Violencia de motivación política y graves violaciones de derechos humanos
1976-1982
Tras la muerte del dictador Francisco Franco y el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como rey de España, se da inicio al período conocido como la transición española. En este período se produjo un aumento significativo de la movilización social, una agitación mayor en Hego Euskal Herria que en el resto del Estado español, ya que además del cuestionamiento general sobre el proceso transicional se unía la reivindicación de la soberanía nacional.
Por tanto, al igual que durante los últimos años de la dictadura, el territorio vasco continuó siendo uno de los focos más activos desde el punto de vista de la conflictividad política y la movilización social, debido en gran medida a dos factores principales que se interrelacionarán a partir de la década de 1960[123]. El primero de ellos, su condición de territorio fuertemente industrializado propició la movilización de la clase obrera en demanda de una mejora en las condiciones de vida y laborales, en definitiva, de la justicia o “liberación social”[124]. En segundo lugar, el nacionalismo vasco se reactivó cultural e ideológicamente en un intento de preservar su identidad y en último término su “liberación nacional”[125]. La conjunción de estos dos factores (la cuestión social y la cuestión nacional), reflejada en gran medida en ETA a través de acciones de carácter violento, aumentó la movilización, y con ello la respuesta represora tanto de los cuerpos policiales como por grupos parapoliciales[126].
Tan solo en 1976, ETAm y ETApm causaron 17 víctimas mortales[127], a los que los que las fuerzas policiales respondieron con al menos 290 detenidos y 121 personas torturadas únicamente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa[128]. Además, dos militantes de ETA (uno de ETAm y otro de ETApm) y uno del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) resultaron muertos en actuaciones policiales, mientras que Moreno Bergaretxe (Pertur) fue hecho desaparecer. En las calles (aún vigente la Ley de Orden Público de 1959) la respuesta del “Franquismo sin Franco”[129] a la movilización social fue la muerte de cinco obreros en Vitoria el 3 de marzo, un joven cinco días más tarde en Basauri que se manifestaba en protesta por lo sucedido en la capital alavesa, y otros seis ciudadanos vascos fallecidos en el conjunto de Hego Euskal Herria por disparos de agentes policiales. Además, tres personas más fallecieron (dos en Montejurra y otro en Santurtzi) por actuación de grupos parapoliciales.
En Hernani, 1976 se saldó con al menos ocho casos de torturas, dos personas heridas de bala en manifestaciones en favor de la amnistía, y dos casos de amenazas graves. Asimismo, la brutalidad policial fue denunciada no solo por la ciudadanía, sino también, a través del conocido como Grupo de Alcaldes de Bergara, por las corporaciones municipales, entre ellas la hernaniarra. Así, el 10 de septiembre el pleno municipal presidido por Ignacio Iruin aprobó denunciar “la escalada de la violencia oficial”, y en concreto “la disolución de pacíficas reuniones y manifestaciones con el empleo de la máxima violencia, sin excluir el recurso a las armas de fuego”[130]. Un mes antes, concretamente en 3 de agosto, la corporación local había exigido la “amnistía general”[131], y ya en noviembre varias asociaciones de Hernani denunciaban decenas de detenciones, casos de torturas, atentados de extrema derecha y continuos controles de cuerpos policiales[132].
1977 fue el año de las primeras elecciones generales, como consecuencia de la aprobación de la Ley para la Reforma Política el 15 de diciembre de 1976, y a través del decreto ley aprobado en abril por Adolfo Suarez[133]. A pesar de la legalización de los principales sindicatos y partidos opositores al régimen franquista, continuaban ilegalizadas organizaciones consideradas rupturistas o revolucionarias, por lo que éstas tuvieron que recurrir a otras siglas para presentarse a los comicios del 15 de junio.
