mientras vivió, prosiguió también tras su muerte. «En torno a él se ha tejido una amplia novela, que ya pocos días después de su muerte desmintió el P. Juan Urriza, de la Compañía de Jesús»^[168]. Y es que, tras su muerte aparecieron los primeros rumores

 

      Hoy nos basta saber que José de Ariztimuño fué hecho prisionero y que, cruelmente tratado, vejado y escarnecido se le encerró en la cárcel de Ondarreta.

      Horas después, con solo tomarle unas declaraciones en las que ratificó y confirmó sus firmes convicciones patrióticas; sin formársele sumario, sin proceso sin sentencia, dándosele tan sólo el tiempo justo para recibir los santos sacramentos, la madrugada de un día que no puedo precisar con certeza, pero que quedará grabado para siempre en la memoria de Euskalerria, fue fusilado en las inmediaciones de Euzkadi.

      (...)

      Se ha sabido que Ariztimuño abrazó y perdonó al jefe del pelotón que iba a ejecutarle. Murió como un santo y un héroe aclamando a Euzkadi y pidiendo a Dios, al expirar, piedad y misericordia.

      Cuentan testigos próximos al lugar del suceso que el cuerpo de Aitzol desapareció misteriosamente a las dos horas de haber exhalado su último suspiro^[169].

 

      La oscuridad de aquellos acontecimientos dio pie a todo tipo de rumores, la mayoría de los cuales ensalzaban la valentía y el apego al nacionalismo que habían demostrado los sacerdotes. Pero no fueron sólo los republicanos los que se dedicaron a extender este tipo de rumores. El cardenal Gomá, en la carta enviada a Pacelli comentaba lo siguiente: «Murió gritando Gora Euzkadi, “Viva Euzkadi libre”. (El P. Lacoume dice que al morir le dijo que sentía pesar sobre sí la mano de Dios y que ya barruntaba debía ocurrir algo)» (Andrés-Gallego, 2002, 38). El jesuita Urriza no compartía esa opinión:

 

      Ningún género ha sido más propicio que éste para hacer circular bulos de todo género. Alguien me contaba que cuantos han muerto, fieles a sus ideales separatistas, lanzaban un gora euzkadi, por la que sacrificaban gustosos sus vidas. Si a V. le cuentan eso, no lo crea V. No son momentos que dejen tiempo para muchas cosas. El adiós supremo a la vida, y la inminencia de la eternidad llenan totalmente el alma. No le daré datos, porque deben guardarse en secreto. Muy pocos, poquísimos se han acordado en esos instantes de sus ideales políticos. Se lo asegura a V. quien lo sabe de visu y ex auditu propiis. ¿Quiere V. Una muestra típica? Varias veces visité a Aitzol estando detenido en la cárcel. No me habló jamás de ideales políticos. Estaba convencido de la proximidad de su muerte. Nuestras conversaciones —únicas que parecía admitir— se ordenaron exclusivamente a eso. Conmigo recitó, dictándosela yo, porque no la podía recordar, la oración de Pío X que encierra la aceptación de la muerte; en castellano. No en vascuence. En la para ellos despreciable lengua maqueta invocaba al Señor, como si para obtener el perdón del cielo fuera la llave la lengua de España.

 

      Nunca sabremos realmente lo que sucedió, ni si aquellos rumores eran ciertos o no, como por ejemplo, el que afirmaba que cuando el pelotón disparó, sólo lo hirieron, y entre gritos de dolor se le acercó un oficial, un señorito de Bilbao, para darle el último tiro^[170].

      Los militares sublevados no quedaron satisfechos con la muerte de Ariztimuño. Antes de que transcurrieran dos semanas, otros dos sacerdotes llegaron a los muros del camposanto. El sacerdote Alejandro Mendikute y el corazonista José Otano. Mendikute era un ferviente nacionalista, «De uno solo de ellos, Alejandro Mendicute, llegó a mí, estando aún en Vitoria, el rumor de que había hecho algo, muy al principio, en contra del ejército blanco, cosa que no fue posible comprobar. Si fue verdad, lo condeno categóricamente; por lo demás, él era buen sacerdote»^[171]. Mendikute participó en varios actos del PNV durante los años de la República, como por ejemplo, en un mitin organizado en Cegama. En él habló en contra de Aseguinolaza, uno de los dueños de una fábrica de papel de aquella localidad, responsabilizándole de la muerte de Mendikute. Y es que Mendikute había sido detenido dos veces. La primera vez fue llevado a la cárcel de Hernani, pero al cabo de diez días fue puesto en libertad, gracias a su hermano Miguel, párroco de Hernani. Alrededor del 14 de octubre, sin embargo, un grupo de falangistas entró en su casa y se lo llevó preso, entre insultos y amenazas^[172]. El 14 de octubre, precisamente, es cuando lo metieron en la cárcel Ondarreta, siguiendo las instrucciones del gobernador militar, «a disposición del juez militar de esta Plaza». Pasó varios días allí, primero en la ciega 11 y más tarde en la 16, la misma en la que permanecieron Lecuona y Albisu, junto con Otano. Se mostró amable con sus denunciadores y parece ser que rezaba por ellos. Finalmente, se lo llevaron el 24 de octubre, según parece, sin haberle hecho interrogatorio o juicio alguno, «Puesto en libertad por orden del comandante juez instructor Ramiro Llamas, se une al expediente de José Otano» rezaba el documento sobre él que se conserva. El único consuelo que tuvo fue tener presente a su hermano en el último momento, y como fue ejecutado en su pueblo, sus restos mortales pudieron descansar en el panteón de la familia. No sabemos qué pensaba su hermano Miguel, cuando un mes más tarde, pronunció un discurso desde el balcón del ayuntamiento de Hernani. En el mismo alabó la fe de los hernaniarras, afirmó que los impulsores de la nueva situación eran el propio Dios, el ejército salvador, el general Franco y todos sus colaboradores y solicitó una oración en favor de una victoria total del bando militar^[173].

      Junto con Mendikute, también ejecutaron al religioso José Otano. Era navarro de nacimiento, pero se encontraba en el Convento de los Corazonistas de Tolosa cuando estalló la guerra, tras haber pasado muchos años en Bilbao y en el extranjero. Tal y como ocurrió con Adarraga, no es fácil saber por qué lo detuvieron y lo ejecutaron. Vivía en silencio, no era conocido y casi nadie sabía la simpatía que podía profesar al nacionalismo vasco^[174]. Era músico y acababa de aprender euskara, y la unión de aquellos elementos fue la causa de su denuncia. Como organista de la iglesia, trataba siempre de incluir canciones en esa lengua, pero sin dejar de lado las composiciones en castellano o latín. Cuando comenzó la guerra tuvo la oportunidad de huir a Bilbao, pero prefirió quedarse en San Sebastián. Fue detenido el 12 de octubre. Parece ser que lo denunció un fraile de la misma hermandad, el padre Julio Ramírez, alegando que Otano había asegurado que los “rojos” tenían razón y que se iría encantado con ellos^[175]. Ejecutaron a muchos seglares junto con Otano y Mendikute. Los dos religiosos fueron llevados a la Villa Trinidad de Hernani para que hicieran su última confesión, después comulgaron y los pusieron contra la pared del camposanto para fusilarlos. Según parece, antes de morir, Otano pidió que no les hicieran sufrir y perdonó a todos los que tuvieron relación con su muerte (EAT, 1981, 309).

      Los dos últimos sacerdotes ejecutados en Hernani fueron José Ignacio Peñagarikano y Celestino Onaindia. El primero era coadjutor de la localidad de Echebarría de Vizcaya; Onaindia, en cambio, a pesar de ser de Marquina, de muy cerca por lo tanto, desempeñaba su sacerdocio en Elgoibar. Peñagarikano tenía 64 años, y Onaindia 38. Celestino tenía dos hermanos sacerdotes, Domingo y Alberto, y este último tuvo un especial protagonismo en las conversaciones que se llevaron a cabo entre los dos bandos durante la guerra, y en la actuación del nacionalismo vasco posterior a la guerra. La parroquia de Peñagarikano quedó en la línea del frente a comienzos de octubre de 1936 y los milicianos tomaron su casa. Aquello lo turbó y lo llevó a huir al monte, escondiéndose en los caseríos de los alrededores y celebrando misas en las ermitas. Aquellas andanzas levantaron sospechas, y por si acaso, decidió presentarse ante los militares sublevados, en lo alto de Urkarregi. El jefe que allí se encontraba, el capitán Gortázar, oriundo de Marquina, lo llevó hasta Elgoibar, precisamente a la casa donde residía Onaindia; era el 21 de octubre^[176]. Los espías no tardaron en llegar a dicha vivienda, registraron las habitaciones de los sacerdotes (no le encontraron nada a Peñagarikano y a Onaindia únicamente dos cartas procedentes de Francia, pero que tenían la aprobación de la censura) y los detuvieron, llevándoselos a San Sebastián. No había ninguna denuncia en contra de Peñagarikano, exceptuando el hecho de que era nacionalista y que su hermano estaba luchando al lado de los gudaris^[177]. En lo que a Onaindia se refiere, hemos recogido opiniones contrapuestas. El obispo Mágica, en una carta enviada a su hermano Alberto le decía lo siguiente: «era uno de los mejores, (...) Mira que fusilar a un ministro tan excelente de Jesucristo! ¡Qué pecado más terrible!». Los franquistas opinaban lo contrario: «En la localidad de Elgoibar observó mala conducta, y estaba conceptuado como extremadamente separatista, hablando públicamente en contra de la causa Nacional. Se le acusó también de espionaje»^[178]. Además de aquello, lo acusaban de haber escondido y protegido a Peñagarikano.

      En cuanto en Elgoibar se conocieron las detenciones, se creó una comisión, con el alcalde y el párroco al mando, y se dirigieron a San Sebastián para hablar con las autoridades militares. Onaindia era muy conocido y querido en la localidad y había demostrado una conducta excepcional. Había liberado a muchísimos presos de derechas y su nacionalismo no era sino apego por el euskara, sin tomar parte en ningún mitin o fiesta nacionalista. Los esfuerzos fueron inútiles, y encerraron a los dos sacerdotes en la celda número 5 de Ondarreta, junto con los tres religiosos de Mondragón asesinados en Oyarzun. Cuando se llevaron a estos últimos, se les unió el párroco de Andoain Joaquín Bermejo, y cuando liberaron a éste, el párroco de Astigarraga. Sin ningún informe, sin haber realizado interrogatorio alguno y sin juicio previo, la noche del 27 de octubre, sacaron a Peñagarikano de su celda y lo llevaron a Hernani, donde lo fusilaron. Onaindia fue llevado a otra celda, donde se hallaba el arquitecto Juan José Olazabal entre otros^[179] y al día siguiente recibió la visita del jesuita Urriza, dándole a entender que lo iban a matar, pero sin decírselo directamente. Fueron a buscarle hacia las once de la noche, se olvidó del manteo, y cuando se lo recordaron, dijo que no lo necesitaba, porque ya sabía dónde se lo llevaban. Tras atarle las manos a la espalda, lo subieron a un camión junto con otras doce personas, entre las que se encontraba un joven socialista de San Sebastián. Fueron llevados al cementerio de Hernani. Antes de morir se quitó las gafas y rezó el Te Deum. Fue enterrado a las afueras del cementerio, entre matorrales.

      Para resumir los fusilamientos de los sacerdotes haremos una síntesis de los testimonios que recogieron sus compañeros. Durante los días anteriores a sus fusilamientos, los sacerdotes tuvieron la oportunidad de escribir cartas, aunque todavía no supieran lo que les esperaba. Se les trajo comida desde fuera, enviada por familiares o amigos, y rezaron muchísimo con los libros que habían cogido cuando los apresaron. Cuando recibieron la orden de salir, tuvieron diferentes reacciones, los primeros pensaron que los habían dejado libres, y salieron contentos; los últimos habían recibido la visita de un capellán jesuita unas horas antes, quien les dijo que debían estar preparados en un momento tan difícil. Sin ninguna esperanza, repartieron las pocas pertenencias que tenían o trataron de enviarlas a sus casas, aunque no ocurriera más que en algunos casos aislados, gracias a las súplicas realizadas a los amigos. Tras confesarse, se dirigieron con una gran dignidad al exterior, ofreciendo un testimonio firme de la fe cristiana.