En el mes de octubre de aquel año de 1977 fue aprobada la Ley de amnistía[134], posteriormente denunciada por organismos internacionales ante el obstáculo que supone a la hora de poder juzgar o perseguir delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra del 36 y la posterior dictadura[135]. Pocos días antes de la aprobación de esta Ley, concretamente el 7 de octubre, se produjo el primer atentado mortal perpetrado por un grupo parapolicial (la Triple A) en el conocido como “triángulo de la muerte”, formado por las localidades de Andoain, Astigarraga y Hernani, acabando con la vida del taxista vecino de Hernani David Salvador Bernardo-Jonio.
A raíz de este suceso se celebró el 13 de octubre un pleno municipal en el Ayuntamiento de Hernani en el que se dio lectura a un escrito presentado por el “gremio de taxista”, y al que se adhirieron una decena de sociedades y entidades hernaniarras, solicitando el fin de los atentados “contra la libertad de poder trabajar seguros”. En respuesta, el Ayuntamiento aprobó una moción por unanimidad en la que, además de apoyar el escrito de los taxistas, se posicionaba en favor de condenar “todo atentado perpetrado contra la integridad física de las personas”, y además, añadía:
“es imposible convivir en una sociedad bajo el clima de Terror que padecemos, y debemos unirnos, como hoy estamos ante el dolor por nuestro amigo David, para intentar lograr esa Patria Vasca que llamamos Euskadi, que sea respetada, admirada y donde sus gentes tengan trabajo y sobre todo, paz”[136].
Además de la reivindicación de la amnistía y la legalización de los partidos políticos, en 1977 se intensificaron las demandas en favor de la cooficialidad del euskera y la legalización de la ikurriña. En Hernani, tras el manifiesto firmado por 29 alcaldes el 14 de enero en Arrasate (entre los que se encontraba Iruin), en el pleno extraordinario del día 19 se acordó por unanimidad hacer ondear la ikurriña en el balcón principal de la casa consistorial al ser considerada esta bandera “símbolo representativo del País Vasco, plana y entusiásticamente acogido por la amplísima mayoría de Nuestro Pueblo”[137].
Concentración en Hernani con motivo de la izada de la ikurriña
en la balconada del ayuntamiento. Enero de 1977 (AMH).
El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la Constitución española, aunque en Gipuzkoa un 56,56% se abstuvo de participar, y entre los que se acercaron a las urnas un 27,75% votó a favor y un 12,96% en contra[138]. Durante aquel año continuó en aumento el número de personas fallecidas a consecuencia de la violencia de motivación política, si bien en Hernani no se registra ningún atentado o acción policial con resultado de muerte. No obstante, se sucedieron las retenciones con violencia para el robo de vehículos o dinero, principalmente por parte de las diferentes facciones de ETA. Aumentaron también las amenazas graves, la huida de personas a Ipar Euskal Herria, y se documenta el primer caso de extorsión económica en la localidad por parte de ETAm contra un empresario.
Este acto de extorsión fue además acompañado con la retención del hijo de la víctima. Según recoge el informe de la Guardia Civil, “los secuestradores pidieron al señor M. la cantidad de diez millones de pesetas; ante la imposibilidad de disponer de tal cantidad les fueron entregadas 4.300.000 pesetas”[139].
Tras la aprobación de la Constitución, quedaba la renovación de las Cortes y los Ayuntamientos a través de las elecciones legislativas y municipales celebradas en la primavera de 1979. Para entonces, José Fernando Artola Goikoetxea se había convertido en la segunda víctima mortal hernaniarra de ETAm. Miembro de UCD, el 30 de enero fue disparado por varias personas sobre las 22:00h. ETAm justificó el atentado acusando a la víctima de ser confidente de los cuerpos policiales[140].
Asamblea a las puertas del ayuntamiento
de Hernani. 1979 (AMH).
Asimismo, el 18 de diciembre de 1979 fue avalado el Estatuto de Autonomía del País Vasco, refrendado por la sociedad vasca (con una participación del 58,85%, el 90,27% votó a favor), si bien generó una división política en la sociedad entre aquellos que aceptaron el nuevo marco legal y los que seguían reclamando la ruptura con el régimen establecido a partir de la Constitución de 1978, rechazando la separación de las provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de Navarra, y reclamando el derecho de autodeterminación. Por otra parte, en 1979 el Estado francés eliminó el estatuto de refugiado político para los huidos a Ipar Euskal Herria[141].