      Todos los sacerdotes fallecidos tenían características similares: la mayoría tenían unos 40 años; vascoparlantes y vascófilos, muy activos en labores sociales, colaboradores de Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA/STV), y, en lo que a política se refiere, muy cercanos al PNV. Pero, tal y como subrayaban sus compañeros, sin embargo, sabían diferenciar entre el campo de la política y el de la religión, y estaban en contra de la violencia (Azpiazu, 1965, 38). El obispo Múgica, por su parte, repudió duramente los asesinatos y subrayó la calidad de sus sacerdotes, su inocencia «Sagarna e Iturricastillo que apenas llevaban unos meses en sus puestos, ni se agitaron, ni pudieron siquiera agitarse contra España» y su distancia respecto a la política, «Solo Ariztimuño y Mendicute faltaron alguna vez a mis órdenes en relación a estos asuntos» (Múgica , 1945, 14).

      Tenemos unas pocas referencias sobre los pormenores de los fusilamientos. El más importante, aunque no sea muy fidedigno, es el del jesuita Urriza, ya que fue un testigo directo, aunque su testimonio estuviera dirigido a justificar lo que los militares habían hecho. En la carta que este religioso envió en enero de 1937 al padre Aduriz, le comentaba, entre otras cosas, lo siguiente:

 

      En lo que había ciertamente deficiencias es en el modo de la ejecución: la justicia se hacía en aquellos días segura pero prontamente y no había al principio ni abundancia de vehículos para conducirlos al lugar de la ejecución —por eso algunos fueron mezclados en el coche de los demás reos—, ni sobra de verdugos o fusileros, ni de enterradores —por eso cayeron y fueron enterrados mezclados con los rojos y los nacionalistas—, permitiendo así Dios que sus cuerpos cayeran en la misma fosa con los que iban o aconsejaban estar unidos en la guerra. Pero soy testigo de la pena con que actuaron siempre los mismos ejecutores, y lo vieron sacerdotes también; que por eso, viendo tan conmovido al que mandaba el pelotón de fusileros uno de los sacerdotes le dio un abrazo; y cuando pudieron los llevaron en coche aparte; y finalmente los mismos ejecutores retrasaban si podían de un día para otro la ejecución y destacaron sus jefes hacia las alturas para poner un remedio, que ha sido, se lo aseguro, definitivo.

 

      Al parecer, Gomá supo de los asesinatos de los sacerdotes alrededor del 26 de octubre, cuando se disponía a viajar desde Pamplona a Toledo. Aquel día, José Angel Lizasoáin Palacios, presidente de la Acción Católica de San Sebastián, le hizo saber que los rebeldes habían asesinado a nueve sacerdotes. La fuente de la acción de Lizasoáin fue el jesuita Julián Pereda, rector del colegio San Ignacio de San Sebastián (Sierra, 2001, 415)^[180]. Este suceso era bastante grave, pero había algo que lo volvía más grave todavía a los ojos de las autoridades religiosas: no se les había pedido su consentimiento, cuando los concordatos firmados con el Estado dejaban las sanciones a los sacerdotes en manos de los reglamentos especiales de la Iglesia. Esta razón,es decir, que los sublevados no habían respetado la autonomía de la Iglesia, fue una de las que emplearon tanto Mágica como los sacerdotes exiliados en sus críticas. En el caso de Gomá, a pesar de que pensara que ese tipo de represión era demasiado severa, en ocasiones parecía que daba más importancia al hecho de no contar con el consentimiento oportuno, que a las propias muertes. En cualquier caso, había que detener aquello, pero sin convertirlo en herramienta en contra del franquismo, discretamente. Por otro lado, es de destacar que la Iglesia se valió dos criterios para medir lo ocurrido: si los asesinados eran sacerdotes era lícito protestar, y si eran laicos no era necesario, porque la “legalidad” de los militares afianzaba la rectitud de aquellas actuaciones.

      Gomá aprovechó su viaje a Toledo para reunirse en Burgos con el general Dávila, ya que era éste el dirigente de la Junta Técnica de los sublevados, y éste le prometió «que interpondría su autoridad para que no se vulnerara ningún fuero». Aquel mismo día, el 26 de octubre, Gomá se reunió con Franco en Salamanca;

 

ante quien hice valer las razones de justicia, de antipatía que se engendraba contra el ejército, de aumento de la aflicción de la Iglesia ya tan afligida por tanta desgracia, y especialmente apuntando la posibilidad de una reclamación por parte de la Santa Sede, por haber sido vulneradas las disposiciones canónicas en este punto.

 

      Franco, según afirmó en esa conversación, no sabía nada de lo ocurrido, y dio su palabra al cardenal de que tales acciones no se repetirían, «Tenga Su Eminencia la seguridad de que esto queda cortado inmediatamente». Unos días más tarde, el jefe del Gabinete Diplomático de Franco, J. Antonio Sangróniz, dijo a Gomá que se habían tomado medidas rápidas y firmes para que no se volviera a repetir lo ocurrido. Franco, al parecer, envió un telegrama al general Dávila y éste a Llamas, ordenando que se detuvieran los fusilamientos de los sacerdotes. Llamas alegó que la orden no recogía el caso del sacerdote Iturricastillo y ordenó su fusilamiento. Al poco tiempo, tal y como hemos visto antes, destituyeron de sus cargos a las autoridades guipuzcoanas y acabaron los fusilamientos de los sacerdotes^[181].

      Gomá informó sobre lo ocurrido al cardenal Pacelli el 8 de noviembre. Resulta significativo que en sus palabras se puede ver que los sacerdotes fueron asesinados por sus opiniones, «han sucumbido víctimas de sus opiniones políticas», y no por acciones concretas, porque los militares acusaban a los nacionalistas de la resistencia que Guipúzcoa y Vizcaya habían ofrecido a los sublevados. Pero, de acuerdo con el cardenal español, tan sólo Aitzol tenía una implicación suficiente como para ser condenado a muerte. Llamas era el responsable de lo ocurrido, e hizo saber al responsable de asuntos exteriores del Vaticano que se había reunido con Dávila y Franco para dar fin a tales actuaciones. Según Gomá, y como consecuencia de encargarse de aquello,

 

aún siendo muy lamentable lo ocurrido, por considerarse como un abuso de autoridad por parte de un subalterno y por la formal promesa del Jefe del Estado de que no ocurrirá fusilamiento alguno de sacerdotes sin que se observen juntamente con las leyes militares las disposiciones de la Iglesia, no procede por ahora, salvo el mejor parecer de Vuestra Eminencia, reclamación alguna por la vía diplomática.

 

      Todavía más significativo resulta ver cómo el día 23 de aquel mismo mes, Gomá publicó el libro El caso de España, en el que suavizaba aquella versión. En él se asegura que no hubo ni un sólo sacerdote vasco fusilado «por motivo religioso» (Casanova, 2001, 105). Subrayó aquella idea en las cartas y documentos que en los sucesivos meses dedicó a este asunto, sobre todo en los públicos: los habían matado por tratarse de sacerdotes nacionalistas o porque habían cometido crímenes de guerra, y no por ser sacerdotes, tal y como habían hecho los republicanos. En 1961, el fraile Pérez de Urbel comentaba que «fueron sacerdotes que se valieron de su autoridad para engañar a sus feligreses, para llevarles a la muerte, para luchar en unión de los enemigos de la Fe, traidores a su Patria y, lo que es peor, todavía, traidores a su Dios»^[182].

      Coincidiendo con la publicación del libro de Gomá, el 15 de noviembre de 1936, pronunció su famoso discurso el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, titulado “No más sangre”. En él, sin mencionar directamente la matanza llevada a cabo por los carlistas en Rafalla unos días antes, en el que tras sacar a 28 personas de la cárcel las mataron en los alrededores, se posicionó en contra de los asesinatos sin un juicio previo. Aquel discurso despertó numerosas críticas y el obispo recibió muchísimas amenazas. Debido a aquello, no hizo más denuncias (Raguer 2001 y Sevillano 2004, 82-84). Según las palabras del jesuita Iñaki Azpiazu, el 24 de noviembre, cuando se le acercó pidiendo ayuda para Ceferino Isasa le contestó que sí, pero cuando regresó al día siguiente, la actitud de Olaechea había cambiado, tras enfriarse la indignación del primer momento. Dos días más tarde, el obispo Múgica envió una carta a Alberto Onaindia desde Roma, para darle sus condolencias por la muerte de su hermano Celestino y para explicarle su postura. Y es que, cuando Múgica participó en el congreso de los misioneros, no hizo más que criticar los excesos de los “rojos” «Del otro asunto (al parecer la muerte de los sacerdotes, ya que no menciona a los laicos) escandalosísimo y gravísimo no había por qué hablar en el Congreso; pero he informado de palabra y por escrito ampliamente y en audiencias personales al Papa, a Sus Eminencias C. Pacelli; C. Bisletti, Tedeschini; y a los señores Pizzardo, Tardini y al general de los jesuitas: todo está hecho y allá donde única y eficazmente pueden poner remedio al mal de esos incalificables fusilamientos»^[183]. Las críticas o matices que los religiosos podían tener ante la actitud de los militares quedaron en silencio.

 

 

Las expulsiones de los sacerdotes

 

      Tras los fallecimientos, el ambiente no se calmó, al mantenerse la presión ejercida por los militares. Como testimonio de aquello tenemos la conversación que mantuvieron Pérez Ormazabal y Luis Valdés Cabanillas, general de Brigada y gobernador general en el gabinete ministerial de Franco a partir del 5 de noviembre. Valdés quería desterrar a todos los sacerdotes vascos nacionalistas, moderados o radicales, poniendo en su lugar a sacerdotes de Castilla. Para ello, era necesario un obispo que no fuera vasco (Mágica no podía volver), para evitar que no fuera demasiado blando, «porque la justicia tenía que ser tranquila y serena, pero severa». Toda la actividad eclesiástica debía realizarse en castellano, porque era ésta la lengua oficial de España y todo aquel que no la hablara debía aprenderla. En palabras de Pérez Ormazabal, Valdés confundía el correcto uso del euskara con el hecho de utilizarlo demasiado, y erróneamente pensaba que el uso de la lengua estaba relacionado con el separatismo. Ormazabal resumía así la situación: Gomá debía reunirse con Franco o con Dávila para definir sus criterios. Si prevalecía la actitud de Valdés, en vez de acabar con el nacionalismo, éste se fortalecería. Que diera una solución para el destierro de los sacerdotes y que nombrara al Administrador Apostólico que lo sustituiría, alguien que se llevara bien con los militares y a poder ser, extraño al país^[184].

      Para evitar nuevos fusilamientos y para dejar a un lado los choques entre la Iglesia y los mandatarios militares, Pérez Ormazabal reforzó sus medidas en contra de los sacerdotes nacionalistas, haciéndoles permanecer en los seminarios y algunas casas religiosas. Se trataba de endurecer la disciplina y de que se cumpliera lo mandado. En los meses que siguieron, los destierros de los sacerdotes fueron la preocupación principal de las autoridades eclesiásticas. Según Gomá, los militares eran demasiado severos con los sacerdotes vascos, y no requerían pruebas para detener y castigar a los párrocos, y muchas de las denuncias en contra de éstos las recibían por parte de los vecinos que “que aprovechan la actual situación para sus ruines venganzas». Por eso, veían necesario el permiso de las autoridades eclesiásticas antes de actuar en contra de aquellos curas. Tal y como hemos mencionado a comienzos de este apartado, fueron cientos de ellos los que optaron por este camino, unos por su propia voluntad, para evitar el peligro, y otros obligados, porque aparecían en la lista que los militares habían enviado a Pérez Ormazabal. Los sacerdotes que fueron enviados fuera de Euskal Herria fueron distribuidos por 30 provincias diferentes. Otros muchos fueron exiliados fuera de España. Aquello acrecentó las tensiones entre el nuevo gobernador militar de Guipúzcoa, Alfonso Velarde, y el vicario general, e hizo que se extendiera el rumor de que había amenazas para cerrar la diócesis. Velarde le envió listas de sacerdotes para que tomara medidas en contra de ellos. El 20 de enero de 1937, por ejemplo, Velarde le envió los nombres de 185 sacerdotes y algunos benedictinos, pidiéndole que fueran expulsados.

 

      Lo triste fue entonces que se dieron nombres que jamás debieron tildarse de tal mancha, como al fin de algunos se vino a reconocer el error que procedió de la pasión política de algunos exagerados y de la malevolencia de otros^[185].