1980 fue el año de este período de transición en el que se dieron más víctimas mortales asociadas a la violencia política en el conjunto del Estado español. ETAm fue la responsable de 81 fallecimientos, CAA de nueve, ETApm y GRAPO de cinco cada una, y el FRAVA de una. Además se contabilizan una veintena de secuestros[142]. Por su parte, la represión estatal y de grupos de ultraderecha próximos al Estado causó un mínimo de 42 muertes[143], 28 de estas el BVE. Con respecto a la tortura ejercida por los cuerpos policiales, con 194 denuncias, 1980 es el año en el que más casos se documentan en la CAV entre 1960 y 2014[144].
Funeral de Joaquín Antimasbere (Punto y Hora, n° 202).
Este punto álgido de la violencia política tuvo su reflejo también en Hernani. 1980 fue el año con más fallecidos en esta localidad en cinco décadas. El BVE acabó con la vida de cuatro hernaniarras (Felipe Sagarna, Miguel Arbelaitz, Luis Elizondo y Joaquín Antimasbere), mientras que ETAm fue la responsable de la muerte del abogado bilbaíno asentado en Donostia José María Pérez López de Orueta, cuyo cuerpo fue hallado en Ereñozu. Además, un caso menos conocido, pero que tiene relación con la aparente impunidad y el uso extralimitado de la violencia con la que aún operaban en este período de transición las fuerzas policiales, fue la muerte de Aurelia Jiménez García por disparos de la Guardia Civil en la madrugada del 24 de agosto de 1980 en Cortes (Navarra), cuando supuestamente huía tras ser sorprendida junto a otras personas del colectivo gitano robando en una fábrica de la localidad citada[145].
Además, ese mismo año seis personas resultaron heridas en Hernani en atentados o agresiones físicas que supusieron una vulneración a la integridad física, psíquica y moral de los afectados. Dos de estas víctimas lo fueron del BVE, una de la Guardia Civil, una de CAA, otra de ETApm y de una sexta se desconoce la autoría.
Este clima de violencia se trasladó a los plenos municipales, especialmente tras las muertes causadas por el BVE y las mociones presentadas por HB, en las que se acusaba a los cuerpos policiales de ser integrantes o colaboradores necesarios de los atentados perpetrados por supuestos incontrolados de extrema derecha.
El 21 de abril de 1980, tres días después de la muerte de Sagarna, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad (teniendo representación HB, PSE-PSOE, PNV y EE) exigir la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado del municipio de Hernani[146]. Sin un consenso tan amplio, esta exigencia fue reiterada en varios plenos posteriores, principalmente tras el fallecimiento de algún militante de ETA en enfrentamiento con cuerpos policiales o por los GAL, o tras graves disturbios ocurridos al día siguiente de producirse estas muertes, como por ejemplo en el caso de Rafael Goikoetxea[147].
RECUENTO DE VÍCTIMAS MORTALES (1976-1982) {17}
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ETA |
CAA |
FSE |
GRUPOS PARAPOLICIALES |
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Gobierno Vasco (Secretaria de Paz y Convivencia){18} |
343{19} |
|
54 |
40{20} |
|
Instituto Valentin Foronda{21} |
340{22} |
|
|
32 |
|
Covite |
334{23} |
15 |
|
30{24} |
|
Euskal Memoria |
|
|
166{25} |
|
|
Sophie{26} |
376{27} |
|
178{28} |
|
|
Gonzalo{29} |
|
|
171{30} |
82{31} |
|
HERNANI{32} |
2 |
|
2 |
6 |
El 23 de febrero de 1981 se produjo un frustrado golpe de Estado, en lo que puede considerarse un acto más de la cúpula militar en su intento de condicionar o limitar el cambio político. Entre las consecuencias directas de aquella intentona golpista (de la que aún quedan muchos interrogantes por esclarecer, debido fundamentalmente a la Ley sobre Secretos Oficiales de 1968) destacan el fortalecimiento de la monarquía y el recorte del autogobierno de las Comunidades Autónomas a través de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).