 

      Cuando Pérez Ormazabal pidió pruebas de las denuncias, la respuesta de Velarde fue muy significativa:

 

      .. .sabe V. que es imposible reunir pues claro es que ninguno de ellos deja pruebas materiales de su gestión. Pero tenemos que convenir que si preguntamos los nombres de aquellos destacados que hayan laborado activamente es seguro que coincidirán en los mismos nombres de Sacerdotes. Por eso no he podido conseguir más que los nombres y filiación que le he enviado. (...) Es que V. mismo no podría con plena justicia señalar los nombres de los más destacados?

 

      Los tiras y aflojas continuaron en abril y la amenaza de Velarde era más que clara, si no se cumplían los castigos había riesgo

 

      ¿No teme Vd. Que este impunismo pueda traer como consecuencia que, al tomarse Bilbao haya el peligro de que se repitan sucesos lamentabilísimos que con nuestra justicia tenemos el deber de evitar?^[186]

 

 

La polémica sobre los fusilamientos

 

      Parecía que las tensiones derivadas de los asesinatos de los sacerdotes se calmaban, pero en el discurso que el lehendakari Aguirre pronunció el 22 de diciembre, culpó a la Iglesia de permanecer en silencio ante los fusilamientos y los exilios de los sacerdotes. Gomá le respondió con Respuesta obligada. Carta abierta, al Sr. D. José Antonio Aguirre, el 10 de enero de 1937. En ella le comunicaba que la Iglesia no había permanecido inactiva, sino que había hecho los esfuerzos necesarios, con éxito, y que los sacerdotes no habían sido asesinados por querer a Euskal Herria. Por si eso fuera poco, le hacía saber que los mandatarios superiores de los sublevados no estaban de acuerdo con aquella actuación.

 

      Yo le aseguró, señor Aguirre, con la mano puesta sobre mi pecho de sacerdote, que la jerarquía no calló en este caso, aunque no se oyera su voz en la tribuna clamorosa de la prensa o de la arenga política. Hubiese sido menos eficaz. Pero yo puedo señalarle el día y el momento en que se truncó bruscamente el fusilamiento de sacerdotes, que no fueron tantos como se deja entender en su discurso... .aquellos sacerdotes sucumbieron por algo que no cabe consignar en este escrito, [las cursivas son nuestras] y que el hecho no es imputable ni a un movimiento que tiene por principal resorte la fe cristiana de la que el sacerdote es representante y maestro, ni a sus dirigentes, que fueron los primeros sorprendidos al conocer la desgracia.

 

      El obispo Múgica, en cuanto supo del documento de Gomá, mandó un escrito al Vaticano (Múgica, 1937), diciendo que estaba de acuerdo con lo que afirmaba Gomá, exceptuando un punto, «discrepamos totalmente en una cosa, y mi conciencia y mi condición de prelado de los sacerdotes asesinados en la diócesis de Vitoria, provincia de Guipúzcoa (...) me obliga a dirigir este escrito a la Santa Sede; ya que, como merecía de suyo el caso, no me parece edificante dar a la luz pública otra carta mía, rectificando lo que a todo trance debo rectificar»^[187]. En opinión de Múgica no existía ninguna razón para matar a los sacerdotes. Aún más, cuando habló con Gomá, antes de Navidad, le dijo claramente «que desde Franco hasta el último soldado debieron, no matar al venerable y ejemplarísimo arcipreste de Mondragón, sino besar las huellas de sus plantas» y cuando Gomá le propuso revisar la lista de sacerdotes que había que expulsar, se negó^[188].

 

      Sólo los nuestros, los que no han hecho del púlpito una trinchera, como ha ocurrido con los púlpitos y los boletines eclesiásticos de España en favor de los militares, sólo los nuestros que han estado en sus ministerios sacerdotales hasta última hora, sólo éstos mueren sin recuerdo de piedad, ni de la Santa Sede, ni de su Obispo. Hay una consigna de dejar en el secreto estos crímenes; pero no podemos tolerarlo. Todo se sabrá. Todo se publicará. Hasta el silencio estudiado de sus superiores de Vitoria que, en el Boletín, no han dedicado un R.I.P. a sus hermanos muertos y muertos como santos.

 

      La denuncia de Múgica era dura, pero no se entiende por qué permaneció en silencio. Quizá, tal y como comenta en el mismo texto, «me temo que salgan a la luz muchas cosas que convendría quizá silenciar para evitar el escándalo de gentes sencillas».

      Unos pocos días más tarde, el 30 de enero de 1937, Gomá envió una carta a Múgica, dando explicaciones. Según sus palabras, «Aquellos sacerdotes sucumbieron por algo que no cabe consignar en este escrito», y con ello quería decir que «Lo que no cabía consignar en este escrito era el uso arbitrario de su autoridad, por parte de quien la ejercía, al fusilar a los sacerdotes, abuso desautorizado ante mí por el Jefe del Estado y que posteriormente lo ha sido de forma más enérgica y total» (Rodríguez Aisa, 1981, 197). Múgica le respondió el 9 de marzo, valiéndose de indirectas, pero señalando que no quería provocar ninguna polémica: «Con respecto al asunto consabido he resuelto callar»^[189]. Y es que, «Un ruego, que yo no podía desatender, me fue transmitido para que callara “por el momento”»^[190]. Dos semanas más tarde, Pacelli escribió a Gomá felicitándole de parte del Santo Padre por la información que le enviaba sobre los asuntos de España, pero al mismo tiempo le hizo saber el sentimiento de Pío XI, a raíz de las decisiones que el gobernador militar de Guipúzcoa había tomado en contra de los sacerdotes vascos (una semana después le envió otra carta) y pidiéndole que hiciera algo para ayudarles^[191].

      El cardenal Gomá, como hemos observado anteriormente, se valió de dos argumentos para dejar a un lado la denuncia del lehendakari Aguirre. Una fue una larga carta del jesuita Urriza:

 

      Yo he visto bastantes expedientes: depone el acusado y varios testigos; falla el juez. (...)

      El Card. da la cifra exacta de los sacerdotes fusilados; son 14. Sé de este asunto más de lo que debo decir. De uno ciertamente dicen que no era digno. Los demás, si han muerto no ha sido por ser sacerdotes ni por ser dignos sacerdotes, al menos en lo que se refiere al amor patrio. (...) Uno era sumamente ligero, y muy capaz de las faltas que se le probaron. Otros con sus consejos fueron legalmente verdaderos inductores para el alzamiento en armas, y, si no incurrieron ante su conciencia en culpa moral, fueron verdaderos inductores, y la inducción la castiga la ley con la pena de muerte. Otros se prestaron a señalar el lugar donde se hallaban los requetés, a los que se les preparó una emboscada. Etc. (...) A todos se les formó proceso. De él bien claro me dio a entender que estaba enterado el limo Sr. a quien antes me he referido.

      (...) Termino este punto con una sola idea fruto de las informaciones serias que he recibido: todos los sacerdotes fusilados incurrieron en un crimen que la ley española —como la de todos los países— castiga y debe castigar con la muerte; traidores o desertores de España incurrieron en el crimen de lesa patria.

 

      El testimonio de Urriza, no obstante, plantea numerosos problemas. En primer lugar, la imparcialidad de la persona, ya que acababa de perder a su hermano a manos de los “rojos” y acusaba de su muerte al propio lehendakari Aguirre. Había declarado públicamente, además, su apoyo a los militares. En segundo lugar, realiza una afirmación que deja muchas dudas en el aire: «Y nosotros fuimos los que después de otros, como Fal Conde, hicimos cuanto estuvo en nuestra mano para impedirlo (los fusilamientos de los sacerdotes)». Se trata de una afirmación sorprendente si tenemos en cuenta que fue Fal Conde quien impulsó la persecución de los sacerdotes vascos. Es más, la única razón que haría comprensible la actitud de Fal Conde es la ausencia de juicio, ya que en el intercambio de cartas que tuvo con el cardenal Segura, quedaba bastante claro que la intención de los carlistas era matar a los sacerdotes después de juzgarlos, mientras que los militares preferían hacerlo en silencio. El tercer problema lo encontramos en la penúltima línea de la mención que acabamos de recoger, «a todos se les formó proceso». El hecho de que hubiera procesados no significa que fueran juzgados. Urriza, al igual que Gomá, mezcla a los presos que fueron castigados en consejos de guerra con los otros, consciente o inconscientemente. La situación queda todavía más definida en la primera línea, cuando dice «falla el juez». De haber habido un juicio, la decisión no la habría tomado un juez instructor, sino un tribunal. Así pues, queda claro que existió un procedimiento, pero no es evidente que se produjese un juicio, ni siquiera un consejo de guerra de acuerdo con las disposiciones de los militares.

      La segunda razón que empleó el cardenal fue la conversación que mantuvo el propio Gomá con el secretario del Juzgado de San Sebastián que se ocupó de los sacerdotes. Al parecer, Prado le mostró los expedientes (no necesariamente el acta del juicio) y le dio permiso para reproducir algunos documentos. Si embargo, esos documentos no han aparecido todavía^[192]. En el informe que Gomá redactó el 20 de febrero de 1937 concluía dos cosas. Una, que los juicios, efectivamente, se habían celebrado. Dos, que se trató de una acción lamentable, porque las muertes podían haber sido sustituidas por otras penas y el supuesto nacionalismo del obispo Múgica no era razón suficiente para eludir las leyes de la Iglesia. No obstante, parece que las siguientes palabras del cardenal están más dirigidas a los fallecidos que a sus asesinos:

 

      Es ello una lección terrible que deberán aprender cuantos, más atentos a las humanas banderías que a los sagrados deberes de su ministerio, comprometen gravemente el bien de las almas y el prestigio de la Iglesia.

 

      No es de extrañar que se lean cosas de este tipo. La mayoría de la Iglesia Católica se inclinó a favor de Franco, pensando que podría acabar con el laicismo, y formó parte del mecanismo represivo del franquismo, denunciando o afianzando los procedimientos establecidos. Cuando la guerra estaba a punto de finalizar y se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas en febrero de 1939, los párrocos se convirtieron en fieles ayudantes de los policías. De esta manera, en vez de actuar como herramienta para la reconciliación, la Iglesia española y la mayoría de los sacerdotes prefirieron continuar siendo una herramienta de venganza y de odio.

 

 

 

 

[120] Varios meses más tarde, los marineros del Virgen del Carmen apresaron a sus oficiales y se pusieron a disposición de las autoridades republicanas de Bilbao. El capitán Quiroga y el primer oficial fueron juzgados y fusilados por piratería (Iñurrategui, 2006, 104-106).

[121] Archivo del Nacionalismo de Arrea, Fundación Sabino Arana, GE-KOO382-C.1 (anexo). El cónsul de Bayona era Pedro Lecuona y fue él quien firmó el informe.

[122] Entre la tripulación se encontraba el delegado del Gobierno Salvador Echenique, como 3er oficial.

[123] Entrevista a María Asunción Elizalde y Conchita Elizalde, hijas de José Maria Elizalde (año 2005).

[124] El documento puede leerse en su totalidad: Juan de Iturralde, La guerra de Franco. Los Vascos y la Iglesia. San Sebastián, 1978, 354.
      [Juan José Usabiaga era el verdadero nombre de Juan de Iturralde. Beasaindarra de nacimiento, era escolapio y fue detenido en el convento de Tolosa en mayo de 1937. Permaneció en la cárcel de Ondarreta durante dos semanas, hasta que lo liberaron y lo llevaron a Hendaya. Estuvo en Francia durante todo el franquismo y publicó varios libros sobre la guerra de 1936 y la Iglesia. En 1979 se le hizo un homenaje en Beasain y murió dos años después en Sara, Lapurdi.

[125] Ver el artículo de Elixabete Garmendia en el semanario Argia: «Aitzol se ha convertido estos últimos años en un nombre propio de éxito. El sacerdote Ariztimuño creó un nombre eufónico y de ahí le viene su aprobación, seguro, y no tanto de ser protagonista del Renacimiento Vasco y mártir de la guerra» (28 de abril de 2002).

[126] Sus obras escritas están reunidas en J. Ariztimuño, Obras completas, San Sebastián, Erein, 1986.

[127] En la revista de Buenos Aires Nación Vasca, publicaron un artículo sobre Sabino Arana firmado en su nombre, cuando ya había sido fusilado (25 de noviembre de 1936).

[128] Azurmendi, Javier: “Aitzol, ilustre héroe de Euzkadi”, in Insausti, 1990, 25.