En este contexto, el 28 de febrero de 1981 el vecino de Hernani Bittor Fernández Otxoa fue disparado por la espalda cuando se encontraba en el bar Bentaberri, en un atentado que posteriormente reivindicó el BVE. El disparo le dejó tetrapléjico. A pesar de ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas, falleció 13 años después en Lezo[148]. Con anterioridad a este atentado, durante los últimos años de la década de los 70, había sido amenazado de manera continuada por grupos parapoliciales.
Un mes más tarde, concretamente el 29 de marzo, falleció en Vitoria en supuesto enfrentamiento con agentes del Cuerpo General de Policía el militante de ETAm José Manuel Ariztimuño. Dos días después, se produjeron graves enfrentamientos entre agentes policiales y vecinos de Hernani en el funeral de Ariztimuño, resultando al menos una persona herida con fractura de costillas. Ya en el mes de mayo, el policía Ángel Naranjo fue herido de gravedad en un tiroteo con miembros de ETAm en Hernani. Trasladado al Hospital Donostia, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente[149].
No fue Ariztimuño el único hernaniarra fallecido aquel año de 1981 a consecuencia de la violencia de motivación política. En la madrugada del 26 de junio de 1981 Antonio Murillo recibió un tiro en la cabeza a la entrada de su domicilio, falleciendo poco después en el Hospital Donostia. Alrededor de su muerte existen varias versiones, siendo un caso sin aclarar y que judicialmente quedó archivado. No obstante, el atentado fue reivindicado por un desconocido grupo llamado Grupo Autónomo de Autodefensa de Euskadi (GAAE).
Egin, 29 de septiembre de 1979.
La transición se cerró con las segundas elecciones generales tras la aprobación de la Constitución, en octubre de 1982. Aquel año es en el que más denuncias de tortura se registran en Hernani para este período, con 14 casos. El primer alcalde de esta localidad elegido por sufragio universal en cuatro décadas, Juan José Uria (quien en septiembre de 1979 habia sufrido un atentado con coche bomba por parte del BVE y del que salio ileso) fue detenido y trasladado a Madrid en el mes de junio, acusado de colaborar con ETA. Permaneció incomunicado diez días y no ingirió comida durante tres o cuatro jornadas, por lo que adelgazó seis kilos durante la incomunicación. Posteriormente quedó en libertad sin cargos. Pero para Uria lo más duro fue sin duda el atentado del que fue objeto en 1979:
“Hasta entonces recibí amenazas. Entré al Ayuntamiento y en seguida comenzaron las amenazas. Me llegaron varias cartas amenazadoras (una con una bala), pero las amenazas sobre todo eran por teléfono. Tuve que cambiar el número de teléfono para poder evitar las llamadas amenazadoras. Gracias a un fallo técnico la bomba no explotó, pero las amenazas prosiguieron y me sentía totalmente indefensa, sin la protección de un guardaespaldas ni de nadie. A las mañanas salía a trabajar a las 07:00y llegaba a las 22:30 de la noche, a oscuras. Tras el atentado, decidí dejar el coche (a las noches) en casa de los padres, pensando que estaría algo más seguro, pero de allí a mi casa hay 200 metros y tenía que hacer ese camino totalmente solo todas las noches, y me sentía totalmente dominada por los agresores. Hubo épocas en las que pensaba que algún día me meterían dos tiros y que aquel sería mi fin. Así estuve hasta que terminó la época del Ayuntamiento, y todavía faltaban tres años y medio"[150].
Durante estos años la conflictividad social y política demuestra que lejos de una transición pacífica, la violencia tanto estatal y de grupos parapoliciales y de extrema derecha, así como de organizaciones consideradas de izquierda radical o contestarias[151], tuvo una enorme repercusión; no solo en Hego Euskal Herria sino también en el resto del Estado español. Según los datos que aporta Sophie Baby, entre 1979 y 1982 se documentan 714 víctimas mortales de motivación política a nivel estatal, 300 de las cuales no estarían relacionadas con el conflicto vasco. En cualquier caso, cabe precisar que estos fueron los años (principalmente a partir de 1978) en los que ETAm y ETApm causaron un mayor número de víctimas mortales. Asimismo, en 1976 surgió la organización armada de corte libertario Comandos Autónomos Anticapitalistas, formado en origen por militantes de ETA-VI, Laia-Ez y Berezis procedentes de ETApm, los cuales causaron un mínimo de 29 víctimas mortales hasta su desaparición en 1985[152]. Por otra parte, entre 1980 y 1982 fueron desapareciendo las principales organizaciones parapoliciales que operaban en Hego Euskal Herria (GAE, BVE y Triple A), las cuales fueron responsables de entre 30 y 40 muertes (dependiendo de la institución o asociación que realice el recuento), y un número indeterminado de heridos.
RECUENTO DE CASOS DE TORTURA (1976-1982) {33}
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|
GUARDIA CIVIL |
POLICÍA NACIONAL |
OTROS |
TOTAL |
|
IVAC{34} |
318 |
534 |
1 |
853 |
|
Euskal Memoria{35} |
573 |
925 |
10 |
1.508 |
|
HERNANI |
19 |
21 |
0 |
40 |
El balance de todo ello en Hernani fue de ocho personas fallecidas, la mayor parte de ellas a manos de miembros de grupos de ultraderecha y parapoliciales. 40 hernaniarras han denunciado haber sido torturados durante esos años por agentes policiales, 22 resultaron heridas en atentados y agresiones físicas, 13 fueron amenazadas, y se documenta el primer caso de extorsión económica practicado por ETA.
[123] Molinero y Ysas, 1998, p. 110.
[124] Garmendia., 1983, vol. 2, pp. 116 y 303.
[125] Montero, 2020, pp. 134-135.
[126] Para Gonzalo Wihelmi la repuesta represora se dio fundamentalmente a través de tres manifestaciones: la represión policial, el terrorismo de Estado y el terrorismo incontrolado o de grupos de extrema derecha (Wihelmi, 2016, p. 377).
[127] López, 2014, p. 40.
[128] Portell, 1077, p. 54. Etxeberria et al., 2017, p. 143
[129] Casanellas, 2014, p. 225.
[130] AMH, 1976-1977, Sig. 2072/19. Sección 1, negociado 2 Alcaldía, unidad 3 prensa y protocolo. Pleno municipal n° 12/76. “Sucesos políticos ocurridos en la villa, y otras localidades dEl País Vasco”. Punto y Hora, n° 14, p. 11.
[131] Punto y Hora, n° 10, p. 4.
[132] Punto y Hora, n° 17, p. 5.
[133] Decreto-Ley 679/77.
[134] Ley 46/1977.
[135] Público, 19 de abril de 2010. Sobre en encaje de la llamada Justicia Transicional y el derecho internacional de las violaciones de los derechos humanos en el Estado español ver: Chichón, 2012.
[136] AMH, 1977, Libro de actas. Pleno municipal extraordinario n° 14/77.
[137] AMH, 1977, Acuerdo del Ayuntamiento e izado de la ikurriña en el balcón de la Casa Consistorial de la villa de Hernani. Pleno municipal extraordinario n° 2/77.
[138] Si tenemos en cuenta las tres provincias que forman la CAV, el promedio de la abstención fue del 51,11%, mientras que el sí a la Constitución se situó en el 33,74%. Para el conjunto de Hego Euskal Herria, la abstención fue del 46,68% y el apoyo del 37,90%. En cuanto al no, en ambos casos el promedio de voto en contra de la Constitución se sitúa en el 11,28%. Estos promedios muestras unas cifras significativamente diferenciadas con los resultados en el conjunto del Estado, donde la abstención fue del 32,33%, el sí del 59,03% y el no del 5,36%. (Fernández y Ruíz, 2003, p. 171).