[129] Landin, Maite: “Gakoa”, en Torres, 2003, 79-102.

[130] Entrevista a Manuel Guruceaga Arruabarrena, sobrino del fusilado (noviembre del 2005).

[131] Archivo del Nacionalismo, Artea, Fundación Sabino Arana, Irujo, K.00075, C.2.

[132] Ibid., GE, K.000 13 c.l. En el documento se puede leer: «Navarra San Cristóbal, 1.300 presos. Están en esta cárcel los supervivientes del Bou Navarra, con los tripulantes de los V/ Galerna y Galdames, trasladados todos ellos de la cárcel de Ondarreta».

[133] Un hermano de Alberto Lores, Claudio, fue fusilado. AHN, Fondos Contemporáneos. B-7. Expedientes policiales.

[134] Los militares sublevados no mantuvieron el mismo criterio con las tripulaciones de los barcos capturados. Los 40 marineros del vapor Udondo, capturado por las mismas fechas, fueron ejecutados. 25 tripulantes del Mar Cantábrico, capturado el 8 de marzo de 1937, también recibieron la pena de muerte, mientras otros 20 fueron condenados a la cárcel (Suárez, 2004).

[135] Archivo del Nacionalismo, Arrea, Fundación Sabino Arana, GE-K00382-C. 1.

[136] Archivo General Militar de Ávila (Zona Nacional, Ejército del Norte, sección 2ª 15/45/9). El capitán Gómez notifica sobre el recorrido realizado con el Galerna, desde que comienza la guerra hasta que lo capturan, y denuncia que los anarquistas registraron su vivienda durante aquel período. Además, Gómez explica en esta declaración la situación en la que se encuentran en Bilbao, aportando valiosa información militar.

[137] AGA-Asuntos Exteriores, C.258. Declaración dejóse Seoane Cortés, marinero del barco Virgen del Carmen. Más tarde se pasó al bando republicano.

[138] Gamboa, 2004, 38. Ver también, Romana, 1984, 516-521.

[139] Landín, Maite: “Gakoa”, en Torres, 2003, 86.

[140] El historiador Pedro Barruso expone varios datos para explicar que se pactó la entrega del barco: Barruso, 2001, 100-101.

[141] La Voz de España, 16 de octubre de 1936.

[142] Entrevista a Josebe Goya. Asociación Dobera Euskara (200X-JGZ-01).

[143] Entrevista a Josebe Goya. Asociación Dobera Euskara (200X-JGZ-01).

[144] Archivo Municipal de Hernani, í-6 i-n/it

[145] Odriozola, Jon: Hernaniko Aiene eta ajeak Gerra Zibilaren altzoan, trabajo no publicado, Archivo Municipal de Hernani, 2° anexo. Se trata de una carta dirigida al alcalde de Hernani, redactada el 13 de diciembre de 1936 y firmada por Joaquín Arrue.

[146] Euzkadi (Santiago de Chile), octubre de 1943.

[147] Pelletier, 1937, 56-59.
      En el tomo IV de 1936. Gerra Tibila Euskal Hernán dirigido por Iñaki Egaña, aparece el nombre de Francisco Saizar entre los fusilados guipuzcoanos. Está escrito que este médico donostiarra murió el 5 de octubre de 1936, aunque podría tratarse de un error cometido por la persona que escribió su acta de defunción. Además, aparece también el día de la defunción de Tomás Larrínaga, el 20 de octubre de 1936, es decir, que este pasajero del Galerna fue fusilado dos días más tarde que Aitzol y los demás.

[148] Nación Vasca (Argentina), febrero de 1937.

[149] Euzkadi (Bilbao).

[150] Ver: Batasuna (diciembre de 1941), Euzkadi (octubre de 1943 y 1946).

[151] (Rodríguez Aisa, 1981, 100). Informe de Gomá del 1 de enero de 1937.
      Precisamente durante aquellos días el gobierno de Burgos y el PNV se encontraban manteniendo conversaciones oficiosas. El Vaticano contestó con una negativa, pero veía posible realizar labores de intermediario, siempre y cuando Franco se mostrara a favor de aceptar algunas de las peticiones de los nacionalistas. Sobre la conversaciones véase Marquina (2006).

[152] Los trabajos más importantes son: Iturralde, 1978 y Euzko Apaiz Taldea, 1980

[153] Archivo del Nacionalismo. Fondo Irujo, K.00010, C.2.

[154] Gomá describe así aquella reunión: «A mediados de septiembre se celebró una junta de algunos arciprestes, en la que llevaron la voz cantante los arciprestes de Mondragón, José Joaquín Arín, y de Eibar, Eugenio Urroz. El primero afirmó que la pastoral era de dudosa autenticidad y que la guerra era justa, porque era contra un injusto invasor. El de Eibar dijo que la guerra contra los españoles era obligatoria para los vascos» (Andrés Gallego, 2002, 101-102).
      José Andrés Gallego y Antón M. Pazos están publicando, desde el año 2001, las cartas y los documentos del cardenal Gomá de este periodo.

[155] El obispo de Vitoria redactó mensajes a favor de los sublevados por lo menos hasta enero de 1937, pero en el famoso documento redactado en 1945 (“Por imperativos de mi conciencia”) aclaró lo siguiente, que él había dado su consentimiento a la pastoral pero no había querido publicarlo hasta haber comprobado varias cosas. Gomá, sin embargo, lo publicó enseguida, antes de que finalizaran las verificaciones.

[156] En la reunión celebrada el 29 de diciembre de 1936, Franco pidió lo siguiente al Vaticano, «porque el poder civil (sic) no podría hoy garantizar la seguridad personal de dicho Sr. Obispo, ruega a la Santa Sede que se difiera sine die el regreso a España de dicho prelado y la consiguiente ausencia de su diócesis» (Rodríguez Aisa, 1981,96).
      Múgica regresó a España en 1947, a San Sebastián. Murió en 1968 en Zarauz.

[157] La Voz de España, 14-10-1936.

[158] Archivo de Manuel Fal Conde. Carta del 2 de septiembre de 1936. Martínez, 2004, 377-397- Las siguientes alusiones han sido extraídas de ahí.
      No hemos podido utilizar el archivo de Fal Conde (hoy día se encuentra en la Universidad de Navarra), ya que lo están reorganizando.

[160] Informe enviado por el cardenal Gomá al Vaticano el 19 de septiembre de 1936 (Rodríguez Aisa, 1981, 49).

[161] La información más detallada sobre cada uno de los religiosos en Euzko Apaiz Taldea. 1981.

[161b] El 12 de septiembre murió en Peralta el párroco de Caseda, Eladio Celaya, de 72 años de edad. En opinión de algunos, asesinado (Altafaylla, 2003, 508).

[162] Archivo Instituto Labayru. Fondo Onaindia.

[163] Fundación Francisco Franco, 4128.

[164] Existen varias versiones distintas sobre este suceso, pero coinciden en la base. Ver, por ejemplo, los testimonios de Luis Arrizabalaga y Juliana Guridi (Gamboa-Larronde, 2006).

[165] El hermano de Marquiegui, Florencio, alcalde nacionalista de Deva, fue asesinado un año después por los franquistas en Santoña.

[166] Unos años después, debió de confesar que no fue su intención que fusilaran al sacerdote (Domingo, 2004, 321).

[167] Según Arteche se trataba de falangistas (1970, 51). Pelletier primero dijo que eran falangistas, pero más tarde asegura que fue un carlista (1937, 66).

[168] Fundación Francisco Franco, 4128.

[169] “A la memoria imperecedera de Aitzol”, Euzko Deya 5, 13-11-1936.

[170] Archivo del Nacionalismo. Fondo Irujo, 76.

[171] Informe enviado por Múgica al Vaticano en enero de 1937 (Esnaola & Iturraran, 1994, 805).

[172] Según el testimonio de Pelletier, Juan José Pradera fue el responsable directo de la detención, «recuerdo deliberadamente su nombre» (1937, 67), pero unos años después negó que tuviera vinculación alguna con aquella muerte (EAT, 1981, 305).

[173] La Voz de España, 1-12-1936.

[174] Archivo del Nacionalismo. Fondo Irujo, 76.

[175] Andrés-Gallego, 2002, 39-

[176] Hemos recogido estos datos de la carta que Jerónimo Maguregui envió a Goma el 7 de noviembre de 1936 (Andrés-Gallego, 2001, 275-277).

[177] «De ideas nacionalistas», Fundación Francisco Franco, 4128. Sobre el hermano de Peñagarikano, Archivo del Nacionalismo, Fondo Irujo, 76-3.

[178] Fundación Francisco Franco, 4128.

[179] Su testimonio, Arteche, 1970, 111.

[180] En los días sucesivos recibió por lo menos otra carta notificándole sobre los fusilamientos, enviada por el eibartarra Jerónimo Maguregui, precisamente el 7 de noviembre. Un día, en una fecha que no podemos concretar, el jesuita Urriza se entrevistó con Gomá, enviado por Lacoume, «para resolver aquel conflicto de poderes».

[181] El último sacerdote asesinado, el padre carmelita Román Urtiaga, fue ejecutado en Amorebieta-Echano el 19 de mayo de 1937 por un grupo de requetés del Tercio Oriamendi de San Sebastián, después de que alguien ordenara que lo mataran.
Tras la caída de Bilbao, se impusieron dos penas de muerte: al carmelita Fracisco Errazti y al sacerdote León Aranguren, el 30 de julio de 1937, pero como Errazti era amigo del obispo Olaechea, logró que éste hablara con Gomá y que éste intercediera ante Franco. El jefe de los sublevados, a pesar de que ya había firmado la confirmación de la pena, la anuló finalmente. Archivo del Instituto Labayru. Fondo Onaindia, caja 16, 2ª carpeta.

[182] AAVV, La Guerra de Liberación Nacional, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1961. Mención de Julián Casanova (2001, 141-142).

[183] Múgica no perdió aquella ocasión, para criticar la postura del PNV: «entendiéndose con los rusos que quieren borrar la idea de Dios en el mundo; matar, desde el Papa hasta el último católico; destruir desde el Vaticano y S. Pedro hasta la última ermita: todos están faltando mucho y la ruina absoluta de todo alcanzará a todos». Archivo del Instituto Labayru. Fondo Onaindia. Caja 11, 1ª carpeta.

[184] Andrés-Gallego, 2001, 378-379.

[185] Carta de José María Lacoume, 30-1-1937 (Andrés-Gallego, 2002, 481). Documento 2-351.

[186] Andrés-Gallego, 2003, 215, Anexo a documento 5-147.
      Valverde no fue al parecer el único que lanzó amenazas. En marzo de 1937, el obispo de Burgos, Manuel Castro, intentó, a través de una carta enviada al cardenal Pacelli, excomulgar a los sacerdotes vascos (Aberásturi, 2003, 126).

[187] El escrito de Múgica, Exposición que el Obispo de Vitoria presenta a la Santa Sede en orden a los sacerdotes fusilados por los franquistas, está recogido en el libro de Esnaola & Iturraran, (1994, 803-816).

[188] Múgica, según iba recibiendo nuevas informaciones, fue cambiando de opinión y fue alejándose de los franquistas. Así, en 1939, envió una nueva carta al Santo Padre, corrigiendo lo afirmado años atrás. El obispo informó sobre aquello al Lehendakari Aguirre en 1946. Un año antes, mediante el padre Barandiaran dio a conocer públicamente su postura (Múgica, 1945).

[189] Andrés-Gallego, 2002, 155, 20-2-1937, documento anexo 4-20.

[190] Mágica, 1945, 11.
      El Partido Comunista de Euskadi criticó duramente aquel silencio. “¿Qué hace el obispo de Vitoria?”, Erri 19, 22-5-1937.

[191] Andrés-Gallego, 2002, 262, documento 4-184.
      Aunque no hayamos tenido ocasión de ver los documentos del Vaticano, parece ser que la imagen que da Gomá, es decir, que Pío XI era partidario de Franco, no es correcta. Según el historiador benedictino Hilari Raguer, el Santo Padre tenía simpatía por los sacerdotes vascos. Otra cosa fue la postura de Pacelli, el que sería el siguiente Papa. El País, 30-9-2006, “En busca de los secretos vaticanos”.

[192] También el historiador Fernando De Meer intentó ya hace quince años encontrar esos expedientes en diversos archivos militares, sin éxito (Meer, 1992, 199).