[139] AHPG, SIGC, 1978.
[140] Alonso, 2010, p. 189. / Por otra parte, es preciso señalar que durante el período de la transición, los integrantes de UCD fueron objetivo de ETApm. Tan sólo entre 1978 y 1980 fueron cinco las víctimas mortales, a los que hay que añadir dos secuestros y un intento de secuestro (ABC, 1 de noviembre de 1980).
[141] Parra, 2019, p. 197.
[142] Fernández, 2021, pp. 26-27..
[143] Wilhelmi, 2016, pp. 402-405.
[144] Etxeberria et a l., 2017, p. 143.
[145] Punto y Hora, n° 191, p. 64. Diario Vasco, 26 de agosto de 1980, El País, 26 de agosto de 1980.
[146] AMH, 1980-1981, Actas municipales.
[147] AMH, 1984, Actas municipales. Pleno municipal extraordinario 9/84.
[148] Egin, 28 de febrero de 1981. Fundación Euskal Memoria.
[149] El País, 14 de mayo de 1981.
[150] Testimonio recabado a Juanjo Uria.
[151] Baby, 2012, pp. 1-21.
[152] Carmena et al., 2012.
{17} Los datos que aporta el IVAC se refieren exclusivamente a la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que los de Euskal Memoria se refieren al conjunto de Euskal Herria.
{18} Datos presentados en el Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013). El conjunto de las víctimas causadas por ETA, ETApm, KAA y otros grupos armados de extrema izquierda se circunscriben al conjunto del Estado español, mientras que las relativas a las causadas por las fuerzas de seguridad del Estado, grupos parapoliciales y extrema derecha se refieren al ámbito exclusivo de la Comunidad Autónoma Vasca.
{19} Incluye a las víctimas de las diferentes escisiones de ETA. No incluye a la víctima mortal causada por la organización armada DRIL.
{20} Incluye: 19 víctimas de BVE, 7 de GAE, 5 Triple A.
{21} López Romo, R. Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas 1968-2010.
{22} Incluye a las víctimas de las diferentes escisiones de ETA y otras organizaciones armadas.
{23} Incluye a las víctimas mortales de las diferentes escisiones de ETA.
{24} Incluye: 11 víctimas de BVE, 5 de GAE, 7 de Triple A, y 7 de la extrema derecha.
{25} Según se recoge en la página web de Euskal Memoria esta cuantificación alude a “fallecidos en el contexto del conflicto y a causa de la represión” a partir de 1960.
{26} Baby, S. Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (19751982). Incluye datos relativos a partir del 1 de octubre de 1975.
{27} Incluye a las víctimas de las diferentes escisiones de ETA.
{28} Fallecidos manos de funcionarios públicos pertenecientes a los diferentes cuerpos policiales, 7 a consecuencia de las torturas recibidas, 32 en “actos de brutalidad policial” en manifestaciones, y 139 en “incidentes policiales” (controles de carreteras, persecuciones etc.).
{29} Wilhelmi, G. Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición española (19751982). Incluye datos relativos a partir del 20 de enero de 1975.
{30} Víctimas mortales de cuerpos policiales: 84 “gatillo fácil” (11 correspondientes al año 1975), 74 represión política (13 correspondientes al año 1975), 12 torturas (2 correspondientes al año 1975).
{31} Víctimas mortales de grupos de extrema derecha, terrorismo de Estado y ejecuciones (7 correspondientes al año 1975).
{32} Entre 1976 y 1982, 9 personas fueron víctimas de la vulneración del derecho a la vida y 1 por circunstancias con resultado de muerte.
{33} Los datos que aporta el IVAC se refieren exclusivamente a la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que los de Euskal Memoria se refieren al conjunto de Euskal Herria.
{34} Datos extraídos del Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2014). Informe final.
{35} Datos extraídos del Informe de investigación sobre la tortura en Euskal Herria.